Una plática con Carlos Martínez, periodista de El Faro. Tras un año de régimen de excepción, las pandillas operan en sus mínimos históricos y sus fuentes de financiamiento “han tenido una reducción que se parece a total”, dice Martínez.
Las muertes en prisiones, más de 120, los malos tratos y torturas solo significan que El Salvador es ya un Estado violador de derechos humanos.
La Playa Los Blancos se fue quedando sin hombres debido al régimen de excepción: 25 pescadores fueron capturados. Las mujeres que allí quedan dividen sus semanas en jornadas de distintos trabajos porque uno no es suficiente para alimentar a sus familias, viajar a los penales y comprar paquetes para los detenidos.
El poder para ejercer la “violencia legítima” está ahora en manos de policías y soldados que deciden quién es y quién no es parte de una pandilla.
Soyapango, el segundo municipio más poblado de El Salvador, ha visto rota su cotidianidad debido a la irrupción de un cerco militar.
Documentos de la PNC desmienten la versión oficial y dejan en evidencia que sí ha habido detenidos durante el régimen de excepción que han muerto con signos de haber sido asesinados.
Romeo Mauricio Posada Urrutia falleció 41 días después de haber sido detenido bajo custodia del Estado. La Policía Nacional Civil tenía indicios de que fue asesinado, pero se lo calló.
En los primeros días del régimen de excepción, Melvin fue detenido por la Policía Nacional Civil en San Vicente y murió 19 días después en el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate. Allí lo llevaron a morir desde el centro penal de Izalco. Su caso quedó en “sobreaveriguar” o que es lo mismo: pendiente de investigación.
Walter Sandoval Peñate, el primer fallecido durante las detenciones por el régimen de excepción, era reconocido en los cantones aledaños por su afición al fútbol. El menor de tres hermanos también pintaba caricaturas infantiles en las paredes de su casa.
José Serafín Fuentes fue detenido mientras trabajaba como agricultor junto a su hermano, según uno de los miembros de grupos de familiares de detenidos durante el régimen de excepción. Este lunes, cuando cumplió cuatro meses de arresto, una funeraria notificó a sus familiares su fallecimiento.
Miles de familiares de detenidos durante el régimen de excepción están tratando de suplir el silencio estatal con grupos dispersos, reuniones fortuitas y mensajes de redes sociales.
El artículo 8 del Código Procesal Penal protegía el principio de inocencia, pues la detención provisional debía guardar proporción y no sobrepasar su plazo ni la pena a imponer.
Esta semana he sido testigo de irregularidades en los casos de detenciones del régimen de excepción, en que Policía, Fiscalía y jueces violentan el debido proceso.
Un destacado estudiante de la Universidad Luterana desapareció con el inicio del régimen de excepción. Está en prisión desde abril pasado, acusado de agrupaciones ilícitas. Ni su familia y amigos han sabido algo de él desde que fue capturado.
La niñez, que antes era acosada por las pandillas, ahora se enfrenta a la violencia estatal en El Salvador. Las niñas y niños observan la captura de sus familiares y no lo entienden. La niñez es otra de las víctimas colaterales de las capturas arbitrarias durante el régimen de excepción. Está creciendo una generación con trauma y rechazo a las autoridades, según expertos.
