Ahora, con una reelección inconstitucional inminente, sabemos que los tiempos oscuros se agravarán. Y por eso era y sigue siendo fundamental no quedarse en silencio. Ante la falta de instituciones de control, la sociedad civil debe ser el contrapeso.
El caso de la violación de una niña de 13 años ocurrido en Mizata, La Libertad, por el que han sido detenidos seis miembros de la Fuerza Armada debería tener más consecuencias. El Salvador sigue siendo un país inseguro para las niñas y mujeres.
Rosario padecía insuficiencia renal y murió esperando la liberación de quien habría sido su donante: su esposo, arrestado en el régimen de excepción.
Hablamos con Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, sobre las reformas judiciales aprobadas que permitirán los juicios colectivos en El Salvador y las escasas pruebas que ahora se necesitarán para meter a alguien a la cárcel.
Una veintena de personas con familiares arrestados durante el régimen de excepción se reunieron el domingo 11 de junio en el monumento Salvador del Mundo para exigir la liberación de sus parientes. Algunos no han visto a sus allegados desde hace unos 14 meses.
Rina Monti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, explica los hallazgos del informe “Un año bajo el régimen de excepción: Una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”.
¿El régimen de excepción supone un verdadero cambio en la realidad de las comunidades? Investigadores de seguridad y violencia explican en este podcast las consecuencias a futuro, de acuerdo a la incertidumbre reflejada en las comunidades.
Los parientes de detenidos en el régimen de excepción buscan que alguien escuche sus reclamos de inocencia y un derecho básico: el derecho a saber por qué sus familiares están detenidos y hasta cuándo lo estarán.
No todas las salvadoreñas tendrán un feliz Día de la Madre. Arely, una joven de 33 años que fue arrestada cuando tenía cinco meses de embarazo, perdió a su hija en agosto de 2022, estando en prisión, y cuando tenía ocho meses de gestación. La madre de Arely no sabe su condición de salud y tampoco recibió una explicación por la muerte de su nieta.
Considerables proporciones de ciudadanos salvadoreños conocen muy poco o nada sobre derechos y garantías, democracia, derechos humanos y justicia.
Para ella, el régimen de excepción ha significado el dolor de tocar puertas y no recibir información. Además, ha experimentado el silencio de las instituciones que no solo no dan respuestas, sino que ante la sociedad estigmatizan su sufrimiento.
Considera que el régimen de excepción es una pieza más en un proceso de desmontaje de ciertas garantías democráticas. Para ella, las políticas actuales solo son sostenibles si el objetivo es transitar hacia una Nicaragua donde el disenso se paga caro.
Para Vega, el deterioro de los cuerpos de seguridad, los abusos que estos cometen de forma sistemática y la impunidad en que se encuentran están conduciendo al país a una situación parecida a la de hace cinco décadas, en los albores de la guerra civil.
Desde su perspectiva, narra el principal impacto del régimen de excepción: que ha dejado de pagar extorsión. A su juicio, es justificable que haya abusos, como los detenidos arbitrariamente, si esto garantiza lo que ella llama paz.
El Salvador llega a un año con un régimen que dejó de ser una excepción y se convirtió en el “nuevo camino” para atacar la inseguridad: limitar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ordenar redadas y capturas masivas.
