¿El régimen de excepción supone un verdadero cambio en la realidad de las comunidades? Investigadores de seguridad y violencia explican en este podcast las consecuencias a futuro, de acuerdo a la incertidumbre reflejada en las comunidades.
Los parientes de detenidos en el régimen de excepción buscan que alguien escuche sus reclamos de inocencia y un derecho básico: el derecho a saber por qué sus familiares están detenidos y hasta cuándo lo estarán.
No todas las salvadoreñas tendrán un feliz Día de la Madre. Arely, una joven de 33 años que fue arrestada cuando tenía cinco meses de embarazo, perdió a su hija en agosto de 2022, estando en prisión, y cuando tenía ocho meses de gestación. La madre de Arely no sabe su condición de salud y tampoco recibió una explicación por la muerte de su nieta.
Considerables proporciones de ciudadanos salvadoreños conocen muy poco o nada sobre derechos y garantías, democracia, derechos humanos y justicia.
Para ella, el régimen de excepción ha significado el dolor de tocar puertas y no recibir información. Además, ha experimentado el silencio de las instituciones que no solo no dan respuestas, sino que ante la sociedad estigmatizan su sufrimiento.
Considera que el régimen de excepción es una pieza más en un proceso de desmontaje de ciertas garantías democráticas. Para ella, las políticas actuales solo son sostenibles si el objetivo es transitar hacia una Nicaragua donde el disenso se paga caro.
Para Vega, el deterioro de los cuerpos de seguridad, los abusos que estos cometen de forma sistemática y la impunidad en que se encuentran están conduciendo al país a una situación parecida a la de hace cinco décadas, en los albores de la guerra civil.
Desde su perspectiva, narra el principal impacto del régimen de excepción: que ha dejado de pagar extorsión. A su juicio, es justificable que haya abusos, como los detenidos arbitrariamente, si esto garantiza lo que ella llama paz.
El Salvador llega a un año con un régimen que dejó de ser una excepción y se convirtió en el “nuevo camino” para atacar la inseguridad: limitar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ordenar redadas y capturas masivas.
Una plática con Carlos Martínez, periodista de El Faro. Tras un año de régimen de excepción, las pandillas operan en sus mínimos históricos y sus fuentes de financiamiento “han tenido una reducción que se parece a total”, dice Martínez.
Las muertes en prisiones, más de 120, los malos tratos y torturas solo significan que El Salvador es ya un Estado violador de derechos humanos.
La Playa Los Blancos se fue quedando sin hombres debido al régimen de excepción: 25 pescadores fueron capturados. Las mujeres que allí quedan dividen sus semanas en jornadas de distintos trabajos porque uno no es suficiente para alimentar a sus familias, viajar a los penales y comprar paquetes para los detenidos.
El poder para ejercer la “violencia legítima” está ahora en manos de policías y soldados que deciden quién es y quién no es parte de una pandilla.
Soyapango, el segundo municipio más poblado de El Salvador, ha visto rota su cotidianidad debido a la irrupción de un cerco militar.
Documentos de la PNC desmienten la versión oficial y dejan en evidencia que sí ha habido detenidos durante el régimen de excepción que han muerto con signos de haber sido asesinados.
