La nueva lectura legislativa de un artículo de la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones ha puesto a la Fiscalía contra el reloj en sus investigaciones. La mayoría de diputados decidieron que las grabaciones y transcripciones de las escuchas deben destruirse si luego de seis meses no hay una acusación. Los legisladores ignoraron que antes debe presentarse un informe al juez y que este debe dar la orden para la eliminación de los registros. El fiscal general, Douglas Meléndez, señaló que la diputada pecenista Cristina López mocionó la interpretación auténtica como parte de una manipulación del poder legislativo para favorecer al empresario prófugo Enrique Rais. La defensa de Rais, en coincidencia, dijo Meléndez, ha buscado que un juez ordene destruir la prueba. López no estuvo sola. Otros cincuenta y seis diputados participaron con votos.
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La Fiscalía General de la República debe destruir de inmediato toda grabación, con su transcripción, seis meses después de una escucha telefónica y de que no haya acusado a nadie. Esa es la nueva lectura que cincuenta y siete diputados le dieron al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones. La interpretación auténtica de los legisladores obvió que el artículo original dicta que la destrucción debe hacerse previo a un informe al juez que autorizó la intervención y de una orden del mismo juzgado.
Douglas Meléndez, fiscal general, resintió la decisión de los diputados que aprobaron la nueva lectura del artículo 23. El 15 de diciembre de 2017, antes de retirarse a las vacaciones de fin de año, legisladores del PCN, FMLN, Arena y GANA sumaron cincuenta y siete votos para aprobar la interpretación auténtica. Las sospechas del fiscal general, Douglas Meléndez, apuntan ahora a la diputada que mocionó la medida: Cristina López, del PCN.
Meléndez aseguró que López actuó en coordinación con los intereses del empresario prófugo Enrique Rais, acusado de delitos de corrupción durante la administración del exfiscal general Luis Martínez. El caso de Rais, indicó Meléndez, está fundamentado en escuchas telefónicas. La defensa del empresario, en coincidencia, ha solicitado que se destruya la prueba.
“Extrañamente, los abogados de Rais han estado alegando lo mismo en el proceso y no les ha prosperado. Por lo que han acudido a esa interpretación legislativa, por medio de una diputada, para desechar las escuchas telefónicas y el proceso mismo contra Enrique Rais”, le dijo el fiscal Meléndez a La Prensa Gráfica, en una publicación de este periódico del viernes 5 de enero de 2018.
El fiscal general ahora prefiere reservarse, por el momento, la información que tiene. La unidad de comunicaciones de la fiscalía dijo tras una consulta que el lunes 15 de enero Meléndez llegará a la Asamblea Legislativa para explicar a los diputados por qué la interpretación auténtica que aprobaron es perjudicial para las investigaciones. La visita del fiscal a la Asamblea también servirá para conocer el señalamiento sobre la diputada pecenista y el mencionado vínculo con Rais.
Diputados de diferentes partidos poco antes de la elección de la presidenta de la CCR. Foto FACTUM/Archivo (cortesía)
Una ayuda para los investigados
El artículo 23, original, de la Ley para la Intervención de las Telecomunicaciones hace referencia a que luego de una escucha telefónica, “si la fiscalía no hubiese presentado requerimiento en el plazo de seis meses, el juez autorizante, previo informe que deberá remitirse sobre esta situación, ordenará la destrucción de toda la grabación y sus transcripciones”.
La nueva lectura que los cincuenta y siete diputados le dieron a este artículo establece que la destrucción del material “debe efectuarse inmediatamente de haber concluido el plazo y no haber sido presentado el requerimiento fiscal”.
López, en la propuesta que presentó a la Asamblea Legislativa, razonó que “en la práctica, los funcionarios que deben practicar este acto de oficio (destrucción de grabaciones y transcripciones) eluden su responsabilidad”, por lo que, según ella, se violenta la intimidad de los investigados.
López fue consultada y dijo al teléfono que no existe ninguna ilegalidad en la interpretación que ella propuso al pleno legislativo. En todo caso, aseguró, si hay alguna violación legal, “la Sala de lo Constitucional lo puede anular”. “Es una ley que ya existía. Nada más se ha hecho una interpretación. No se ha modificado. Esto es para ayudar a la fiscalía para que ellos trabajen durante el plazo de seis meses. No hay nada ilegal”, dijo la diputada pecenista.
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La fiscalía considera en cambio que la propuesta de López no sido ninguna ayuda para su trabajo. El artículo 22 de la ley establece que mediante las escuchas telefónicas es válido descubrir delitos conexos a los que se investiga. Incluso es posible que se encuentren otros delitos. Los informes al juez, por lo tanto, son obligatorios porque la fiscalía puede pedir una ampliación del plazo tanto para las intervenciones como para acusar. La interpretación de los diputados, sin embargo, obliga a una destrucción inmediata del material -si no hay una acusación- sin la previa revisión del juez.
López comentó que, según ella, la fiscalía cuenta con el recurso humano suficiente para levantar acusaciones en menos de seis meses en caso de que las llamadas intervenidas arrojen luces o evidencias sobre ilícitos. Al contrario, uno de los principales problemas que ha tenido la fiscalía por años es la acumulación de procesos judiciales e investigaciones de los fiscales.
“Son seis meses en que lo puede hacer la fiscalía con el recurso humano que ya tiene. No se está beneficiando a una persona. Se está beneficiando a todos los salvadoreños que puedan tener un problema con esta ley. Todos los que tienen problemas con la fiscalía están beneficiados”, dijo López.
Los enredos de la diputada
La legisladora Cristina López en un primer momento atribuyó la iniciativa de la interpretación auténtica del artículo 23 al jefe de la departamental de San Salvador de su partido: Ramón Kury. Incluso, López le aseguró a La Prensa Gráfica, para la misma publicación del 5 de enero, que ella no conoce personalmente a Enrique Rais, pero que Kury y Rais sí son amigos.
“Porque me lo pidió el secretario departamental de nuestro partido, ingeniero Ramón Kury (…) Hay que ver el fondo de esta noticia. ¿Por qué me quieren atacar a mí? Me quieren involucrar en cosas sucias cuando este señor Ramón Kury es amigo de este señor (Rais)”, dijo López, según el periódico.
La diputada Cristina López del PCN, durante el traspaso de mando del Grupo Parlamentario, realizado en la Plaza de Las Banderas de la Asamblea Legislativa, el 16 de mayo de 2017.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
Los intentos por contactar con Kury a través de la oficina de prensa del PCN -para confirmar si de hecho fue él quien le propuso a la diputada la nueva lectura del artículo- no tuvieron éxito. La diputada, mientras tanto, pese a asegurar que no conoce a Rais, confirmó que entre su equipo de trabajo se encuentra Blanca Rosa Rais Mejía, familiar del empresario prófugo.
López, meses atrás, estuvo involucrada en un caso administrativo contra uno de sus empleados, Víctor Hugo Cuenca, a quien acusó de agresiones verbales y de amenazas en su contra a nivel administrativo y judicial. La Asamblea Legislativa separó a Cuenca de su cargo, pero no por esas acusaciones. El empleado fue despedido por ausentarse de puesto de trabajo debido a que un tribunal de San Salvador le ordenó, como medida cautelar, mantenerse alejado de la diputada. Eso le implicaba no estar en la oficina.
Más adelante, se descubrió que una persona de enlace, Hugo Sigarán, empleado de la diputada, mediaba entre ella y allegados al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. El personal de Bukele negó cualquier relación con López. Sin embargo, se logró evidenciar que dos colaboradores de la diputada junto con Sigarán mantuvieron una reunión con un familiar del alcalde.
El malestar de Cuenca por la posibilidad de una traición política de López al PCN se evidenció. Las fricciones terminaron en el despido del empleado legislativo.
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La Asamblea Legislativa registra situaciones irregulares en sus aprobaciones de decretos y reformas que han sido corregidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o por vetos desde la Presidencia de la República. A mediados de 2017, cuarenta y cuatro diputados aprobaron una serie de reformas a la Ley de Extinción de Dominio para disminuir la rigurosidad de la ley cuando se tratara de funcionarios públicos.
Se descubrió luego que treinta y nueve de los legisladores que habían reformado la ley, incluido el mocionante Guillermo Gallegos -presidente de la Asamblea Legislativa-, eran investidos por la Sección de Probidad de la Corte. Probidad es la unidad que se encarga de verificar e investigar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Una de las reformas que le hicieron a la Ley de Extinción de Dominio es parecida a la interpretación auténtica que se dio al artículo 23 de la Ley para la Intervención de las Comunicaciones: dar plazos fatales a la fiscalía para sus investigaciones, con pleno conocimiento de las limitaciones de esta institución.
Los diputados no lograron su cometido en esa ocasión porque la Sala de lo Constitucional detuvo las reformas mientras estudia un recurso de inconstitucionalidad sobre estas modificaciones. Este lunes 15 de enero, los diputados escucharán al fiscal Meléndez acerca de por qué su interpretación no es una ayuda para la fiscalía, sino un beneficio explícito para los sospechosos de crímenes que son investigados mediante sus llamadas telefónicas.
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