La Constitución de la República, en su artículo 121, establece que la competencia fundamental de la Asamblea Legislativa es la de legislar; es decir, la creación de leyes. Para la creación de las leyes, los parlamentos utilizan la «técnica legislativa», que se refiere a los métodos, procedimientos o principios que se emplean para redactar y diseñar las leyes de manera clara, coherente y efectiva. Dicha técnica se vuelve fundamental en los países democráticos para asegurar que las leyes sean comprensibles, aplicables y útiles para los ciudadanos; así como para facilitar la interpretación y aplicación de las autoridades judiciales y administrativas.
Por lo tanto, los legisladores tienen la obligación de debatir, reflexionar y tomar en cuenta las opiniones de todos los sectores de la sociedad, incluidas las minorías, aunque no tengan representación legislativa. Es por ello que los debates en los parlamentos no solo se tratan de un respeto democrático, sino una garantía de justicia para los habitantes del Estado. Por lo que la creación de leyes que excluyen a ciertos grupos o sectores da como resultado una ley sesgada que puede perpetuar desigualdades e injusticias.
Nuestro país acaba de iniciar un nuevo periodo de una Asamblea Legislativa en la que se repite una mayoría de diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, quienes en la legislatura pasada se caracterizaron por no aplicar ningún tipo de «técnica legislativa» al momento de decretar leyes, así como reformas a los cuerpos normativos existentes.
La legislatura que recién finalizó utilizó la dispensa de trámite como la regla general y no como la excepción a la hora de legislar y, si bien esta es reconocida como una herramienta al momento de decretar leyes y sus reformas, el artículo 76 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa establece que se utilizará en casos urgentes. Lo que observamos, sin embargo, fue la utilización de la dispensa de trámite para cualquier tema en el que el Ejecutivo tuviera interés, ganándose así los legisladores el mote de “puyabotones”; ya que, sin ningún análisis, debate profundo y sin escuchar a los sectores que podrían verse afectados por dichos decretos, se aprobaban.
El debate y la toma en cuenta de las voces de todos los sectores no solo enriquece el contenido de las leyes, sino que también fortalece la legitimidad del proceso legislativo. Sin embargo, la anterior Asamblea Legislativa mantuvo un régimen de excepción que ha suspendido garantías constitucionales por más de dos años; reestructuró los municipios; disminuyó el número de diputados; reformó la forma de elegir a los parlamentarios y finalizó con una reforma al artículo 248 de la Constitución, sin importar que este fuera una disposición pétrea. Todo esto sin tomar en cuenta a ningún sector de la población, sin escuchar técnicos en los temas que reformaron y utilizando, en la mayoría de casos, la dispensa de trámite.
La actual legislatura parece que continuará con la misma dinámica que su predecesora, ya que en su primera plenaria disminuyó las comisiones legislativas de veinte a ocho; quedando fuera comisiones como la de justicia, derechos humanos, mujer e igualdad de género y cultura y educación; así como la facultad de que las reuniones de las comisiones sean virtuales. Dichas acciones indican que el debate legislativo será degradado aún más. Esto es preocupante en vista de que la actual legislatura podrá modificar la Constitución a su antojo.
Si bien, la «técnica legislativa» exige que los legisladores busquen activamente las opiniones de expertos de diferentes campos, de líderes comunitarios, de representantes de minorías o de organizaciones civiles, para garantizar una comprensión más profunda de los problemas a abordar, la mayoría oficialista se caracteriza por tomar decisiones de manera unilateral e inconsulta. Así, en ocasiones han aprobado decretos confusos, mal redactados e incomprensibles.
El deber de los legisladores es trabajar en colaboración con toda la sociedad, para así crear leyes que reflejen los valores de justicia, equidad y respeto de todos los ciudadanos, ya que las leyes no solo regulan la convivencia, sino que también son un reflejo de quiénes somos como sociedad.
*Elías Abel Ramírez es abogado salvadoreño.
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