Las últimas semanas El Salvador ha visto la persecución contra defensoras de DDHH y el encarcelamiento de activistas de organizaciones civiles. De eso conversaron Suchit Chávez y Loida Martínez Avelar con Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC.
El gobierno ha logrado lo que quería: sembrar miedo. Pero también ha dejado en evidencia su propia fragilidad. Un régimen que necesita silenciar, encarcelar y perseguir a quienes defienden los derechos humanos no es fuerte: es muy débil.
En El Salvador, la Fiscalía oficialista ha solicitado la recaptura y que se “declare en rebeldía” a los cinco líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, quienes han pasado más de 25 meses bajo acoso judicial, en el contexto del retorno de la minería metálica al país.
Las privadas de libertad, además de sufrir el hacinamiento extremo, deben enfrentarse a la falta de toallas sanitarias, agua potable, medicamentos específicos para las infecciones vaginales recurrentes. Muchas se ven obligadas a improvisar con trapos y tampones caseros.
La normalización del horror es un cáncer que corroe el alma de una nación. Es hora de despertar, de alzar la voz, de exigir justicia para Juan Castillo y para todas las víctimas del régimen de excepción. Es hora de recuperar la empatía, la solidaridad, la indignación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que migrar es un derecho humano, pero sin ningún argumento racional la CEPA ha subido las tarifas de tránsito para 54 países del continente africano.
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Meses después de finalizar su cargo, el exfiscal general Luis Martínez registró en El Salvador una sucursal de la empresa colombiana Adalid Corp., presidida por el ahora comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero.
Rina Monti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, explica los hallazgos del informe “Un año bajo el régimen de excepción: Una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”.
Que El Salvador no ratifique este convenio no es un simple olvido, sino una omisión que se suma a las violaciones de derechos humanos.
En 1980, los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada detenían y desaparecían a las personas por considerarlas de la “guerrilla”, “opositores”, “enemigos”.
El exjuez (y financista del partido FMLN) comenzó su gestión como procurador de Derechos Humanos como crítico del gobierno de Nayib Bukele, pero su postura cambió cuando Nuevas Ideas tomó el control absoluto del Estado. Desde entonces pasó del mutis a transformarse en un férreo animador de las políticas de seguridad del gobierno Bukele.
“ ¡Mi hijo va a morir encarcelado y ellos van a tener la culpa!”, dice la madre de Cristian, uno de los jóvenes capturados durante el régimen de excepción. En medio de la agresiva embestida del gobierno de Bukele contra las pandillas, familiares y organizaciones de derechos humanos continúan denunciando decenas de capturas arbitrarias.
No hay garantías de que las autoridades estén deteniendo únicamente a criminales. Y tampoco hay instituciones independientes que puedan proteger a la ciudadanía de los atropellos durante el régimen de excepción. Esas son dos de las preocupaciones que expresa la directora para las Américas de HRW.
Tomando en cuenta el autoritarismo del gobierno actual, el nuevo régimen de excepción representa un peligro real, por los abusos que ya se observan.
