Tres años han pasado desde la aprobación del régimen de excepción en El Salvador. Y si algo ha demostrado este régimen -con su medida de control- es que, mientras el miedo siga siendo más fuerte que la indignación, la brutalidad será la nueva normalidad.
Por este acto insensible e irresponsable, como el que pasó en La Campanera, donde queda retratada la ineptitud para proteger a las familias y el desdén por el debido proceso, el director de la Policía debería poner su cargo a disposición. Pero no pasará.
Hablamos con el director de investigación y profesor de la Universidad Internacional de la Florida, José Miguel Cruz, politólogo y especialista en temas de seguridad y pandillas. ¿Necesitábamos esta nueva dirección? Según él, no.
El Salvador lleva 4 años en el vaivén de la improvisación en algo tan importante como la seguridad. No hay planes. Las decisiones trascendentales o se toman basadas en popularidad o después del fracaso de un pacto entre gobierno y pandillas.
La política de seguridad de Bukele hay que analizarla a la luz de la actual crisis institucional, de los intentos del gobierno de neutralizar cualquier oposición para concentrar poder y del proyecto político-autoritario de Bukele y su grupo.
El Gobierno armó un espectáculo después de la privación de libertad de 60 pasajeros de la ruta 202 y de la violación de dos mujeres. Las víctimas relatan lo ocurrido y el expediente judicial desnuda que no están siendo perseguidos los verdaderos culpables.
Para la fase “positiva” de su plan, el presidente ha encargado a Carlos Marroquín y Mario Durán la estrategia llamada a abrir al Estado el paso por territorios que controlan las pandillas.
La viabilidad futura del país está fuertemente condicionada por la adopción de medidas efectivas de prevención y reducción de la criminalidad. El tiempo para el populismo punitivo, las falsas salidas y la utilización electoral de la criminalidad se agotó.
