Romeo Aurora Giammattei quiere que la fiscalía no lo persiga más porque, según su abogado, las intervenciones telefónicas que son evidencias en su contra fueron presentadas ante el juez fuera de tiempo. La defensa de Giammattei -acusado por dar fallos en beneficio de una red de corrupción en la que se involucra al empresario prófugo Enrique Rais y al ex fiscal general Luis Martínez- recurrió a la interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley para la Intervención de las Telecomunicaciones que cincuenta y siete diputados aprobaron el 15 de diciembre de 2017. El fiscal general, Douglas Meléndez, ha señalado a la diputada pecenista Cristina López, que mocionó el decreto, de ser parte de una estrategia para manipular el Órgano Legislativo y favorecer a Rais.
Foto FACTUM/Archivo
La defensa de Romeo Aurora Giammattei pidió este miércoles 10 de enero de 2018 que se le retire al exjuez la acusación de involucrarse en una red de corrupción del sistema judicial que involucra al empresario prófugo Enrique Rais y al exfiscal general Luis Martínez. El argumento del abogado de Giammettei, Carlos Avelar, es que las comunicaciones telefónicas que la fiscalía le intervino al exjuzgador y que son parte de la prueba acusatoria fueron presentadas ante el juez fuera de tiempo.
Avelar, en un escrito presentado al juez octavo de Instrucción de San Salvador, recurrió a la interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley para la Intervención de las Telecomunicaciones que la Asamblea Legislativa aprobó con cincuenta y siete votos en diciembre pasado, por moción de la diputada del Partido de Concertación Nacional (PCN) Cristina López.
El artículo establece que si no hay una acusación seis meses después de las escuchas telefónicas, la fiscalía debe elaborar un informe al juez y es este último el que ordena que se eliminen los registros. La nueva lectura de los diputados sobre ese artículo consiste en que las grabaciones y transcripciones de las llamadas intervenidas en el plazo autorizado deben ser destruidas “de inmediato” seis meses después de las escuchas si no existe acusación fiscal.
El argumento del abogado Avelar se basa en que el plazo autorizado para que la fiscalía interveniera las telecomunicaciones de Giammattei terminó el 13 de abril de 2015, por lo que, según su escrito, el período para que el ministerio público acusara al exjuez noveno de Paz, con esas pruebas, concluyó el 13 de octubre de 2015. El requerimiento fiscal contra Giammattei, sin embargo, se presentó el 25 de agosto de 2016 e incluyó las llamadas intervenidas en 2015 como evidencia.
El fiscal general, Douglas Meléndez, señaló en una publicación de La Prensa Gráfica del 5 de enero de 2018 que la interpretación auténtica que aprobaron los cincuenta y siete diputados es parte de una maniobra para favorecer los intereses del empresario prófugo Enrique Rais. Meléndez visitará este lunes 15 de enero la Asamblea Legislativa para profundizar sus aseveraciones.
La interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley para la Intervención de las Telecomunicaciones se aprobó con los votos de diputados del PCN, FMLN, Arena y GANA. El dictamen provino de la comisión de legislación y se aprobó alrededor de las 6:30 de la tarde del 15 de diciembre de 2017. De forma peculiar, al decreto se le apartó un espacio especial en el Diario Oficial -incluso la Presidencia de la República actuó con prontitud para avalar el decreto legislativo- y se publicó el 22 de diciembre de 2017. El último día hábil antes de la vacación de fin de año.
Los ocho días después de la publicación en el Diario Oficial para que el decreto entre en vigor pasaron y fue entonces que Avelar presentó el escrito al juzgado. “(Pido que) se declare la nulidad absoluta y la destrucción del material captado de forma íntegra como resultado de la intervención de las comunicaciones por transgredir el principio de legalidad probatoria, y como consecuencia de ello y por no ser subsanable ni aun con el consentimiento de las partes dicho medio probatorio se proceda a sobreseer definitivamente a mi representado del proceso, ordenando la libertad inmediata”, dice el escrito del abogado de Giammattei.
El fiscal general también señaló que la defensa de Enrique Rais ha solicitado lo mismo en el proceso judicial contra el empresario. La fiscalía, también en este caso, basa sus pruebas en las intervenciones telefónicas que se le hicieron a Rais, quien ha sido ubicado en Suiza gracias a una investigación periodística, pese a la pasividad de la policía salvadoreña, pues a la fecha no se conoce de un trámite para la difusión roja en la Interpol.
Opina