La historia del «juicio de los jueces» demuestra que la defensa basada en «cumplí órdenes» o «apliqué la ley» no es suficiente para eximir de responsabilidad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
La actuación del Ejecutivo salvadoreño, el silencio del Legislativo y la pasividad de la Sala de lo Constitucional tendrán graves consecuencias internacionales.
El derecho de acceso a la justicia no se debe ver como una mercancía a la que solo acceden los que tienen posibilidades económicas, sino como un derecho fundamental que las autoridades deben salvaguardar.
Para contrarrestar al populismo punitivo debemos promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos y exigir políticas de seguridad basadas en la prevención.
Nuestro país acaba de iniciar un nuevo periodo de una Asamblea Legislativa que se ha caracterizado por no aplicar ningún tipo de «técnica legislativa» al momento de decretar leyes.
Incluso si se validara el cuestionable informe del TSE, gracias al voto de 2.7 millones de personas se ha elegido la opción dictatorial.
La garantía constitucional que evita un doble juzgamiento salvaguarda la integridad de los ciudadanos frente a la posibilidad de ser sometidos a juicios interminables o persecuciones selectivas de parte del Estado.
En lugar de aspirar a superarse a sí mismo, «el hombre masa» salvadoreño parece estar contento con la mediocridad y se resiste a aceptar la autoridad basada en el mérito.
Como sociedad nos debe alarmar esta situación, ya que cualquiera de nosotros podría ser víctima de las atrocidades que se están cometiendo en centros penitenciarios, por parte de la policía, ejercito y custodios, todo con la venia de las autoridades.
La falta de transparencia del gobierno es una bomba de tiempo más cerca de explotar a medida la crisis económica llegue a nuestros hogares.
Jueces callan ante violaciones a los derechos humanos para no perder privilegios. Se les unen fiscales, colaboradores jurídicos y secretarios de juzgados que también son cómplices.
El artículo 8 del Código Procesal Penal protegía el principio de inocencia, pues la detención provisional debía guardar proporción y no sobrepasar su plazo ni la pena a imponer.
Esta semana he sido testigo de irregularidades en los casos de detenciones del régimen de excepción, en que Policía, Fiscalía y jueces violentan el debido proceso.
Volver regla general la suspensión de derechos fundamentales, siendo la excepción, solo demuestra que no existe un plan para garantizarle seguridad a la población.
Tomando en cuenta el autoritarismo del gobierno actual, el nuevo régimen de excepción representa un peligro real, por los abusos que ya se observan.