La drástica reducción de los homicidios; la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 y el desacato a las órdenes de la Sala de lo Constitucional; la crisis del agua potable en el área metropolitana de San Salvador; el retroceso en transparencia y el acceso la información pública; y los viajes ocultos del director de Centros Penales, Osiris Luna. Cinco expertos nos ayudan a entender la relevancia de cada uno de estos momentos durante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele.
Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
Disminución de los homicidios
En el último año, en El Salvador se mató menos. Una reducción que supera el 60%, según los datos oficiales. La razón que lo ha provocado aún es un misterio, aunque el gobierno lo atribuye al Plan Control Territorial. Jeannette Aguilar, investigadora en seguridad ciudadana, dice que al momento de evaluar la política de seguridad del actual gobierno es importante identificar los rasgos que han caracterizado el primer año de gestión: la improvisación en la gestión de la seguridad pública, la opacidad de los planes e indicadores de resultados y el populismo que le apuesta a un discurso de mano dura que busca impactar en la opinión pública y no reducir la delincuencia.
“Una hipótesis que yo he sostenido es que ha habido un repliegue de los distintos actores de la violencia, una reducción de estas dimensiones solo pudo haber ocurrido a partir de la alineación de distintos actores que han contribuido en los últimos años a los niveles de letalidad, como las pandillas, pero también de grupos de limpieza social y exterminio. También ha habido una reducción notable y sostenida de las muertes atribuidas a policías en el marco de enfrentamientos armados”, asegura Aguilar.
El 9F y el irrespeto a la Constitución
Para Ruth López, abogada y catedrática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el 9 de febrero de 2020 fue el día en que el presidente Bukele decidió romper el orden de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución al tomarse militarmente la Asamblea Legislativa. Durante la emergencia por el Covid-19, según López, el gobierno también ha mostrado expresiones de abuso y búsqueda de poder, como las violaciones de derechos constitucionales en los centros de contención y con una lucha contra la Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional que, apunta, podría llegar a ser constitutivo de delito.
“Creo que el país enfrenta actualmente una notable erosión del pacto de frenos y contrapesos establecidos en la Constitución. Es notable como a partir de la decisiones del presidente, no solo en la situación de la pandemia, sino que previamente, se había expresado en pos de la ruptura de ese pacto social establecido en la Constitución”, dijo López.
La crisis del agua potable
La segunda semana de enero de este 2020 cientos de habitantes de los municipios del Gran San Salvador se quejaron por el olor, sabor y color del agua que salía de sus grifos. Obligado a pronunciarse sobre el tema, el presidente Nayib Bukele admitió que el agua potable que distribuye la ANDA no es apta para el consumo humano.
La del agua -que trajo repercusiones a la ahora exministra de Salud Ana Orellana, quien recomendó consumir el agua potable a pesar de no haber realizado un estudio del líquido- fue la primera crisis social de este gobierno, pues afectó a 1.2 millones de personas.
Carlos Flores, coordinador del Foro del Agua, lamenta que cinco meses después de esa crisis no haya sido revelado qué fue lo que provocó la contaminación del agua potable. Otra repercusión, dice Flores, es que a la población le quedó grabado el mensaje de que el agua potable no es de calidad, por lo que no se puede tomar.
“Lo que hizo (el presidente Bukele) es abrir el mercado al agua embotellada. Es poner al servicio de la empresa privada que produce agua embotellada; porque toda la gente tiene temor de tomar agua de ANDA y dijeron todos vamos a buscar agua embotellada. Eso es peligroso”, dijo Flores.
Menos transparencia y acceso a la información
Xenia Hernández, abogada especialista en derecho al acceso a la información, considera que han ocurrido retrocesos en el acceso de información pública durante la actual administración de gobierno. Además, según dijo, aún se realizan prácticas que no abonan a la transparencia.
“Siguen estas prácticas de la resistencia a entregar la información oficiosa, te lo traigo a cuenta por el caso de Osiris Luna, que la ley dice que es información oficiosa, y no se entregó. Además de las irregularidades en las elecciones de comisionados del IAIP, vimos que la elección para el caso de periodistas fue muy cuestionada, muy irregular con el caso del excomisionado Juan Carlos Turcios que renunció por la misma presión ciudadana”, dijo Hernández.
Los viajes de Osiris Luna
El viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, ha sido uno de los funcionarios más protegidos de la administración Bukele. A pesar de la presión social provocada por la falta de información sobre dos viajes de trabajo pagados por privados que hizo a finales de 2019, y de haber contratado a un falsificador de diplomas en una de las direcciones de Penales, Luna sigue en su cargo y se mantiene como uno de los funcionarios más promovidos por el presidente Bukele.
Para Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Funde, esas dos situaciones dejan al descubierto la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas en la entrega de información de interés público por parte del gobierno.
“Pareciera que la cultura arraigada de falta de transparencia es un hecho dentro de la administración pública no importa el gobierno de turno. Hay cierta tolerancia que se va generando y eso también genera corrupción. Pareciera que empezamos a tolerar de que porque es mi político favorito o de mi afinidad puede no rendir cuentas”, dice Sandoval.
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