Custodios abusaron sexualmente de mujeres salvadoreñas arrestadas durante el régimen de excepción. Un nuevo informe de Cristosal revela las condiciones a las que han sido expuestas las mujeres dentro de las cárceles.
Ilustración: Mariana Matal
Una nueva investigación de Cristosal, una organización que defiende derechos humanos, revela que mujeres detenidas durante el régimen de excepción fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales en las cárceles, a pesar de estar bajo custodia del Estado. Los agresores, según los casos documentados por la organización, fueron custodios de los centros penitenciarios y otras reclusas.
Las condiciones de las mujeres arrestadas han empeorado debido al aumento de la población carcelaria, que ha provocado hacinamiento, según el análisis de la organización. Las cárceles no tienen la infraestructura adecuada para atender las necesidades específicas de las mujeres.
El régimen de excepción empezó el 27 de marzo de 2022, luego de una ola de violencia por el fin de la tregua entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. Desde entonces hasta abril de 2024, al menos 79,211 personas han sido arrestadas. Ni organizaciones de la sociedad civil ni medios de comunicación tienen acceso a datos estadísticos que detallen la edad, el sexo y características específicas de las personas detenidas. La organización internacional Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) calcula que el 84% son hombres y el 15% son mujeres.
Testimonios brindados por mujeres que fueron liberadas detallan que los baños son insuficientes para la población penitenciaria y los que tienen a disposición no tienen puertas. Esas dos situaciones han provocado una condición de desnudez forzada, que ha sido normalizada entre las reclusas durante su permanencia en la cárcel.
Mujeres entrevistadas por la organización dijeron que se vieron obligadas a prestar servicios sexuales a cambio de medicamentos, ropa y alimentos. Cristosal no especificó en qué cárcel ocurrió esto.
También relataron que les tocaba hacer su aseo personal frente a custodios hombres. En otros casos, los custodios no permitieron ni siquiera que se bañaran o impusieron castigos físicos a quienes solicitaron ese derecho.
Una mujer de 26 años, que estuvo arrestada un año y 10 meses en el penal de Apanteos, en Santa Ana, le relató a Cristosal que fue castigada con 1,200 sentadillas por gestionar para que una señora de 70 años pudiera bañarse.
“Me acerqué a la de seguridad y le dije que ella no era quién para estar diciendo que no se podía dar un baño una señora, porque así como a ella le gustaba bañarse, a la mamita también. Entonces vino la seño y se agarró la macana. Y le dije: ʻNo le tengo miedoʼ. Eso me causó 1,200 sentadillas y me tuvo guindada de la mano izquierda. Pasé con los pies en punta durante una hora. La mano me había quedado hinchada y no la podía mover. Luego me puso a hacer las sentadillas”, detalló la expresidiaria.
Como consecuencia dejó de caminar y pasó tres días en la clínica penitenciaria con oxígeno. “Fue porque defendí a una mamita, a la que no querían dar su rol de bañarse —porque ahí todas se bañan a las dos de la mañana—”, aseguró.
El arresto de mujeres durante el régimen de excepción tiene características distintas a las de los hombres. Una muestra de 7,742 detenidas determinó que si bien es cierto también son acusadas de pertenecer a pandillas, bajo el delito de agrupaciones ilícitas, la Fiscalía les atribuye un grado de participación menor en la estructura.
Las mujeres son acusadas de ser “colaboradoras” o “postes”, que son roles asignados por las pandillas para observar y reportar lo que ocurre en los territorios.
“Habitualmente se les priva de libertad independientemente del nivel de participación que se les atribuya en una pandilla, y mayoritariamente la razón de su detención es que tienen una relación directa o indirecta (son madres, esposas, exparejas, hijas, hermanas, amigas o compañeras de trabajo) con miembros u hombres asociados a las pandillas”, detalló Cristosal.
La organización ha recibido 3,642 denuncias de abusos a derechos humanos, entre marzo de 2022 y abril de 2024. A la fecha han documentado 265 personas que han muerto en las cárceles; de ellas cuatro son niños.
Un sistema misógino
Las condiciones de salubridad son críticas en los penales. Esto impide que las detenidas puedan cubrir sus necesidades de salud sexual y reproductiva.
La preocupación de las internas menores de 50 años se intensifica cuando atraviesan su período menstrual, pues no tienen toallas sanitarias o suficiente agua para bañarse. A esa situación se suma las restricciones para orinar y defecar, que desencadenan en enfermedades del sistema urinario.
En el complejo penitenciario de Izalco, Sonsonate, donde son recluidas las embarazadas y las mujeres que acaban de dar a luz junto a sus hijos, hay desabastecimiento de agua.
Las infraestructuras de las cárceles, pensadas para hombres, son pequeñas y sucias. No existe un sistema de recolección de basura que garantice la limpieza oportuna de las celdas.
Según el estudio de Cristosal, las reclusas con enfermedades crónicas y terminales como cáncer, insuficiencia renal y tumores, son las que están en mayor riesgo.
El aislamiento completo, al no poder recibir visitas de sus familiares y conocer cómo están sus hijos, también les ha generado una tensión psicológica. “Lo más difícil es la desconexión con los hijos, no escuchar ni la voz de ellos, es como estar secuestrada por el Estado… Sufrí un shock psicológico que me quitó la regla, me puse bien delgada, pensé que debía sobrevivir y ser fuerte por mi hija”, concluyó una mujer de 27 años que estuvo arrestada.
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