Para unas personas el régimen ha significado dolor y violaciones de sus derechos, pero otras han encontrado en esta medida una oportunidad para emprender y subsistir. Las comunidades 22 de Abril y Las Palmas, que durante años vivieron bajo el control de las pandillas, ahora reciben a vendedores ambulantes que antes no podían ingresar. En estos sectores también han surgido nuevos negocios.
Fotos Factum/Natalia Alberto
El pito de un vehículo indica a los habitantes de Las Palmas que el pan ha llegado. Gerson Sorto, el propietario del automóvil, tiene cinco años de llegar a vender pan a esta comunidad, pero solo dos años de poder acceder a ella. Por más de una década, en esta comunidad de la colonia San Benito de San Salvador, el negocio de las panaderías estuvo bajo el poder de la facción revolucionaria de la pandilla Barrio 18. Sin permiso para poder entrar, los vendedores se quedaban afuera de la comunidad, donde la gente llegaba a comprarles. Previo al régimen de excepción, la última vez que Gerson intentó entrar a vender, le pusieron una pistola en la cabeza.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, como una respuesta a la ola de violencia desatada entre los días 25 y 27 de ese mes, cuando 87 personas fueron asesinadas por las pandillas. La cuestionada medida, que en un inicio tendría una duración de 30 días, restringe derechos constitucionales y le da poder a las autoridades de detener a cualquiera que considere “sospechoso” de pertenecer a alguna una estructura criminal.
En Las Palmas, rodeada por restaurantes y viviendas de lujo, desde la recolección de la basura hasta el parqueo era controlado por la clica 106 Gangsters, del Barrio 18. “Todo lo que regía la pandilla, ahora lo rige la comunidad”, dice uno de los habitantes que habló para este reportaje, pero no quiso ser identificado.
Un repartidor sale de Las Palmas luego de entregar alimentos. Foto Factum/Natalia Alberto
A dos años del régimen de excepción, muchas cosas han cambiado en esta y en otras comunidades que antes eran controladas por las pandillas. Fue hasta un mes después de la llegada del régimen que Gerson se atrevió a entrar a Las Palmas para vender pan. Desde entonces llega todos los días. Y no es el único.
Pero la medida que para unos ha traído paz, también ha estado marcada por 6,305 denuncias de violaciones a derechos humanos, según registros de organizaciones sociales. Más de 80,000 personas han sido detenidas y 261 murieron bajo custodia del Estado. La organización Socorro Jurídico Humanitario estima que el 35% de las personas capturadas son inocentes, es decir, tres de cada diez fueron capturadas arbitrariamente. El Salvador tiene ahora una de las tasas más alta de encarcelamiento en el mundo.
“¡Buenas! Me da dos semitas”, le dice una clienta a Gerson, pero él está acomodando la venta de su esposa Delmi. El pan más rico de Las Palmas lo vende esta pareja. O eso dicen los habitantes. Delmi se ubica con dos canastos. Hace un año, tras ser desalojada del mercado Ex-cuartel, su esposo la convenció de llegar a vender con él. Desde entonces ella vende en una de las dos entradas de la comunidad; mientras que su esposo, después de dejarla, vende en la otra.
Un grupo de niños juega en uno de los pasajes de Las Palmas. Foto Factum/Natalia Alberto
En Las Palmas está la casa de Esmeralda Guzmán. La fachada de su vivienda no tiene ningún rótulo, pero la gente sabe que ella vende tacos y hamburguesas. “Hay más personas poniendo ventas. Ahora se está vendiendo más que hace seis meses. Aquel día querían 16 hamburguesas”, comenta Esmeralda, quien hace tres meses se animó a poner su propio negocio.
En cada callejón del laberíntico de Las Palmas hay al menos un pequeño negocio, y la venta de hamburguesas es lo que más abunda. Ena Guzmán también vende comida.
— “¿Tiene hamburguesa?”, le grita alguien.
— “Ya se acabaron”, responde Ena.
Esta noche le ha ayudado a vender su hijo que está de visita, pero la mayoría de días le toca sola. Su esposo Jaime Rodríguez, de 50 años, quien le ayudaba antes, fue detenido hace un año por dos policías en las afueras de su casa.
La tarde del 4 de marzo de 2023, dos policías pasaron horas apostados frente al pasaje de su casa. Ena, al verlos, mandó a Jaime a ofrecerles chocobananos. Uno de los uniformados contestó abruptamente que no querían y le solicitó el DUI. Él lo entregó. Se alejaron con el documento un rato y luego regresaron. “Nos va a tener que acompañar”, le dijeron, según recuerda Ena. “ Mi esposo les preguntó el porqué y le respondieron que así es el sistema”, asegura ella.
Días antes, los mismos agentes le habían solicitado a Jaime su documento y no encontraron nada en el sistema. Pero el 4 de marzo no les importó y se lo llevaron.
Desde la captura de Jaime, ha sido difícil para Ena sacar adelante el negocio y juntar los $150 para el paquete de insumos básicos que compra a Centros Penales. “Cuesta recoger para un paquete, porque hay paquetes que no se le mete ropa, solo se le alcanza lo que es la comida”, dice. Una vez al mes, ella va al penal de Mariona a dejarle el paquete a Jaime del poco dinero que logra reunir de su emprendimiento.
Un mes después de la captura de Jaime, el 19 de abril de 2023, Ena recibió la notificación de que su negocio de comida había logrado su registro en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), institución pública encargada de registrar y apoyar a las personas emprendedoras. La idea de registrarlo para “formalizarlo” fue de su esposo.
Entre 2020 y 2021, Conamype registró 27,311 nuevos negocios. La pandemia por Covid-19 marcó un incremento en el número de registros, de acuerdo con los datos compartidos por la oficina de acceso a la información pública de esa institución.
Lo que se percibe en las comunidades no se traduce en un incremento de registros de negocios. Entre enero de 2021 hasta abril de 2024, sólo se han registrado 10,767 nuevas microempresas. Se solicitó una entrevista con Conamype para entender estas cifras, pero al cierre de este texto no hubo respuesta.
Habitantes de comunidades que eran controladas por pandillas decidieron poner ventas de comida al sentirse más seguros. Foto Factum/Natalia Alberto
Ena y Jaime asistían a la iglesia La Sagrada Familia todas las semanas.Y, cuando iban al Centro de San Salvador a comprar lo del emprendimiento, pasaban a la parroquia El Calvario. “Él no sabe que se murió una hermana de él. Él no sabe que se llevaron a un sobrino. Hay un amigo que en diciembre murió dentro de la cárcel de insuficiencia renal”, señala Ena.
El régimen de excepción ha permitido menguar el control que las pandillas tenían en las comunidades, pero con un enfoque represivo, según especialistas en seguridad.
“Eso ha implicado que los negocios ya no tienen que lidiar con la extorsión y se permite una circulación más libre adentro de las comunidades”, afirma Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, organización que ha documentado violaciones de derechos humanos.
Ella advierte que en la actualidad “se ha acostumbrado a creerse este discurso de que hay que sacrificar algunos derechos para poder vivir en paz”.
Las estadísticas oficiales no permiten comparar cómo ha evolucionado el delito de extorsión desde la aprobación del régimen. Entre 2021 y 2022, la Fiscalía General registró 2,141 denuncias. Desde enero de 2022 hasta mayo de 2023, documentó 1,548 casos. Se hizo una solicitud de información a esta institución, pero no entregó la información correspondiente al último año. Según información obtenida por El Diario de Hoy, la Fiscalía recibió 135 denuncias por extorsión hasta abril pasado.
Un repartidor de comida rápida ingresa a la comunidad 22 de Abril, en San Salvador.
A 9.4 kilómetros de Las Palmas está la comunidad 22 de Abril, en Soyapango. A pesar de la distancia, ambas tienen algo en común: las dos eran zonas controladas por pandillas. Allí, hasta hace unos meses comenzaron a entrar repartidores de comida a domicilio y vendedores ambulantes. La comunidad 22 de Abril fue territorio de la Mara Salvatrucha (MS-13). A simple vista no queda rastro de eso. Algunos de los grafitis de las casas fueron borrados por la pintura color cyan que cubre las paredes.
Al subir por la cuesta de la entrada, la presencia de soldados armados ha llegado a ser una imagen tan habitual como lo fue una vez la de miembros de la MS-13 con sus fusiles. La calle luce llena de gente. Afuera de las casas se puede observar a algunos habitantes sentados vendiendo comida, verduras o ropa.
Algunos residentes de la comunidad 22 de Abril han iniciado emprendimientos de negocios. Foto Factum/Natalia Alberto
La tienda más grande y surtida de la zona, según los habitantes, es el C-BU. El negocio es de Javier Molina*, habitante de la 10 de octubre, la colonia contigua. “Antes la gente procuraba no llamar la atención, uno no invertía en sus negocios. Ya no hay miedo de que te vayan a rentear”, afirma.
Un mes antes del régimen de excepción, abrió esta tienda, luego de haber cerrado su antiguo negocio por temor a las amenazas que recibía de las pandillas.
Mientras algunos negocios surgen en ambas comunidades, los antiguos se expanden. Pero lo que para algunos ha sido ganancia, para otros ha representado una disminución de ingresos. “La competencia es más. Si bien es cierto de que hay más pupuserías, pero también hay gente externa, o sea, de afuera, de otros negocios que ya entran a la colonia”, dice Alfredo Rodas, dueño de una de las queserías más antiguas de la 22 de Abril.
En Las Palmas, Gerson Sorto, el vendedor de pan, también ha experimentado una baja en las ventas. Antes vendía ocho canastos, ahora solo cuatro. Él afirma que debido a los desalojos en el centro de San Salvador, las personas afectadas encontraron otras maneras de subsistir entrando a vender a estas comunidades. “Tanta gente que han quitado en el centro y toda esa gente ha buscado qué vender”, dice.
“Hay una realidad que no se niega que ha cambiado y es sentir que disfrutamos de libertades que antes no disfrutábamos y sentir una paz que no sabemos si se va a sostener”, concluye un habitante de Las Palmas, mientras compra el pan. El panadero y su esposa terminan de vender en esa comunidad a las 9:30 de la noche.
A las cuatro de la tarde abre el lugar más llamativo de la 22 de Abril. Su fachada es la de una simple casa de habitación, pero adentro hay seis máquinas de azar y una mesa de billar, donde la gente se junta a jugar. Este negocio tiene un año de estar funcionando.
Un habitante de la comunidad 22 de Abril juega en un billar instalado en la zona desde hace un año. Foto Factum/Natalia Alberto
Transcurre un día de finales de mayo y dos amigos se disponen a jugar en la mesa del billar. “Gana el último en meter todas las bolas”, dice uno. El sonido alto de la música y el choque de las bolas es lo que más se escucha en la casa. Mientras el establecimiento se comienza a llenar, uno de los dueños se acerca y le dice a la periodista: “Ahora, habiendo cero pandilleros, podemos hacerlo porque ahora sí verdaderamente nosotros podemos tener el control y no atenernos a que nos digan: quiero jugar y no tengo dinero”.
*Algunos nombres fueron cambiados para protección de los protagonistas.
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