Nepotismo, auditorías pendientes de la Corte de Cuentas, señalada por desobedecer órdenes judiciales, desconexión con sociedad civil. Raquel Caballero termina gestión en la PDDH pero espera reelegirse.
Amnistía Internacional se reunió con el presidente Nayib Bukele, quien les repitió que se compromete a no violar derechos humanos y que estos serán un eje transversal de su Gobierno.
En medio de una discusión sobre la aprobación exprés de una nueva ley de amnistía, un grupo de víctimas del conflicto armado critican la iniciativa y reclaman a la Asamblea Legislativa su protagonismo en una ley de reparación integral.
El relator de la ONU aseguró que la violencia actual es el efecto de una transición incompleta hacia la paz e insistió que Defensa debe entregar los archivos de los 80, tal como lo mandan resoluciones de organismos internacionales.
Para los que marchan con Regina: No dejen que los usen para pisotear los derechos de las minorías, dejen de marginar y deshumanizar a las personas que son de la diversidad sexual, dejen de utilizar un lenguaje que incita al odio.
La Embajada de Holanda para Centroamérica ha comenzado hace unos meses a enfocar su trabajo en El Salvador en la defensa de los derechos humanos específicamente en la población LGBTI, y la salud sexual y reproductiva.
Un juez dejó libre de todos los cargos de extorsión a Daniel Alemán, el joven cuyo caso se convirtió en emblema de la persecución penal ejercida desde el Estado con jóvenes de barrios populares.
El informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado incluye casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones cometidas por El Salvador, además de las amenazas contra Factum.
El Balance de Derechos Humanos 2017 del Idhuca destaca las muertes por accidentes de tránsito como una “epidemia” de salud pública y una “violación a los derechos básicos unidos a la vida”.
El motivo de la visita de Agnes Callamard es conocer la estrategia de seguridad pública del Estado e indagar a partir de las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad y actores no estatales.
