La familia Villeda tuvo que abandonar su casa después del segundo arresto de Wendy, una joven embarazada. La menor de la familia, una niña de siete años, tuvo que cambiarse de escuela. No son los únicos. El régimen de excepción ha desplazado a más de 2,000 personas por el acoso de policías y militares, según datos de organizaciones sociales.
Ilustración: Mariana Matal
A Luis Villeda se le ponen los ojos vidriosos cuando narra lo que ha pasado con su familia en los últimos dos meses. Su hija fue capturada dos veces en menos de dos años; y él, su esposa y su nieta tuvieron que abandonar su casa por miedo a capturas arbitrarias. “Ya no me sacan de mi casa las pandillas, sino las autoridades”, dice el hombre de 51 años.
La familia Villeda abandonó su casa en una populosa colonia de Cuscatancingo, en San Salvador. Les dio miedo estar allí después del nuevo arresto de Wendy Villeda, de 26 años, el pasado 15 de febrero de 2024. Sospechan que la joven, que ya había sido detenida en julio de 2022, fue recapturada por una denuncia anónima hecha por una vecina.
Los Villeda no son los únicos que han abandonado sus casas por temor a capturas arbitrarias. Entre enero y diciembre del año pasado, 2,099 personas dejaron sus casas porque se sintieron inseguras por el régimen de excepción instaurado por el Gobierno de Nayib Bukele, según el último informe del Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), publicado el 17 de abril de 2024.
Wendy tiene cuatro meses de embarazo y, según la poca información que tiene su padre tras insistir con defensores públicos, fiscales y policías, está en el penal de Izalco, en Sonsonate. Su hija de siete años, quien cursa primer grado, tuvo que cambiarse de escuela.
Los más afectados por este tipo de desplazamiento forzado son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Policías y soldados, según datos de Cristosal, Idhuca y del Servicio Social Pasionista, provocaron el 76.1 % de los desplazamientos forzados entre enero y junio de 2023.
“Hemos pasado de tener 80% de los desplazamientos forzados perpetrados por pandillas a tener ahora el 70% causado por la Policía. Hubo algunos años en que no tenían ni el 1% de desplazamientos causados por agentes del Estado”, explica la directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, Rina Monti.
Luis ha seguido el rastro de su hija desde el penal de Apanteos, en Santa Ana, donde ella permaneció tras la primera captura, hasta el penal de Izalco, donde cree que está en la actualidad.
“He tenido que gastar lo que no tengo, hasta prestar. Fueron $150 de alquiler y $150 de depósito para la nueva casa. Me tocó vender una caladora, una cepilladora de banda, dos taladros, y solamente me faltaba una sierra de mesa y una cepilladora de mesa para poner mi tallercito”, lamenta Luis.
Según su relato, faltaban pocos minutos para las ocho de la mañana del 15 de febrero de 2024 cuando tres policías llegaron a la casa de los Villeda para pedirles sus documentos de identidad. Wendy mostró su DUI, su constancia de antecedentes policiales y la carta de libertad que le dieron en diciembre de 2022. Los policías se fueron después de verificar las identidades, pero regresaron 45 minutos después para pedirle los documentos a Wendy por segunda vez. Fue detenida con engaños, según su padre.
— “Ella nos va a acompañar a la delegación”, le dijo un policía a Luis.
— “¿La lleva detenida?”, preguntó el padre.
— “No, está documentación la respalda”, respondió el policía, según el padre.
Wendy fue retenida toda la mañana en la delegación de Cuscatancingo, mientras su padre la esperaba afuera. Luego lo llamaron, le informaron de la detención y le entregaron sus pertenencias: documentos, un par de audífonos y $20. Ese mismo día la joven tuvo permiso de hacer una llamada y le contó a su madre, según narra Luis, que los policías la quisieron obligar a firmar un acta que decía que era colaboradora de pandillas, pero que no accedió.
Cristosal señala que los cuerpos de seguridad se han convertido en los nuevos victimarios. La organización ha recibido denuncias de extorsión cometida por policías en las comunidades: “Les cobran una extorsión para no detener a un hijo de la familia, por ejemplo, o se les intimida. Incluso hay algunos casos que hemos tenido de acoso sexual o abuso por parte de agentes de seguridad del Estado hacia mujeres de las familias; y lo que hacen las familias, en este caso, es irse”, afirma Monti.
El régimen de excepción, que inició en marzo de 2022, tiene una calificación de 8.13, según una encuesta reciente, pese a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos. La población le atribuye a esta medida la reducción histórica de homicidios en el país.
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Dos veces perseguida
En febrero de 2023, cuando Wendy le narró a esta revista su primera detención, dijo que añoraba tener un trabajo que la hiciera olvidar los seis meses que estuvo en el penal de Izalco. Durante ese arresto comenzó a olvidar el rostro de su hija. En ese reportaje sobre las madres afectadas por el régimen, Wendy pidió ser identificada como María para evitar que la estigmatizaran en su nuevo empleo en una taquería. Estaba entusiasmada con su nuevo trabajo y asistía a una iglesia evangélica. Para esta nota, su padre pidió que se pusiera la verdadera identidad de la joven “porque ella no es ninguna delincuente y somos una familia decente que no tienen nada que esconder”.
Después de perseguir a fiscales y defensores públicos, Luis supo que su hija está acusada de agrupaciones ilícitas; a pesar de que en diciembre de 2022 fue liberada por el mismo delito, según una carta emitida por un juzgado especializado de San Salvador a la que esta revista tuvo acceso. Ese proceso judicial sigue abierto y Wendy iba a firmar a un juzgado cada 15 días. Lo hizo, según su padre, cinco días antes de su segundo arresto.
Se buscó a la Fiscalía para conocer una actualización del proceso judicial en contra de Wendy, pero no se obtuvo respuesta. También se llamó a la delegación en la que Wendy fue arrestada. Un oficial tomó el recado sobre la solicitud de información y dijo que investigaría, que la periodista llamara después, pero no volvió a contestar la llamada.
Las dudas atormentan a Luis. Se pregunta: ¿Por qué su hija fue capturada por segunda vez por el mismo delito?, ¿Por qué una patrulla policial llegó a revisar su casa cuatro días antes del arresto?¿Quién hizo la denuncia anónima? Lo que más le preocupa es la condición de salud de su hija embarazada: “Con esfuerzo le llevamos poquitas cosas a Izalco, les pusimos unas vitaminas C y prenatales en el paquete. Ojalá que se las den…me duele bastante, pero primero Dios tengo que verla salir de nuevo más con tanto muerto de mujeres y de niños que está saliendo en la granja de Izalco, me preocupa bastante”, dice.
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico, sostiene que las únicas personas detenidas arbitrariamente que tienen esperanzas de salir son las que tienen abogados privados, pues el sistema de defensa pública está colapsado. “Los defensores públicos aunque quisieran y tuvieran voluntad no tienen capacidad para defender 300 casos cada uno”, dice la abogada.
Wendy no tiene un abogado privado. Luis dice que su salario de $450 como agente de seguridad municipal no le alcanza para pagar la nueva casa, la comida de su familia, y un defensor privado, que podría cobrar hasta $4,000. “Tengo que verla salir de nuevo”, se repite sin cesar para alimentar su esperanza.
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