El gobierno ha logrado lo que quería: sembrar miedo. Pero también ha dejado en evidencia su propia fragilidad. Un régimen que necesita silenciar, encarcelar y perseguir a quienes defienden los derechos humanos no es fuerte: es muy débil.
El derecho de acceso a la justicia no se debe ver como una mercancía a la que solo acceden los que tienen posibilidades económicas, sino como un derecho fundamental que las autoridades deben salvaguardar.
La garantía constitucional que evita un doble juzgamiento salvaguarda la integridad de los ciudadanos frente a la posibilidad de ser sometidos a juicios interminables o persecuciones selectivas de parte del Estado.
Desde 2021, el desmantelamiento del sistema de justicia llevó al despido, traslado o criminalización de 32 fiscales, abogados y jueces que alguna vez acercaron a las víctimas a conseguir justicia. Esto dejó casos de alto impacto en la impunidad y más víctimas.
En Honduras, un pacto legislativo y político entre los partidos Libre, Nacional y Liberal permitió la repartición pública y sin pudor de la conducción de instituciones del Estado que procuran justicia, como la Corte Suprema de Justicia.
La sociedad debe tener más cautela en sus juicios de valor y siempre identificar cada idea que consume en el internet. Una denuncia no es la verdad absoluta de un hecho.
La decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar un decreto que “jubiló a la fuerza” a muchos jueces de la generación de los Acuerdos de Paz encontró una sociedad incapaz de valorar una independencia judicial que le ha dado pocos resultados.
Al final todos los salvadoreños seremos alcanzados por la ausencia de integridad de jueces y magistrados al servicio de un círculo íntimo concentrado en Casa Presidencial.
A Teodora, el Estado le violó casi todos sus derechos y garantías fundamentales como persona, establecidos en nuestra Constitución Política.
La rocambolesca historia de El Salvador se ha caracterizado por una serie…
