Gobierno contrató a un falsificador de diplomas para entregar antecedentes penales

Osiris Luna contrató como jefe de la oficina que certifica los antecedentes penales a una persona que inventó ser abogado. El director de Centros Penales le dio un puesto clave a alguien con un currículum adulterado, un aventajado por ser miembro de GANA y cercano a Luna. Centros Penales se ha esmerado en mantener en secreto la artimaña de este empleado: incluso mintió en una respuesta a una solicitud de información pública. 

Ilustración FACTUM/Andrea Maida

Un hombre se disfrazó de abogado para entrar a la Dirección de Centros Penales. Inventó que tenía un título de licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES), fingió que había participado en varios cursos de derecho y simuló tener credenciales académicas que no eran suyas. Todas esas mentiras las plasmó en su hoja de vida. Y fue con esas credenciales que Luis de Jesús de la O Tobar, hombre de confianza del director de Centros Penales, Osiris Luna, fue nombrado como jefe del Departamento de Registro y Control Penitenciario, la oficina que emite los antecedentes penales de los salvadoreños.

De la O Tobar consignó que era graduado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UES y hasta se inventó el año: dijo que se graduó en la promoción 2015. Revista Factum confirmó en la Universidad de El Salvador que él no se graduó de esa institución. Luego de una solicitud de información, la UES declaró inexistente el CUM (coeficiente de unidades de mérito) y fecha de graduación de De la O porque él nunca fue estudiante de esa universidad.

De la O no reunía los requisitos de ley para ocupar esa jefatura, pero tenía la experiencia que le aseguró un puesto clave en el gobierno: haber sido ayudante de Osiris Luna durante la campaña presidencial de Nayib Bukele.

La investigación de este currículo adulterado comenzó en diciembre de 2019. Desde entonces, Centros Penales ha hecho todo lo posible para encubrir al militante de GANA, el partido que llevó al poder a Bukele. Cuando Revista Factum solicitó copia de los atestados (títulos y diplomas que respaldan un currículo) del empleado penitenciario, el jefe de recursos humanos dijo que no podía entregarlos porque De la O había renunciado. Mintió.  De la O no solo sigue en la institución, ahora es el encargado de las tiendas penitenciarias, un puesto donde maneja miles de dólares.

De la O infló su currículo con una lista de cursos y diplomados en los que no participó. Nunca asistió, por ejemplo, al curso “Actualización en Derecho Procesal Administrativo”, impartido en la Universidad de El Salvador en mayo de 2018. Revista Factum corroboró que su nombre no aparece en la lista de las personas que recibieron el diploma de participación.

Uno de los diplomas de Luis de Jesús De la O. Nunca asistió a ese curso, según la UES.

El empleado de Centros Penales puso en su hoja de vida que cursó el diplomado “Estrategias de litigación en materia de extinción de dominio”, impartido en mayo de 2019 en la UES. Y no es cierto, según aseguran dos de los participantes. Ni tan siquiera aparece en la foto oficial de la entrega de diplomas. El Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS), organizador de ese diplomado, dijo que se les había dañado la única computadora donde guardaban el registro de los participantes, por lo que no podía garantizar si él lo cursó o no.

El jefe de Registro Penitenciario también puso en su currículo que finalizó el curso “Criminalista en la Investigación Fiscal”, impartido por la Escuela de Capacitación Fiscal. La Fiscalía General, ante una solicitud de acceso a información, respondió que no podía dar a conocer la lista de participantes de esa actividad de julio de 2017 porque no guarda un registro de los asistentes a sus talleres cuando, a pesar de que los diplomas llevan el sello de la Fiscalía, esa escuela únicamente da asistencia técnica.

Lo único cierto es que De la O estudió ciencias jurídicas. “Él estudiaba con nosotros en la Universidad Tecnológica, pero está en el grupo de los que no se graduaron porque parece que empezó a trabajar”, comentó uno de sus compañeros de estudio. A la fecha, todavía no aparece en la lista de abogados autorizados por la Corte Suprema de Justicia.

De la campaña a un despacho en el gobierno

De La O es uno de los hombres de confianza del director de Centros Penales.  Llegó a uno de los despachos más importantes de esa institución luego de pertenecer al comando de campaña de Osiris Luna. Fue nombrado como jefe del Registro Penitenciario después de terminar su trabajo con el equipo de campaña de GANA en San Salvador, el partido con el que se casó Bukele para llegar a la Presidencia. Para enero de 2019, cuando estaba terminando la campaña presidencial, ya acumulaba un álbum de fotografías con todo su trabajo territorial. Hay fotografías suyas amenizando mítines, repartiendo camisas, sosteniendo una piñata, repartiendo juguetes y hasta bailando al ritmo de una batucada.

Luis de Jesús de la O Tobar (izquierda) junto con el ahora viceministro de Seguridad y director de Centros Penales Osiris Luna. Foto/Cortesía

El 26 de enero de 2019, cuando Bukele cerró su campaña en el centro de San Salvador, De La O fue uno de los cientos que levantaron su mano para jurarle lealtad al entonces candidato.  En la plaza Gerardo Barrios, lo oyó hablar de su recorrido para llegar a la Presidencia. Lo escuchó decir: “Esta batalla empezó cuando un joven tiene que ir a tocar incansablemente puertas y puertas buscando un empleo que nunca encuentra. Esta batalla empezó en nuestras calles, en nuestra historia”. El militante que aquel 26 de enero escuchó ese discurso se convertiría cinco meses después, usando un currículo falso, en un funcionario público.

El día de las elecciones presidenciales, el 3 de febrero de 2019, De la O sudó un chaleco cian que tenía estampado el nombre de Osiris Luna al lado izquierdo y el de Nayib Bukele en el costado derecho. Siempre sonriente, escoltó a Luna, ahora su jefe, cuando este votó en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Y también escoltó a otros personajes emblemáticos del partido GANA, como Andrés Rovira, entonces presidente del partido, con quien estrechó la mano y con quien se fotografió en el centro de votación Albert Camus.

Luis de Jesús de la O Tobar estrecha la mano del presidente de GANA, Andrés Rovira. GANA fue el partido que llevó al poder al ahora presidente Nayib Bukele. Foto/Cortesía

Ponerse aquel chaleco cian le tuvo cuenta. Ya en julio de 2019, ocupando la silla de jefe de registro penitenciario, tenía a su cargo a 42 empleados penitenciarios y un salario de $1,400. El hombre que falseó sus propias credenciales se convirtió así en el encargado de la elaboración y manipulación de información de los expedientes de 25 mil internos del sistema penitenciario.

“La misma Constitución manda que usted puede tener simpatía por cualquier partido. Se puede poner una camisa. Toda esa información no sé a razón de qué la quieren saber ustedes”, se defendió De la O cuando se le preguntó por su salto de la campaña al Gobierno.

La complicidad en los pasillos de Penales

De la O usó una máscara durante casi seis meses. En cuanto se supo investigado, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) trató de borrar toda la evidencia de la hoja de vida falsa. Lo blindaron varias oficinas de la DGCP, empezando por la Dirección de Recursos Humanos. Revista Factum solicitó a la Unidad de Acceso e Información Pública de la DGCP copia de todos los atestados (documentación que compruebe lo plasmado en los currículos) de las jefaturas de Centros Penales. El jefe de recursos humanos, Walter Alfredo Flores Castro, entregó 450 páginas en un documento pdf. Entregó toda la documentación de todas las jefaturas, menos la de De la O. Esta revista apeló y el 16 de diciembre de 2019 Flores respondió con una mentira: dijo que no podía entregar la documentación porque De la O había renunciado. “No es factible entregar la información debido a que la persona en referencia presento (sic) su renuncia al cargo, por el cual ya no forma parte de la información”, se lee en su respuesta.

El 7 de enero de 2020, luego de las vacaciones de fin de año, una periodista de Factum marcó el 2235-4098, el número de Registro Penitenciario, para corroborar la respuesta de Flores Castro. Del otro lado del teléfono, una joven explicó que De la O no podía atender la llamada porque estaba fuera de la oficina, pero dijo que regresaría después de la hora del almuerzo. Un día después, dos reporteros de esta revista llegaron hasta la oficina de Registro Penitenciario y constataron que De la O no solo seguía ahí, sino que ocupa un cargo donde tiene acceso a fondos especiales.

“Esos informes los tiene que presentar Walter, el de recursos humanos.  Él tiene que rendir informe de eso, yo no puedo dar información de eso”, contestó el funcionario cuando se le preguntó por qué había puesto información falsa en su hoja de vida. Y también se escudó en el director de Centros Penales para evadir los cuestionamientos: “Yo puedo dar declaraciones si el director, en este caso Osiris, me da la facultad de hablar”.

El jefe de recursos humanos al que hizo referencia De la O, además de mentir, violó la Ley de Acceso a la Información Pública al negar información oficiosa en su poder. Luego de que Factum solicitó los atestados del jefe de Registro Penitenciario, Centros Penales borró de su página web la información que desnudaba la trampa del funcionario. Trataron de borrar todo rastro del currículo fraudulento, pero la huella sigue ahí. En la página http://archive.is/GZIAJ todavía se puede corroborar la versión que la Dirección de Centros Penales tenía a disposición del público antes de que Revista Factum pidiera la información de De la O.

De la O, según confirmó él mismo, ahora es el coordinador de las tiendas penitenciarias, una posición desde la que administra los miles de dólares que los familiares de los reos depositan mensualmente para la compra de productos en las cárceles. El funcionario que falseó su currículo es ahora el jefe de la oficina que ha sido objeto de investigaciones fiscales por ser una ventana para el desvío de miles de dólares que ingresan a un presupuesto especial.

Oficinas de la Dirección de Centros Penales en San Salvador, donde trabaja Luis de Jesús de La O, quién fue contratado en una jefatura usando un título de educación superior falso.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Revista Factum también insistió ante Alejo Carbajal, jefe de comunicaciones de Centros Penales, para una entrevista con el jefe de recursos humanos, pero él ignoró todos los mensajes. La última respuesta de Carbajal, el 19 de diciembre de 2019, fue “voy a consultar”. Después, cuando Factum le hizo saber el nombre del funcionario investigado, empezó a dejar en visto los mensajes en WhatsApp, sin dar una sola respuesta. “Buenos días, Alejo. Feliz año. ¿Hay alguna respuesta a la gestión que hice el año pasado?”, se le preguntó el pasado 2 de enero pasado en un mensaje. No contestó ni el saludo.

A Carbajal también se le pidió una entrevista con el director de Centros Penales, quien en los últimos meses ha esquivado a los periodistas ante el escándalo por no revelar quién pagó sus vuelos en aviones privados. Pero el jefe de comunicaciones tampoco dio una respuesta a esa petición.

Una piñata con las leyes

Dos abogados consultados por Revista Factum, quienes opinaron del caso en condición de anonimato, coincidieron en que existen indicios de que De la O cometió el delito de falsedad ideológica, que puede ser castigado hasta con seis años de prisión.

“Hay violación del artículo 284 del Código Penal debido a que en un documento público, como puede ser la solicitud de empleo o en la página web oficial de Centros Penales, declara que es abogado. Hay por lo menos responsabilidad penal, administrativa, civil, ética del funcionario y de los que lo contrataron o lo protegen”, dijo uno de los abogados.

Una abogada explicó que cuando las instituciones someten a concurso una plaza piden que los aspirantes al cargo presenten sus atestados certificados por un notario. Por lo tanto, en su opinión, la Fiscalía no solo debería investigar al que insertó la información falsa en la hoja de vida, sino también a las personas dentro de Centros Penales que hicieron una excepción y omitieron los filtros en el proceso de selección.

Aunque Centros Penales nunca entregó copia de los atestados, Revista Factum tuvo acceso a las fotografías de algunos de los diplomas falseados. Según una fuente que proporcionó copia de esos documentos, De la O estuvo buscando a un notario que le ayudara a certificarlos.

“Hay un bien jurídico afectado, que es la fe pública, porque él era el encargado de la emisión de solvencias. No tiene ni tan siquiera transparencia en su persona y él está haciendo esto. Fue contratado sin tener la idoneidad para el cargo”, comentó la abogada.

El artículo 289 del Código Penal define el castigo para el delito de ejercicio ilegal de la profesión: “El que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, se atribuyere carácter de tal y la ejerciere o realizare actividades propias de ella, será sancionado con prisión de uno a tres años”.  Ambos abogados coinciden en que De la O también consumó esta infracción: “Él puede decir: yo no sellaba como abogado, pero lo contrataron en carácter de tal, entonces estaba ejerciendo actividades propias de un licenciado en Ciencias Jurídicas”.

Otra de las funciones del jefe de Registro Penitenciario, además de la atención jurídica a los usuarios, es la “revisión, marginación y firmas sobre respuestas de las diversas peticiones procedentes de las instituciones públicas, autónomas y abogados particulares”. El abogado consultado, quien es experto en derecho administrativo, sostiene que habría que revisar la legalidad de todos los documentos firmados por De la O porque, en su opinión, todos son nulos porque fueron firmados por una persona que no reunía las credenciales para el cargo.

Centros Penales violó la propia ley que le rige. El artículo 81 de esta dispone que el personal penitenciario “será cuidadosamente seleccionado teniendo en cuenta su integridad y capacidad personal”. Eso, con De la O, nunca se cumplió. La misma ley, en el artículo 83, exige que todos los empleados penitenciarios sean de notoria moralidad y honradez.

De la O no es el único que no llena una exigencia de ley en Centros Penales. Osiris Luna, su jefe, también  incumple el perfil exigido para ocupar el cargo de director general. Luna es egresado de Ciencias Jurídicas aun cuando la Ley Penitenciaria exige que el director y subdirectores tengan un grado universitario.

En los últimos meses han proliferado los casos de amiguismo, compadrazgo y nepotismo tanto en contrataciones en el Órgano Legislativo y en el Ejecutivo. Investigaciones periodísticas recientes han comprobado que en instituciones claves, como la Asamblea Legislativa, lo que funciona es el tráfico de influencias para obtener una plaza. Y el presidente Bukele, que ha colocado en el Gobierno a familiares, compadres y amigos, tampoco ha dado señales de querer acabar con estas prácticas ni en Casa Presidencial ni en sus oficinas de gobierno.

Luis de Jesús De la O camina de espaldas a la cámara (izquierda), cuando periodistas de Revista FACTUM llegaron a cuestionar su contratación.  Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El día en que los dos periodistas llegaron a Centros Penales, De la O se retiró a media entrevista y se fue a buscar a Juan Carlos Fuentes Díaz, quien fue director jurídico del Ministerio de Seguridad y quien desde el pasado 6 de enero, al menos en los papeles, lo relevó en el cargo de jefe de Registro Penitenciario. Fuentes Díaz intentó mediar por su compañero.

—Yo le estaba explicando al licenciado De La O que hemos documentado que él falsificó su currículo, que dijo que se había graduado de la UES, que dijo que recibió cursos que en realidad no recibió y que con esa documentación fue jefe del departamento de Registro Penitenciario. Él presentó su renuncia al cargo para que asumiera usted —le dijo Factum a Fuentes.

—Quien se vea afectado por eso, si hay alguien que se pueda ver afectado, que yo no sé quién pueda ser, podría ir ante las instancias pertinentes —respondió el funcionario.

—¿Usted es abogado?

—Por supuesto.

—¿Pero sabe que lo que él ha hecho es delito?

—No le podría decir. No podría emitir ninguna opinión en cuanto a eso. Perdone, pero voy a ir a una reunión… (Fuentes Díaz empieza a caminar.)

—Pero, licenciado, usted se está convirtiendo en cómplice…

—No, en absoluto.