Video y foto: Gerson Nájera
Las cifras pueden no impactar en El Salvador: 66 niñas y niños sufrieron violaciones a derechos humanos en las cárceles y 3,319 menores de edad fueron arrestados desde que inició el régimen de excepción. Los datos, que solo muestran una parte del problema, los recopiló la organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en un informe que presentó el pasado 16 de julio. Pero el telón de fondo es más demoledor: la organización habló con personal de salud que ha atendido a niñas encarceladas con signos de violencia sexual. Las niñas fueron agredidas ante la complicidad de los custodios de penales, según los testimonios recabados.
HRW también comprobó, a través de un estudio de casos, que adolescentes fueron condenados hasta a 15 años de prisión con solo el testimonio de un policía con identidad protegida.
Juanita Goebertus es directora de HRW para las Américas y en esta entrevista da detalles de los resultados del estudio. La abogada cree que la relación entre las organizaciones de la sociedad civil con el Gobierno de Nayib Bukele está rota, por los constantes ataques a las organizaciones, pero advierte un mínimo cambio en la retórica del Gobierno salvadoreño. El camino antiderechos que había tomado Bukele lo llevaba a una lista de parias, como Daniel Ortega o Nicolás Maduro, señala, pero cree que el Gobierno ha dado señales de querer iniciar una conversación sobre derechos humanos.
A diferencia de su primer estudio, presentado en 2022 con mucha animadversión institucional, esta vez dos entidades aceptaron recibir el informe: el Consejo Nacional para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y la oficina del comisionado presidencial de Derechos Humanos, el colombiano Andrés Guzmán.
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