La ciudadanía no podrá conocer los nombres y el monto de los salarios que devengan los empleados de la Asamblea Legislativa, luego de que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Legislativo decidiera no entregar la información aduciendo que al hacerla pública se violaría la intimidad de los trabajadores públicos.
Foto Factum/Gerson Nájera
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Asamblea Legislativa negó toda la información relacionada a los salarios asignados a los empleados públicos del Órgano Legislativo. A pesar del escándalo generado en redes sociales luego de la filtración de información que mostró los salarios de los colaboradores de los diputados de Nuevas Ideas, la Asamblea se niega a liberar la información por los canales oficiales.
Esta revista pidió el monto salarial de cada empleado con el detalle de su número de expediente e información de su plaza, por medio de una solicitud de acceso a la información, una herramienta vigente de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
También se solicitó el desglose de los empleados contratados por cada partido político y la lista de asesores con sus respectivos salarios. Ninguna de esa información fue entregada.
La UAIP justificó su respuesta aduciendo que la información constituye datos personales, por lo que es información sensible y confidencial cuya divulgación puede convertirse en una invasión a la privacidad y una vulneración a derecho de la intimidad de cada trabajador. “La información sensible es toda aquella que es considerada relevante o trascendental, relacionada a la intimidad personal de su titular, por ejemplo: la información financiera (salario), la condición de salud”, consigna la respuesta de la institución.
En julio pasado, el grupo de hackers CiberinteligenciaSV filtró documentos que exponen que entre los 450 empleados de Nuevas Ideas hay maquillistas, modelos, masajistas y exfutbolistas, según una publicación de El Diario de Hoy. Desde entonces, el tema ha estado en tendencia en redes sociales por la revelación de supuestas contrataciones de presentadoras de televisión y asesores de comunicación con salarios de $2,000.
Según la información disponible en el portal gubernamental de Transparencia Fiscal, existen 1,587 personas que trabajan en la Asamblea bajo la modalidad contrato y 488 tienen plaza por Ley de Salarios. Ese reporte contrasta con la información filtrada por CiberinteligenciaSV, que detalla que en ese órgano del Estado están contratados 1,465 empleados con distintos salarios.
Empleados legislativos toman fotografías al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, durante la plenaria de instalación 2024-2027. Foto Factum/Gerson Nájera
Otro de los obstáculos para no entregar la información, colocada en una prevención a la solicitud que hizo esta revista, se justifica en el artículo 31 de la LAIP que dice que el acceso a los datos personales es exclusivo del empleado o de su representante. Según la notificación, solo se puede acceder a la información con una firma legalizada en un documento por cada trabajador.
“Legitime con la que pretende actuar en nombre y representación de los ciudadanos de los que se requiere la información”, respondió la UAIP. Es decir, para cumplir con ese requisito esta revista debería presentar las autorizaciones firmadas de los 1,465 empleados de la Asamblea Legislativa.
Una vieja práctica
En septiembre de 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública sancionó al entonces diputado del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por no entregar los datos de las planillas de asesores y declarar la información como “confidencial”.
Los directivos, liderado por Reyes, apelaron el caso ante la Sala de lo Contencioso que congeló la petición hasta 2015. Como desenlace, la información fue revelada y gracias a eso se conoció que uno de los asesores de Reyes era su socio en sus empresas: Byron Larrazabal .
La reciente polémica por la asignación presupuestaria para cada diputado surgió luego de que el partido Vamos publicó información de la asignación de $20,000 para el equipo de la diputada Claudia Ortiz en su sitio web, y luego de que los hackers filtraran la información de los colaboradores de Nuevas Ideas en redes sociales.
Un mes después de las filtraciones y de las críticas en redes sociales, el presidente inconstitucional Nayib Bukele dijo que reduciría $1,300 a cada legislador, lo cual supuestamente se traduciría en un ahorro de $15.3 millones. No existe evidencia de que esta orden presidencial esté siendo ejecutada, pues no existe forma de acceder a la información institucional, a pesar de ser pública por ley.
Nueve diputados de Nuevas Ideas publicaron en sus cuentas de X supuestas constancias salariales que detallaban los salarios de sus colaboradores. Pero tampoco fue posible corroborar esa información con los datos de la oficina de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa.
El gerente de la Asamblea, Franklin Nolasco, colgó cuando se le llamó para hacerle la consulta sobre el tema.
Y no es la única información que oculta la Asamblea. La lista de secretos es larga. La información de la Unidad de Compras Públicas y de la Gerencia de Operaciones está bajo llave, según revela el Índice de Información Reservada actualizado hasta marzo de 2024.
Los términos de referencia y especificaciones técnicas para los procesos de licitación por libre gestión también están ocultos. La orden evita que la información sobre las órdenes de compra, evaluación de ofertas y adquisición de bienes y servicios esté a disposición de la población.
Otra de la información escondida por la Asamblea está relacionada a la elección de funcionarios de segundo grado. Los expedientes vinculados a ese proceso no están disponibles al público.
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