Osiris Luna se niega a revelar quién pagó sus vuelos secretos

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, el viceministro y director de Centros Penales sostiene que sus viajes de trabajo, pagados por privados, no son de carácter público. En el documento, Luna también informa que ha tenido otro viaje a Los Ángeles, pagado por particulares.  Una sentencia de la Sala de lo Constitucional, sin embargo, contradice a Luna: los viajes de los funcionarios son de interés público. 

Foto/Dirección de Centros Penales


El de México, conocido por las fotografías en jet privado que inundaron las redes sociales, no ha sido el único viaje de Osiris Luna. El viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de Centros Penales también voló a Los Ángeles, California, a inicios de octubre, un viaje de trabajo que, según él, fue pagado por particulares. En respuesta a una solicitud de acceso a la información hecha por Factum, el funcionario público se negó a revelar quién pagó por esos viajes, alegando que únicamente está obligado a “brindar información referente a los vuelos que han sido pagados con fondos públicos”.  Algo que, según la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no es cierto. 

En el memorando REF. DG-0397/2019, Luna hizo referencia al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública que establece la publicidad obligatoria de la información sobre viajes que realicen los funcionarios públicos, aunque no menciona nada sobre los viajes privados. Ese fue su argumento para no explicar quién pagó el jet privado pese a ser un viaje de trabajo, un viaje como funcionario público. 

Y tampoco para aclarar sobre los costos de su viaje a Los Ángeles, una obligación laboral, según su propio informe, que fue costeado por particulares.

Una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional el 10 de octubre del 2017 contradice los argumentos de Luna. En dicha resolución, número 713-2015, la sala declaró que los viajes del expresidente Mauricio Funes y de cualquier otro funcionario tanto oficiales como privados se “revisten interés público, en la medida que resulta necesario, en el contexto de un Estado Constitucional de Derecho como el salvadoreño, el escrutinio ciudadano sobre el control que de tales viajes realizan las instituciones públicas, entre otros aspectos». En esa ocasión, la Sala ordenó a la Presidencia entregar la información sobre los viajes del expresidente. 

LEA LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

El pasado 10 de noviembre, luego de que una foto de Luna y su asesora Doris García a bordo de un jet privado se filtrara en las redes sociales, el viceministro y director publicó algunos intentos de aclaración a través de su cuenta de Twitter. “Fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad. Viajé ida y regreso por Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado”, tuiteó Luna.

Días más tarde, el presidente Nayib Bukele se limitó a repetir, ante preguntas de la prensa, que el viaje de Osiris Luna no fue pagado con fondos públicos, y que su gobierno no pagaría viajes privados para ningún funcionario. Sin embargo, tampoco quiso aclarar quién pagó el viaje.

Ante la polémica generada en las redes sociales, Luna dijo también en Twitter que el costo total del vuelo para los salvadoreños “incluyendo alimentación y hotel fue: $0.00 y cualquiera puede obtener esa información en la oficina de acceso a la información pública”. Un mes después, Luna se niega a dar información sobre los viajes que él mismo confirma a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la institución que dirige.

Factum solicitó al Viceministerio de Justicia y a la Dirección General de Centros Penales información sobre todos los viajes o misiones oficiales realizadas por Luna desde que asumió su cargo, a principios de junio de 2019, hasta la primera quincena de noviembre. Por cada uno de los viajes este medio solicitó que las instituciones detallaran el nombre de los acompañantes, las cartas de invitación a los eventos, los informes realizados por el funcionario al regresar, gastos en viáticos, itinerario, entre otros detalles. 

El 26 de noviembre Luna remitió un memorando en respuesta a la solicitud de este medio. En el documento, Luna informa que durante lo que va de su gestión ha realizado dos viajes al exterior. El primero fue del 1 al 5 de octubre y el segundo del 10 al 13 del mismo mes. 

Sobre su primer viaje, Luna detalla que su destino fue la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Durante esos cinco días, el funcionario dice que conoció el “Proyecto de Reducción de Pandillas y Desarrollo de la Juventud”. “Con esta experiencia se obtuvieron insumos que contribuyen a fortalecer el trabajo que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) realiza en materia de Rehabilitación y Reinserción”, dice el documento. 

Pese a que la petición de información era clara, Osiris Luna evitó aclarar quién pagó por este viaje, qué institución lo invitó y qué personas lo acompañaron.

Factum también pidió información específica sobre el último viaje realizado por el funcionario a México y pidió a la DGCP entregar una copia de la invitación al evento que asistió, si fuera el caso, detallar nombre y cargo de sus acompañantes e informar si realizó vuelos en aviones privados en el interior del país destino, así como informar quién pagó dichos vuelos. 

Sobre este último requerimiento, el director de Centros Penales se limitó a decir que su viaje a México fue el segundo de su gestión, sin informar la ciudad ni a qué evento asistió. El funcionario también se negó a decir el nombre de la persona que lo acompañó y solo apuntó que “es personal de apoyo a mi despacho y que, de igual forma, no se utilizaron fondos públicos para sufragar los gastos”. 

De este último viaje, la DGCP adjuntó una copia del itinerario de vuelo entre El Salvador y Ciudad de México. De acuerdo con el documento, Luna despegó el 10 de octubre a las 7:59 p.m. desde el aeropuerto Internacional de El Salvador y aterrizó a las 11:15 p.m. en el aeropuerto de la Ciudad de México. El vuelo de regreso fue el 13 de octubre a las 5:50 p.m., aterrizando en El Salvador a las 7:00 p.m.

El gobierno defiende que el viaje en jet privado no fue pagado con fondos del gobierno. Sin embargo, existen precedentes sobre funcionarios que recibieron viajes privados en aviones de empresarios importantes que dieron pie a casos de corrupción. Tal es el caso del exfiscal Luis Martínez y una larga lista de funcionarios y políticos, incluido el expresidente Sánchez Cerén, que viajaron en aviones privados del empresario Enrique Rais. 

Años después de que Factum y otros medios de comunicación revelaran que el exfiscal Martínez viajaba en aviones privados de Rais, la Fiscalía culminó una investigación que reveló que estos viajes eran dádivas a cambio de manipular la justicia a favor del empresario dueño de los jets.

Los logros del viaje secreto de Osiris Luna

A pesar de que Luna se niega a revelar quién le pagó el viaje en jet privado y el hospedaje en México para él y su asesora, el funcionario extendió copia de un “informe” en el que detalla el objetivo y “principales logros” de su viaje a México.

El documento enviado por Luna al ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas no es claro. En tres días de viaje, Luna le asegura al ministro que sus logros fueron “transmitir conocimiento”, “fortalecer el trabajo para poder asesorarlo”, “aprendizaje sobre disminución de llamadas falsas al 911” y “conocimiento sobre el diseño de un programa de intercambio de inteligencia sobre el funcionamiento y operatividad de maras o pandillas”, en México, un país donde las pandillas no son el principal problema de seguridad pública sino el narcotráfico.

En el documento con sello de recibido de fecha 16 de octubre, Luna expone al ministro Rivas algunos detalles interesantes de su viaje.

Como primer punto, el documento dice que el viaje fue “con ocasión de conocer los modelos de seguridad, de intervención policial, eficacia policial, y pronta respuesta a la ciudadanía para el combate frontal de la delincuencia”. Sin embargo, un par de líneas después, en el mismo documento, el funcionario se contradice y señala como objetivo principal otra cosa: “Dar a conocer la estrategia de seguridad que el gobierno de El Salvador emprende, en el marco del Plan Control Territorial, en lo relativo al bloqueo de señal de telefonía en los diferentes centros penitenciarios”.

Luego, siempre en el mismo informe, Luna enumera los que considera principales logros obtenidos de su viaje. 

Luna dice que su principal logro fue exponer la estrategia del gobierno de bloquear la señal telefónica en las cárceles “con el fin de evitar las llamadas de extorsión que se realizan desde los centros penitenciarios”.

El segundo logro no es muy claro, pero él mismo lo describe como “fortalecimiento del trabajo en materia de seguridad ciudadana, ya que en calidad de viceministro de Justicia y Seguridad Pública se espera poder asesorarlo adecuada y oportunamente en este tipo de temáticas cuando sea requerido”.

El tercer logro: “Intercambio de Experiencias con el Comando de Inteligencia Policial para dar tratamiento a los miembros de maras o pandillas que se encuentran privados de libertad”. Y como cuarto enumera lo siguiente: “Aprendizaje sobre la unificación de primeras respuestas, como el 911, donde se atienden emergencias en materia de salud, protección civil y policiales, así como también la disminución de llamadas de emergencias falsas”. 

El quinto punto es todavía más confuso que los anteriores: “Conocimiento del combate frontal a la delincuencia y del control estatal dentro de los recintos penales, a partir del intercambio de experiencias entre ambas naciones”.

Y el sexto y último logro, según Luna, fue la “Transmisión de conocimiento en el diseño de un programa de intercambio de inteligencia sobre el funcionamiento y operatividad de maras o pandillas basada en la recolección de experiencia de expandilleros y el éxito de la implementación del Plan Control Territorial dentro de los penales salvadoreños”. 

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