La ley aprobada por el bloque oficialista protege las compras pasadas y las decisiones de los funcionarios desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Ningún funcionario, proveedor o personal de salud podrá ser demandado por irregularidades en los tratamientos médicos contra el Coronavirus.
La Asamblea Legislativa controlada por Nayib Bukele desmanteló la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. La Policía acuerpó lo que dictó el bloque oficialista y allanó la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para dar entrada, de facto, a los nuevos funcionarios elegidos.
La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura habla de las dificultades del proceso de selección de 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema. La nueva Corte deberá cumplir su deber, dice Josa, de ser la entidad de control constitucional de las decisiones políticas.
Con el control absoluto de la Asamblea Legislativa, el presidente no solo podrá disponer de más recursos y nula fiscalización; también podrá decidir en otras instituciones claves del Estado: elegir las cabezas de la Corte Suprema y de la Fiscalía General.
“Yo ya gané”, dice Alejandra Menjívar, convencida de que haber llegado a una candidatura regional (a diputada del Parlacen por el FMLN) siendo una persona trans es un acontecimiento histórico no solo para El Salvador, sino para Centroamérica.
Esta entrevista con el magistrado Rubén Meléndez tiene como aspecto recurrente la desconfianza. Esa misma que refleja la última encuesta de la UCA y que coloca al TSE como una institución de la que casi siete de cada diez salvadoreños desconfían.
Doctoras, enfermeros, empleados de los hospitales, doctores, enfermeras y laboratoristas. El personal sanitario, que luchó desarmado contra la Covid-19 en El Salvador, es el protagonista de este año para la redacción de Revista Factum.
Pese a los llamados a la austeridad y a buscar fórmulas para aplacar la deuda pública de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha proyectado un presupuesto mayor a los 7,000 millones de dólares.
El presidente electo Joe Biden propone desmantelar lo hecho por Donald Trump y un rescate económico de 4 mil millones de dólares y más inversión privada para la región. También ha propuesto una comisión regional para combatir la corrupción.
Se han hecho de un autobús, lo han nombrado La Libertad y están recorriendo 54 ciudades de 32 estados de la unión americana para exigir la residencia definitiva en Estados Unidos. Los tepesianos no quieren otra opción.
Bukele afirmó que por culpa de los diputados su administración no tiene “ni un centavo partido por la mitad”. Nicolás Martínez, presidente del BCR hasta el jueves 17 de septiembre, le contradijo.
La mayoría de comisionados del IAIP se pronunció contra estas reformas. Para el instituto, los cambios al Relaip que decidió Bukele alteran el orden de gestión interna del instituto y pone nuevas trabas al proceso de acceso a la información pública.
Casa Presidencial hizo, en privado, una asamblea con dos asociaciones de periodistas para votar por un nuevo comisionado del IAIP, un día antes de la fecha que la misma presidencia anunció.
Episodio de podcast que recrea los testimonios de víctimas de detenciones ilegales a manos de la Policía Nacional Civil durante la cuarentena. A estas víctimas aún no les llega la justicia.
Resumen de la extensa interpelación contra el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que culpó al jefe del Estado Mayor Presidencial, general Manuel Acevedo López, de la ocupación militar del 9F.
