No vemos recortes en la opulencia del poder, ni en el ejército de asesores y creadores de contenido que parasitan el Estado. El sacrificio lo ponen siempre los de abajo, los trabajadores del Rosales, los que sostienen el sistema con uñas.
Un año de pérdida grande. Sin embargo, al hacer el balance final, hay algo que no cuadra en los planes del autoritarismo. La gran lección de 2025 es que, aunque nos quiten la libertad física, no han logrado arrebatarnos lo más importante.
El Salvador, con su megacárcel, no ha exhibido justicia, sino una violación sistemática de los derechos humanos. Y los responsables, desde los guardias hasta los oficiales, como Osiris Luna, Villatoro y Bukele, deben rendir cuentas.
El caso de los supuestos terroristas demuestra hasta qué punto el régimen puede fabricar enemigos a pedido. Antes, los dictadores necesitaban ejércitos y guerras; ahora basta con un testigo anónimo y un comunicado en Twitter.
En octubre de 2025, diez de esas personas cumplieron 16 meses presas sin juicio porque sus nombres son parte de una historia oficial tejida con inconsistencias y mentiras, basada en lo que dijo un “informante” a quien la Policía ni siquiera exigió que se identificara.
El régimen tuvo la oportunidad histórica de romper el ciclo. De desmontar la estructura pandillera con la que antes había pactado y, al mismo tiempo, entrar a las comunidades con soluciones reales. Y eligió no hacerlo.
Políticos, activistas, abogadas, fiscales, académicos… cada vez más optan por el exilio como única forma de sobrevivir. Y ahora también el periodismo. Con uno de los últimos oficios comprometidos con fiscalizar el poder.
Lo terrible no son solo las arbitrariedades. O que muchos mueran por ellas. Lo terrible es que la consolidación del autoritarismo traerá más penurias y muerte a este sufrido pueblo. Detener a personas honradas pero liberar a asesinos. Esa es la justicia hoy.
En menos de una semana El Salvador vio los arrestos de empresarios del transporte después de una orden presidencial, y el fallecimiento de uno de ellos; la represión de una protesta pacífica y el uso de esta para tasar impositivamente a las oenegés.
Tres años han pasado desde la aprobación del régimen de excepción en El Salvador. Y si algo ha demostrado este régimen -con su medida de control- es que, mientras el miedo siga siendo más fuerte que la indignación, la brutalidad será la nueva normalidad.
El gobierno ha logrado lo que quería: sembrar miedo. Pero también ha dejado en evidencia su propia fragilidad. Un régimen que necesita silenciar, encarcelar y perseguir a quienes defienden los derechos humanos no es fuerte: es muy débil.
El Salvador es el tercer país a nivel mundial que más retrocesos ha tenido durante la última década en el índice de libertades, respecto a Nicaragua y Túnez.
Líderes comunitarios de Cabañas creen que la instauración del cerco militar en ese departamento busca debilitar su sistema de organización. También sospechan que el Gobierno quiere intimidarlos para que no se movilicen en resistencia a la minería.
La normalización del horror es un cáncer que corroe el alma de una nación. Es hora de despertar, de alzar la voz, de exigir justicia para Juan Castillo y para todas las víctimas del régimen de excepción. Es hora de recuperar la empatía, la solidaridad, la indignación.
Eso es lo que la CIDH aún no se atreve a nombrar con todas sus letras. Que derogar el régimen es derogar no solo la supuesta política de seguridad, sino la garantía de que Bukele y su círculo podrán reprimir y saquear cuanto quieran y por el tiempo que quieran.
