Líderes comunitarios de Cabañas creen que la instauración del cerco militar en ese departamento busca debilitar su sistema de organización. También sospechan que el Gobierno quiere intimidarlos para que no se movilicen en resistencia a la minería.
Foto FACTUM/Natalia Alberto
Rosa Laínez es una de las repobladoras del cantón Santa Marta, en Victoria, departamento de Cabañas. Vivió un tiempo en Mesa Grande, un campo de refugiados en Honduras, y regresó a su comunidad natal en 1987. El pasado 1 de agosto, vio desfilar a cientos de soldados frente a ella. Dice que no había visto algo parecido desde la guerra civil. Los militares recorriendo el territorio y el sonido de los helicópteros la llevaron de regreso a esa época. Y una cosa más ha regresado para ella: el miedo.
Cabañas fue uno de los lugares más afectados por la guerra civil, y también es el primer departamento entero en el que se instauró un cerco militar. El 1 de agosto, amaneció con un despliegue militar de 7,000 soldados y 1,000 policías, según datos oficiales.
“Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas. […] Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas […]”, justificó el presidente Nayib Bukele en redes sociales.
Los soldados desfilaron por las calles de Cabañas con fusiles en mano, con una maleta y un colchón para dormir. En dos filas cubrieron el camino que lleva hacia Santa Marta. Al llegar buscaron opciones para quedarse como la casa comunal y, actualmente, según los lugareños, se encuentran en las montañas.
Para los directivos de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), la instauración del cerco militar busca debilitar el sistema de organización comunitaria en el departamento. Esa asociación aglutina a 25 personas que coordinan con juntas de agua, comités ambientales, grupos comunitarios de mujeres y jóvenes en todo Cabañas.
“Esta situación de militarización nos revive fantasmas del pasado. Sobre todo a la gente mayor que vivió esa situación cuando fueron perseguidos y masacrados por militares. El ver militares y en esas cantidades ahora nos trae esos recuerdos e infunden temor”, dice Alfredo Leiva, directivo de esa organización.
Tanqueta estacionada en la calle a Santa Marta, en Cabañas, el 8 de agosto de 2023. Foto Factum/Natalia Alberto
El cantón Santa Marta es una comunidad repoblada. Durante la guerra civil, algunos habitantes tuvieron que huir a Mesa Grande, en Honduras, y establecerse en campamentos de refugiados. En 1993, a partir del Comité de Repobladores de Cabañas, se creó ADES con objetivo de responder a las necesidades de las comunidades repatriadas y repobladas.
“Cabañas es un departamento olvidado, empobrecido. Porque ni siquiera hemos sido reconocidos en el pasado. Aquí ha habido luchas intensas. Por ejemplo, la lucha contra la minería. Han sido casi 20 años de lucha. Ya estamos acercándonos a dos décadas de luchar contra el extractivismo”, dice Vidalina Morales, presidenta de ADES.
Leonel Herrera, colaborador de la agrupación, explica que cuando apareció la amenaza de la minería metálica, ADES Santa Marta logró organizar a otras comunidades del departamento y formó una red de comités ambientales para iniciar una lucha que concluyó en 2017, con la aprobación de una ley que prohíbe la minería .
ADES presentó al Ministerio de Medio Ambiente el primer estudio técnico sobre impacto ambiental del proyecto de Pacific Rim en El Dorado, San Isidro. “Fue el estudio que le dio argumentos al Ministerio de Medio Ambiente, para no darle los permisos de explotación a la empresa minera”, explica Herrera y agrega que otro logro de ADES es la organización de la resistencia comunitaria en el territorio donde las empresas mineras querían instalarse.
“Lo que hemos hecho en Santa Marta es un proyecto de comunidad exigiendo nuestros derechos. Hemos alcanzado servicios básicos para la comunidad, y eso ha sido a pura lucha, a pura organización. El gobierno siempre se ha descuidado de las comunidades, como suele suceder. Pero si las comunidades se cruzan de brazos, no existe nada. Santa Marta no se ha quedado así”, explica la presidenta de ADES.
Los retenes miitares paran a algunos conductores que se dirigen a Cabañas y les piden sus documentos. Foto Factum/Natalia Alberto
El Gobierno aprobó un régimen de excepción desde marzo de 2022 para contener a las pandillas. Casi 80 mil personas han sido capturadas desde entonces y hay múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos y torturas en las cárceles.
Vidalina, como líder comunitaria y activista ambiental, considera que con el régimen de excepción la organización comunitaria ha sido afectada. “Nosotros trabajamos dentro del departamento de Cabañas, en muchas comunidades y quiérase o no, ha impactado, ha disminuido la participación de juventudes en nuestros procesos, porque algunos han emigrado, otros los han capturado”, reflexiona.
El hijo de Vidalina, Manuel Gámez Morales, fue capturado en Santa Marta, Victoria, el pasado 17 de mayo por el régimen de excepción. Ella lo consideró un “acto de intimidación” ante la lucha de las comunidades. “Cuando los jóvenes ven esa situación que capturan a jóvenes sin cometer ningún delito, entonces los jóvenes prefieren migrar”, agrega.
Los líderes comunitarios de ADES sospechan que la instalación del cerco militar es solo una de varias acciones que ha implementado el Gobierno para intimidar a las comunidades.
“Consideramos que es una acción más hacia amedrentar a la comunidad, a evitar que se organice y se movilice en resistencia a los proyectos mineros que piensan implementar en Cabañas”, explica Leiva.
Las señales prominería
Una de las acciones del gobierno que genera sospechas en los líderes ambientales es la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas en octubre de 2021. La diputada Elisa Rosales expresó que “no debemos ser un país que sigue agendas de grupos minoritarios. […] La aprobación de esta ley es un proceso para el desarrollo e innovación del país”.
A la Dirección se le asignaron $4.5 millones de dólares en octubre de 2022 para la “revisión y actualización de la normativa legal vigente; continuar con la aplicación de la Ley de Gas Natural y su reglamento, así como la revisión y actualización de Minería y su reglamento”.
El 15 de agosto, Revista Factum solicitó entrevistas con los directivos Daniel Alvarez y Henry Muller para profundizar sobre el tema. Todavía no han dado una respuesta.
Además, desde mayo de 2021, El Salvador es el miembro número 77 del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), una entidad que apoya a los países “comprometidos con el aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible”.
El 28 de noviembre de ese año, especialistas del Foro visitaron el país “como parte de una asistencia técnica para coadyuvar el desarrollo económico, mediante el aprovechamiento del potencial minero no metálico que posee el país” según el Ministerio de Medio Ambiente.
“Un país que tiene por ley prohibir esta actividad, que se una a este foro, entonces es una señal”, comenta Leiva.
Según el documento “El lado oscuro del oro: impactos de la minería metálica en El Salvador”, elaborado por Cáritas El Salvador y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el principal impacto de la minería en el medio ambiente es la contaminación por cianuro, arsénico y drenajes ácidos.
Nataren señala que si se explota la minería, contaminaría el Río Lempa que es el mayor afluente de agua del país y volvería a El Salvador inhabitable por los niveles de contaminación. Él sostiene que “defender y resistir en Cabañas para que no se explote la minería, es defender el país”.
Tanquetas militares circulan sobre la calle a Sensuntepeque frente a las oficinas de ADES. Foto Factum/Natalia Alberto
Acciones contra la comunidad
La madrugada del 11 de enero de este año, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez fueron capturados en Santa Marta, Victoria, mientras que en las oficinas de ADES, en Guacotecti, otro municipio de Cabañas, fueron capturados también Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. Los cinco eran líderes comunitarios.
“No puede ser coincidencia la captura de los compañeros, porque nosotros desde el año pasado estuvimos denunciando con frecuencia nuestra preocupación (sobre la reactivación de la minería). En enero capturan a nuestros compañeros como una forma de criminalizar la protesta y la lucha”, explica Vidalina y agrega que la militarización de Cabañas no es nueva, pues, entre el 21 y 22 de mayo hubo un despliegue militar en Santa Marta.
La militarización en mayo fue a partir de la publicación de una usuaria en la red social X afirmó que “Santa Marta y zonas cercanas están plagadas de mareros” y que “urge un cerco militar”. Ante esto, ADES se pronunció diciendo que “este tipo de injurias estigmatizan a nuestra comunidad y dada la actual circunstancia del país (régimen de excepción), se convierten en un riesgo para nuestra gente” y que la presencia militar “genera zozobra y preocupación en la población”.
Mucho ojo con estas denuncias señor @FiscalGeneralSV es de hacer investigaciones profundas.
Señores Ministro @Vi11atoro @Director_PNC @merino_monroy :
En Cabañas las zonas de San Lorenzo, Santa Marta y zonas cercanas están plagadas de mareros.
Como en los mejores tiempos de… https://t.co/UUX3dcDZpc
— Verónica Arias 🇸🇻 (@Chelita_NI) May 19, 2023
Sin embargo, el último homicidio en Cabañas se reportó, a través de la cuenta de X de la Fuerza Armada, el 15 de junio en el caserío Candelaria Abajo, cantón La Guaruma, de Sensuntepeque. De acuerdo a la información oficial, se trataba de un pandillero de la MS-13.
Días antes de la implementación del cerco militar, ya había presencia de al menos 100 elementos de seguridad, según los residentes de Cabañas. Fueron vistos durante la caminata ambiental que realizaron las comunidades y organizaciones el 24 de julio. Los habitantes marcharon con rumbo al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque para exigir la defensa del agua, la liberación de los defensores ambientales capturados el 11 de enero de este año y, además, manifestarse en contra de la minería.
Vidalina cuestiona la instalación del cerco militar en Cabañas. Recuerda que hace 14 años, cuando mataron a Ramiro Rivera y Dora Sorto, dos de los cuatro líderes ambientales asesinados en 2009, el departamento también estaba militarizado. “Sentimos que no sirve de nada militarizar los espacios, los territorios”, opina.
Para Nataren, el cerco militar deja otro mensaje: “es el proceso de instauración de un Gobierno que podría ser represivo después de las elecciones y la persecución a organizaciones, líderes comunitarios, ambientalistas o gente que protesta podría ser más abierta”.
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