Meses después de finalizar su cargo, el exfiscal general Luis Martínez registró en El Salvador una sucursal de la empresa colombiana Adalid Corp., presidida por el ahora comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero.
Rina Monti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, explica los hallazgos del informe “Un año bajo el régimen de excepción: Una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”.
Que El Salvador no ratifique este convenio no es un simple olvido, sino una omisión que se suma a las violaciones de derechos humanos.
En 1980, los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada detenían y desaparecían a las personas por considerarlas de la “guerrilla”, “opositores”, “enemigos”.
El exjuez (y financista del partido FMLN) comenzó su gestión como procurador de Derechos Humanos como crítico del gobierno de Nayib Bukele, pero su postura cambió cuando Nuevas Ideas tomó el control absoluto del Estado. Desde entonces pasó del mutis a transformarse en un férreo animador de las políticas de seguridad del gobierno Bukele.
“ ¡Mi hijo va a morir encarcelado y ellos van a tener la culpa!”, dice la madre de Cristian, uno de los jóvenes capturados durante el régimen de excepción. En medio de la agresiva embestida del gobierno de Bukele contra las pandillas, familiares y organizaciones de derechos humanos continúan denunciando decenas de capturas arbitrarias.
No hay garantías de que las autoridades estén deteniendo únicamente a criminales. Y tampoco hay instituciones independientes que puedan proteger a la ciudadanía de los atropellos durante el régimen de excepción. Esas son dos de las preocupaciones que expresa la directora para las Américas de HRW.
Tomando en cuenta el autoritarismo del gobierno actual, el nuevo régimen de excepción representa un peligro real, por los abusos que ya se observan.
No puede lograrse una plena dignidad de las personas si se respetan solo algunos de sus Derechos Humanos, dejando en el abandono las garantías de otros también exigibles al Estado.
Factum consultó con dos expertos en derechos de la niñez para buscar una respuesta a esta pregunta: ¿es correcto o no que niños participen en marchas o eventos políticos?
Episodio de podcast que recrea los testimonios de víctimas de detenciones ilegales a manos de la Policía Nacional Civil durante la cuarentena. A estas víctimas aún no les llega la justicia.
La CIDH presentó su Informe Anual en el que se resume que durante el año pasado “continuaron las agresiones, amenazas y falta de garantías para el trabajo periodístico en El Salvador”.
Nepotismo, auditorías pendientes de la Corte de Cuentas, señalada por desobedecer órdenes judiciales, desconexión con sociedad civil. Raquel Caballero termina gestión en la PDDH pero espera reelegirse.
Amnistía Internacional se reunió con el presidente Nayib Bukele, quien les repitió que se compromete a no violar derechos humanos y que estos serán un eje transversal de su Gobierno.
En medio de una discusión sobre la aprobación exprés de una nueva ley de amnistía, un grupo de víctimas del conflicto armado critican la iniciativa y reclaman a la Asamblea Legislativa su protagonismo en una ley de reparación integral.
