En una audiencia especial ante la CIDH por los ataques a la prensa, el Estado salvadoreño prefirió no referirse a ellos. El relator de libertad de expresión pidió al Estado reconducir su actitud. En la audiencia participaron la APES, DPLF y los medios El Faro, Factum, GatoEncerrado y Focos TV.
La mayoría de comisionados del IAIP se pronunció contra estas reformas. Para el instituto, los cambios al Relaip que decidió Bukele alteran el orden de gestión interna del instituto y pone nuevas trabas al proceso de acceso a la información pública.
Resumen de la extensa interpelación contra el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que culpó al jefe del Estado Mayor Presidencial, general Manuel Acevedo López, de la ocupación militar del 9F.
Algunas personas creen, o lo dicen con malicia, que los periodistas somos «pagados» cuando en nuestras investigaciones revelamos casos de corrupción en el gobierno. La mejor campaña para los corruptos es buscar desacreditar a quienes los descubren.
Cinco expertos analizan los momentos: Reducción de los homicidios, el 9F y la ruptura del orden institucional, el retroceso en la transparencia, la crisis del agua potable y el secretismo de los viajes de Osiris Luna.
Recuerde que el El Salvador le ha dado un cheque 3,000 millones de dólares y nosotros tendremos que pagarlos hasta con intereses. Esta deuda ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa para que su gobierno atienda la crisis.
Según el gobierno, al menos tres microalgas fueron las responsables de la contaminación. La Universidad de El Salvador validó este argumento. Sin embargo, otros académicos consideran que la crisis pudo originarse por un mal manejo de Anda.
El subdirector del IDHUCA, Manuel Escalante, habla de justicia y memoria histórica a 30 años de la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. También hace un balance del proceso para aprobar una ley de reconciliación.
En tres semanas vence el plazo que tienen los diputados para aprobar una Ley de Reconciliación. La última propuesta legislativa mantiene los puntos cuestionados por las organizaciones de víctimas: evita cárcel para los criminales de guerra mayores de 65 años y ordena una lista cerrada de casos a investigar.
Lo que se sabe hasta ahora es que tendrá apoyo de la OEA, que el convenio que le dará vida no pasará por la Asamblea Legislativa y que la Fiscalía salvadoreña, de momento, no está incluida. Los dos últimos puntos sí los tuvo la CICIG.
Nepotismo, auditorías pendientes de la Corte de Cuentas, señalada por desobedecer órdenes judiciales, desconexión con sociedad civil. Raquel Caballero termina gestión en la PDDH pero espera reelegirse.
¿Qué implicaciones tendrá este cambio? Le consultamos a dos expertos: la investigadora Jeannette Aguilar y el periodista Edwin Segura. Ambos consideran que esa separación puede distorsionar nuestro forma de comprender la violencia.
Ulloa ha sido el único funcionario de la actual administración, que asumió el 1 de junio, que ha criticado la decisión del presidente López Obrador de plegarse al gobierno de Trump a cambio de no sufrir mayores aranceles.
Verónica Reyna cree que el gobierno tuvo dos caras: con el Plan El Salvador seguro saludaba a la cooperación internacional y con las medidas extraordinarias tuvo un abordaje de la seguridad estrictamente represivo. Eso último propició abusos.
Celia Medrano (de la ong Cristosal) cree que lo más importante, que se vendió como apuesta, falló estos cinco años: la prevención. Además cree que invisibilizaron el desplazamiento forzado con el eufemismo «movilidad humana».
