La institución encargada de proteger los derechos humanos en El Salvador ha recibido miles de denuncias que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones judiciales y capturas arbitrarias pero ha guardado silencio.
Cuatro bebés han muerto debido a la precariedad de salud que enfrentan las mujeres detenidas y sus hijos en la Granja Penitenciaria de Izalco, en El Salvador. Son otras víctimas inocentes del régimen de excepción, que ya cumple cuatro años.
El combate a los crímenes de las pandillas mediante crímenes de lesa humanidad no puede llamarse seguridad. Un crimen no saca a otro crimen; solo lo sustituye.
Lo que vimos el miércoles 11 de marzo en la audiencia de la CIDH es una muestra de cómo los argumentos se agotan ante lo denunciado: en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción.
Un informe elaborado por un grupo internacional de expertos, presentado ante la ONU, le mostró al mundo los hallazgos que detallan cómo, bajo el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.
No vemos recortes en la opulencia del poder, ni en el ejército de asesores y creadores de contenido que parasitan el Estado. El sacrificio lo ponen siempre los de abajo, los trabajadores del Rosales, los que sostienen el sistema con uñas.
Un año de pérdida grande. Sin embargo, al hacer el balance final, hay algo que no cuadra en los planes del autoritarismo. La gran lección de 2025 es que, aunque nos quiten la libertad física, no han logrado arrebatarnos lo más importante.
El Salvador, con su megacárcel, no ha exhibido justicia, sino una violación sistemática de los derechos humanos. Y los responsables, desde los guardias hasta los oficiales, como Osiris Luna, Villatoro y Bukele, deben rendir cuentas.
El caso de los supuestos terroristas demuestra hasta qué punto el régimen puede fabricar enemigos a pedido. Antes, los dictadores necesitaban ejércitos y guerras; ahora basta con un testigo anónimo y un comunicado en Twitter.
En octubre de 2025, diez de esas personas cumplieron 16 meses presas sin juicio porque sus nombres son parte de una historia oficial tejida con inconsistencias y mentiras, basada en lo que dijo un “informante” a quien la Policía ni siquiera exigió que se identificara.
El régimen tuvo la oportunidad histórica de romper el ciclo. De desmontar la estructura pandillera con la que antes había pactado y, al mismo tiempo, entrar a las comunidades con soluciones reales. Y eligió no hacerlo.
Políticos, activistas, abogadas, fiscales, académicos… cada vez más optan por el exilio como única forma de sobrevivir. Y ahora también el periodismo. Con uno de los últimos oficios comprometidos con fiscalizar el poder.
Lo terrible no son solo las arbitrariedades. O que muchos mueran por ellas. Lo terrible es que la consolidación del autoritarismo traerá más penurias y muerte a este sufrido pueblo. Detener a personas honradas pero liberar a asesinos. Esa es la justicia hoy.
En menos de una semana El Salvador vio los arrestos de empresarios del transporte después de una orden presidencial, y el fallecimiento de uno de ellos; la represión de una protesta pacífica y el uso de esta para tasar impositivamente a las oenegés.
Tres años han pasado desde la aprobación del régimen de excepción en El Salvador. Y si algo ha demostrado este régimen -con su medida de control- es que, mientras el miedo siga siendo más fuerte que la indignación, la brutalidad será la nueva normalidad.
