La comparación del tratamiento informativo que el espectro de medios salvadoreños da al abordaje de su realidad muestra dos postales de un mismo país: la publicada por medios de investigación periodística y la propaganda desde Diario El Salvador.
Entre los máximos ganadores de fondos asignados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) están tres empresas cuestionadas: una compañía mexicana inhabilitada en su país, una empresa costarricense investigada por pagar sobornos y otra que la misma DOM inhabilitó.
El contrato para reconstruir el Mercado San Miguelito es el segundo más caro otorgado por la DOM, por $33.6 millones. Se lo dio a una empresa mexicana, que ya no ejecuta la obra, y que incumplía los requisitos para ser un proveedor.
La única empresa que la DOM ha sancionado públicamente había logrado adjudicaciones por más de $30 millones en apenas dos carteras de Estado. Uno de sus fundadores está actualmente procesado por corrupción y vínculos con pandillas.
La creación de la DOM y su ley ad hoc estuvo investida por discursos anticorrupción y promesas de transparencia de parte de la bancada cian. El otorgamiento opaco de contratos, la reiteración de los mismos nombres y el beneficio de empresas de pasado cuestionable ha sido la realidad.
La empresa costarricense es la que más fondos públicos ha recibido de parte de la DOM, más de $60 millones en menos de año y medio. Su nombre ha sido ligado al pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública en dos países de Centroamérica.
La Policía, según sus propios planes, había dispuesto de hasta 35 agentes para resguardar la entrada sur de Sol General en anteriores partidos entre Alianza y FAS. Pero el día de la tragedia, en ese mismo lugar del estadio, solo hubo cinco agentes.
Los parientes de detenidos en el régimen de excepción buscan que alguien escuche sus reclamos de inocencia y un derecho básico: el derecho a saber por qué sus familiares están detenidos y hasta cuándo lo estarán.
Contrario a lo que relata la canción, los sueños no se convierten en realidad detrás del arcoíris. Lejos de un país enchulado, sobrevive una verdad incómoda.
El consulado de El Salvador en Nueva York ignoró un instructivo interno para el manejo de fondos. La cónsul Rosa Arias fue despedida después de notificar cómo, según ella, fue coaccionada a firmar un recibo de compra por $32,500 para un evento de moda, para el cual se contrató a una empresa recién creada.
Cuatro personas fueron detenidas y acusadas de lavar $97 mil a través de la billetera gubernamental a finales del año pasado. Sedujeron a cientos de personas con una publicidad engañosa: invertir en bitcóin y duplicar su inversión, en un típico esquema de estafa Ponzi.
Romeo Mauricio Posada Urrutia falleció 41 días después de haber sido detenido bajo custodia del Estado. La Policía Nacional Civil tenía indicios de que fue asesinado, pero se lo calló.
El pago a Athena incluye costos por el software de Chivo Wallet, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 255 cajeros y puntos de venta para pago en bitcóin. El CEO de la empresa que desarrolló la billetera para el uso del bitcóin en El Salvador revela detalles nunca antes conocidos.
Un error en el sistema de Chivo Wallet facilitó que un grupo de personas movilizara decenas de miles de dólares desde la aplicación gubernamental para el uso de bitcóin, hacia sus cuentas bancarias personales sin tener la disponibilidad de fondos para ello. Al menos cinco fueron arrestadas bajo un fuerte hermetismo.
La residencial Altavista ha sido, en los últimos cinco años, el bloque habitacional más expulsor de personas por razones de violencia. Es la colonia que más desplazados forzados internos registra la PNC entre 2016 y julio de 2021.
