Toda la información que nos negaron

Resoluciones alojadas en el portal de Transparencia de la Presidencia evidencian retrocesos en cuanto a entregas de información pública durante el primer año del presidente Bukele.  El Plan de gobierno, los costos de los viajes del presidente, compras de la secretaría de comunicaciones, gastos publicitarios y el listado de todos los funcionarios nombrados por Bukele se encuentran en la información oculta. Periodistas e investigadores advierten deterioros en transparencia. En el último año, el Ministerio de Salud encabeza la lista de las instituciones más denunciadas por denegar información pública a los ciudadanos.

Ilustración FACTUM/Andrea Maida

El presidente de El Salvador le regaló una computadora a una pareja de youtubers estadounidenses que habló bien del país. Un ciudadano quería saber cuánto costó esa computadora, y para ello envió la siguiente solicitud a Casa Presidencial (CAPRES): “Necesito copia de las facturas (compra y envío por courier) de la Mac Book Pro que el presidente bachiller Nayib Bukele le regaló a los youtubers the nomadic movement”. A la oficial de información de la Presidencia le pareció que esa solicitud, por incluir el grado académico alcanzado por el presidente, era peyorativa. Bajo ese razonamiento la declaró inadmisible y no entregó la información. Como esa, hay decenas de resoluciones en el primer año de Gobierno de Nayib Bukele con las que, vía tecnicismos o con clasificaciones de reserva, ocultaron información a los ciudadanos.

Revista Factum analizó las 564 respuestas a solicitudes de información que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Presidencia procesó desde el 1 de junio de 2019 hasta el de 27 de enero de 2020, cuando dejaron de subir al portal de transparencia sus resoluciones. Denegada, inadmisible e inexistente son las palabras que más se repiten en esos documentos.

De las más de 500 solicitudes, Presidencia entregó información en 94 ocasiones y denegó más del doble: 228 solicitudes de información pública fueron negadas a los ciudadanos. El resto (242) corresponden a los expedientes laborales requeridos por los empleados que Casa Presidencial despidió al inicio de la gestión Bukele. Es decir, información propia que pidieron los empleados al ser cesados de sus puestos a inicios de junio de 2019.

Los bloqueos y retrocesos en acceso a la información pública, además de quedar en evidencia en esas respuestas, también han sido percibidos por seis periodistas y dos investigadores que hacen uso frecuente de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), quienes consideran que hubo menos transparencia y más obstáculos para obtener información pública en el primer año de Gobierno de Bukele.

“Si me tocara poner una nota sería difícil, diría que ha sido un 5. Nos encontramos con un gobierno que ha mostrado que no quiere ser fiscalizado y que limita mucho el acceso a la información”, opina David Bernal, periodista de Revista Focos.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), encargado de velar por el acceso de toda persona a la información pública, también advierte retrocesos en materia de transparencia.

“Ha habido cierta resistencia en entregar la información y en algunos casos se ha retrocedido, como este punto (de) acudir a la Sala de lo Contencioso, no publicar información oficiosa, reservar información”, dice Cristina Pérez, presidenta en funciones del IAIP.

El IAIP tiene activos 118 casos contra instituciones del Órgano Ejecutivo por denegatorias de información. El Ministerio de Salud es el ente que ha sido más apelado: con 34 procedimientos en total, seguido por la presidencia de la República que tiene 17 casos, y luego el Ministerio de Hacienda.

¿Qué denegó la presidencia en el primer año? El repaso por las 564 resoluciones solo de la Unidad de Acceso de la Presidencia refleja que entre lo denegado hay ejemplos de información que, por ley, debería ser pública porque entra en la categoría de información oficiosa. El artículo 10 de la LAIP establece que es obligación de las instituciones hacer pública información oficiosa como el plan general del Gobierno, o información sobre viajes y compras de los funcionarios.

El plan de Gobierno, pese a ser información oficiosa, fue negado en octubre de 2019 porque para entonces no estaba listo, según consta en la resolución 569-2019. La Presidencia también rechazó entregar información sobre los viajes del presidente a México y Nueva York, y también denegó la copia de los acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos y México.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, junto al presidente Nayib Bukele, en la Cooperativa El Achiotal, en San Luis Talpa, La Libertad, El Salvador, el 19 de julio de 2019. Ese acuerdo entre ambos gobiernos ha sido ocultado por la administración Bukele. Foto FACTUM/ Salvador MELÉNDEZ.

El primer decreto Ejecutivo de la administración Bukele fue el que clasificó como “secreto de Estado” toda la información administrativa, que incluyó el presupuesto  del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). “Este caso no puede verse aisladamente: impacta negativamente en otros derechos, en los niveles de opacidad del Órgano Ejecutivo y en las posibilidades reales o irreales de ejercer controlaría ciudadana en un organismo que sigue siendo ‘la última frontera’ para la transparencia del sector público”, dice Roberto Burgos, el abogado que solicitó esos datos.

En diciembre pasado, el IAIP le ordenó a la Presidencia modificar la reserva impuesta y hacer pública la información administrativa del OIE, pero hasta ahora el Ejecutivo ha desobedecido esa orden. “Esto último constituye una falta grave de acuerdo a la LAIP, por lo que solicitaré se inicie un proceso administrativo sancionatorio contra el presidente de la República”, advierte Burgos.

El Gobierno de Bukele se alistó para negar información desde el principio. Modificó el reglamento interno del órgano Ejecutivo para que la Secretaría Jurídica coordinara todas las unidades de acceso a la información, y también cambió a los oficiales de información de las principales instituciones: hasta enero de 2020 habían sido removidos 22 oficiales. Además, en los primeros acuerdos ejecutivos, el presidente delegó a sus secretarios para poder clasificar y a reservar información. Desde entonces, funcionarios como la secretaria de comunicaciones, Sofía Medina, y el secretario de prensa, Ernesto Sanabria, quedaron habilitados para hacer este tipo de declaratorias.

Medina aprovechó esa facultad para negar información sobre sus compras. Las contrataciones o adquisiciones ya consumados son información oficiosa, es decir, deberían estar expuesta al público por ley. Pero hasta eso reservó la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia para un plazo de cinco años.  “La información relativa al listado de compras de bienes y servicios realizados por la Secretaría de Comunicaciones del 28 de agosto al 20 de noviembre del 2019, le informo que esta información se encuentra clasificada como reservada”, se lee en la resolución 627-2019.

La Presidencia también ha negado información de gastos en propaganda y publicidad y reservó la información sobre las razones del cierre de cinco secretarías y del despido de 600 personas, hechos al inicio de la actual administración. Lo único que entregó, según consta en el portal de transparencia, fueron los 242 expedientes laborales a los despedidos.

Entre la información denegada se encuentra, por ejemplo, el currículum del secretario de Prensa Sanabria; el decreto ejecutivo que permitió la creación de la figura del asesor en seguridad nacional (cargo ocupado por Alejandro Muyshondt); el listado de funcionarios nombrados por el presidente Bukele; o la copia de la versión pública de los contratos de los asesores de la presidencia.

Más trabas y peros

También hay otra constante: las solicitudes de información que fueron declaradas inadmisibles. Se trata, en esencia, de peros y trabas a las solicitudes o señalamientos de falta de claridad en las solicitudes, algo que en la jerga de las solicitudes se conoce como prevenciones. Los periodistas consultados creen que esto ha sido usado como un mecanismo para desalentar o dilatar las solicitudes.

“Mis solicitudes no han avanzado porque el oficial de información de CAPRES me dice que estoy pidiendo información que no existe o que no he pedido con suficiente claridad. Me piden aclarar lo que pido exactamente, me dicen que no entienden, me frustro y ya no sigo la gestión porque lleva demasiado tiempo conseguir que ‘comprendan’ lo que les estoy pidiendo”, afirma Lilian Martínez, editora de la unidad de Datos de El Diario de Hoy.

La LAIP obliga a los funcionarios a garantizar la sencillez y la prontitud en los procesos. Pero, según resienten los consultados, hay oficinas que lejos de simplificar, complican.

“Hay que ser muy específico a la hora de redactar la solicitud. En una ocasión pedí copia de un documento que yo sabía que estaba elaborado, pero de manera muy general; entonces la unidad de acceso a la información me dio a entender que no lo tenían. Elaboré de nuevo la solicitud y cité el nombre exacto del documento e incluso anexé una copia de la portada, ya con eso sí lo pude obtener”, relata Rosa María Pastrán, periodista especializada en economía en La Prensa Gráfica.

Los oficiales de información responden a los solicitantes que “no entienden bien lo que se está pidiendo”, dice Carlos Palomo, presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos (TRACODA), quien señala que la práctica de aplicar tecnicismos para dilatar las respuestas venía desde el Gobierno anterior, pero se ha extendido en la administración actual.

Decir que la información es inexistente es otro camino que encontró la Presidencia para negar datos. Lo usó, por ejemplo, para no decir cuánto gastó el Gobierno en llevar a una comitiva de periodistas de diferentes medios a cubrir la participación del presidente Bukele a la Asamblea de Naciones Unidas, en septiembre de 2019.

La Presidencia, pese a ser información oficiosa, ha negado la información relacionada con las misiones oficiales del presidente. También declaró inexistente los gastos del viaje a México realizado por Bukele en junio de 2019. En la resolución 641-2019 negó, por “inexistente”, la información sobre quién pagó el boleto y los viáticos tos de Karim Bukele, hermano del presidente, en la gira a Asia realizada a finales del año pasado. Tampoco quiso informar sobre el objetivo de la presencia del hermano del presidente en dicho viaje.

Hubo alguien que quería saber “¿Cuál es el fundamento técnico bajo el cual el presidente de la República se ha mandado a hacer videos de autofelicitación y autoadulación, y publicándolos en las cuentas institucionales de Twitter de las entidades que son parte del Órgano Ejecutivo de acuerdo al RIOE (Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo)? Específicamente en ocasión de los siguientes acontecimientos: a. ¿Su cumpleaños b. Día del padre c. Día del zurdo d. Nacimiento de su hija?”. Esa información también fue denegada porque la Unidad de Acceso de la Presidencia la declaró inexistente.

“Es una administración que en sus primeros meses ha demostrado que no está abierto a rendir cuentas ni a la transparencia. Basta con observar las agendas de sesiones del Instituto de Acceso a la Información Pública para darnos cuenta de que ha usado todos los recursos disponibles para postergar la entrega de información pública”, opina Jimmy Alvarado, periodista de El Faro.

Los periodistas consultados también señalan un retroceso en la actualización y divulgación de información oficiosa. La última actualización de información oficiosa en la página de la presidencia es de abril de 2020 sobre contrataciones de 2019, que permite saber, por ejemplo, que la ambientación para un solo evento navideño costó $5,085.

“Evaluamos negativamente al Gobierno en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública. Con el pasar del tiempo, es evidente que los portales de transparencia ya no se actualizan con la debida diligencia, también se nota cómo se está usando la jurisdicción contencioso administrativa para dilatar la entrega de información”, dice Palomo, de TRACODA.

Yolanda Magaña, editora de política de Diario El Mundo, ve más retrocesos que avances, porque ahora se niega información que antes era pública. Ella cree que la tendencia, desde el inicio de la gestión, fue dar menos información. Pone un ejemplo: le han negado información de una de las oficinas que consideraba más abierta en el gobierno del FMLN, la del Ministerio de Hacienda.

“Los datos globales de los gastos reservados ya no pueden ser conocidos y fueron públicos incluso durante los gobiernos del FMLN que nunca quisieron explicar por qué se usaron en diferentes unidades presupuestarias de Presidencia, ni por qué crecían y decrecían de una unidad a otra. Hoy ha desaparecido el dato oficioso de la ejecución presupuestaria de este gasto, que simplemente era una cifra mensual del gasto programado y ejecutado”, ejemplifica Magaña.

Otros ministerios han tenido lo suyo. El Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Centros Penales convirtieron en misterio quién pagó los viajes de Osiris Luna, director de Centros Penales, a México. Ambas instituciones negaron dicha información que, por tratarse de viajes en misión oficial, debió ser pública. La información todavía estaría oculta de no ser porque El Faro reveló que una empresa multimillonaria, experta en servicios de videovigilancia y seguridad, pagó los vuelos privados del funcionario. Ese caso es uno de los que está en estudio en el Instituto de Acceso a la Información.

El Director de Centros Penales, Osiris Luna, cuestionado por la opacidad generada por sus viajes secretos. Foto FACTUM/ Salvador MELÉNDEZ.

“Hemos notado en algunas dependencias, como Centros Penales, un mayor incremento en los índices de reserva. Esto quiere decir, que han reservado mucha más información, para mencionar un ejemplo está el caso de la información de las tiendas penitenciarias”, señala la presidenta del IAIP, Cristina Pérez.

El boicot al tribunal

Los comisionados del IAIP han percibido que, desde que empezaron a conocer las apelaciones por la denegatoria de información de los viajes de Osiris Luna, los abogados del Ejecutivo los han bombardeado con recursos para intentar apartarlos de los procesos.

“Todo este año se ha notado una interposición desproporcional de incidentes a modo de tratar de separar a los comisionados que han conocido esos procedimientos. Se ha visto que estos incidentes son para poder dilatar la tramitación de los procedimientos. Lo extraño es que nunca antes se había cuestionado la imparcialidad de los comisionados y fue de un tiempo para acá”, dice la comisionada Pérez.

Hay instituciones que han mostrado más resistencia a entregar información oficiosa o a cumplir las órdenes del IAIP. En marzo de 2020, el Ministerio de Defensa impidió que los comisionados del Instituto ingresaran a las instalaciones militares a realizar una inspección de los archivos militares.

El Gobierno ha usado la jurisdicción contenciosa administrativa para intentar revertir las decisiones del Instituto. Solo en la Cámara de lo Contencioso, de reciente creación, hay 14 procesos en trámite contra decisiones del IAIP. Uno de los que ha acudido a esa instancia es el Ministerio de Defensa para no cumplir la orden del Instituto de revelar la información sobre la construcción y licitación del Hotel Estancia Militar y del edificio que albergará al Estado Mayor General del Ejército.

El año pasado, el Ejecutivo intentó colocar a un comisionado en el IAIP con la elección de Juan Carlos Turcios, un hombre de confianza del Ministro de Gobernación Mario Durán y empleado de ese ministerio poco antes de su elección. Turcios terminó renunciando porque fue recusado en la mayoría de casos que conoció, porque en la mayoría tenía intereses el Gobierno central. No era el primer intento del Ejecutivo por tener el control del IAIP: en junio de 2019, cuando la institución era presidida por René Cárcamo, Casa Presidencial intentó que le siguieran enviando informes con datos confidenciales de los solicitantes de información.

Juan Carlos Rodríguez Turcios (derecha) fue nombrado a escondidas del gremio de periodistas como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), por parte de Casa Presidencial. Foto FACTUM/ Salvador MELÉNDEZ.

El Instituto, en opinión de los periodistas consultados, ha servido de contrapeso para los retrocesos en materia de transparencia. “En el gremio escuché varias voces que pensaban que el IAIP protegería al nuevo gobierno, pero fue todo lo contrario. Es bueno ver a comisionados que no han cedido ante las presiones y que luchan por garantizar el acceso a la información”, opina David Bernal, de Focos TV.

La centralización

No solo se trata de bloqueos a solicitudes de información. Otra manera de restringir el acceso a la información pública es con la centralización de las gestiones en Ernesto Sanabria, el secretario de Prensa de la Presidencia, advierte la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que aglutina a 250 periodistas y comunicadores. La APES percibe que hay retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información pública con el bloqueo a periodistas. La gremial, de hecho, es una de las asociaciones que solicitó información sobre los viajes del presidente y se lo negaron.

“Este gobierno se caracteriza por la opacidad, por la falta de interés en rendir cuentas y lo más preocupante es que el presidente divulga contenido de desinformación… El proceso de transparentar al nuevo gobierno ha resultado difícil, porque hay mucha centralización de información, todo se está canalizando a través de la Secretaría de Prensa, no todos los medios de comunicación tienen la oportunidad de entrevistar a funcionarios, muchos funcionarios están yendo a determinados medios”, dice Angélica Cárcamo, la presidenta de APES.

Cárcamo recuerda que el anterior presidente, Salvador Sánchez Cerén, nunca quiso dar declaraciones o entrevistas a la prensa, pero sí lo hacían sus funcionarios. Este Gobierno, en cambio, también restringe las declaraciones que puedan dar los ministros a los medios.

“Me ha sorprendido mucho la estrategia del gobierno de que una sola persona, Ernesto Sanabria, sea el que controle todas las comunicaciones de los funcionarios. Son muy pocas autorizadas para hablar… He notado que los jefes de comunicaciones y prensa de las instituciones ya no colaboran como antes”, coincide Bernal, de Focos TV.

Jimy Alvarado, periodista de El Faro, también considera la centralización como un obstáculo para ejercer. “La decisión de centralizar todas las gestiones de entrevistas con el secretario de prensa y la falta de transparencia en los criterios que usa esta oficina para asignar quiénes pueden hacer preguntas en las conferencias de prensa es una de las principales limitantes para poder obtener información”, considera el periodista.

El secretario de prensa de la Presidencia Ernesto Sanabria usando su teléfono celular durante el evento de entrega de Credenciales del TSE a Nayib Bukele y Félix Ulloa.
Foto FACTUM/ Salvador MELÉNDEZ.

La Secretaría de Sanabria prohibió el ingreso de periodistas de El Faro y Factum a Casa Presidencial en septiembre de 2019 y tuvo que revertir esa medida ante la presión internacional. También eliminó a periodistas de ambos medios de los grupos de Whatsapp donde divulga convocatorias de prensa. Y varias cuentas oficiales de funcionarios o ministerios han bloqueado a periodistas de de Twitter, la principal red social donde el Gobierno informa de sus decisiones.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe más reciente alertó que en El Salvador “las libertades de expresión y de prensa están enfrentando los peligros más graves de las últimas décadas”.

El último episodio

La opacidad aumentó con la llegada de la pandemia del Covid-19 a El Salvador. Las solicitudes de información quedaron truncadas y las Unidades de Acceso de Información Pública del Ejecutivo, también conocidas como Oficinas de Información y Respuesta, pusieron en cuarentena el derecho a la información pública y congelaron los pazos. Con base al decreto legislativo 593, las oficinas de Gobierno suspendieron todos los plazos para la tramitación de solicitudes de información.

“Lo que más se puede destacar como retroceso en este período es ‘haber puesto en el congelador’ la LAIP durante la emergencia por Covid-19. Eso impide contrastar, completar o corroborar algunos datos que brindan por estos días los funcionarios. De momento, hemos recurrido a los portales de transparencia, otros sitios que tienen cierta información pública, sitios de organismos multilaterales, etc. Pero es una herramienta necesaria con la que, de momento, no contamos”, opina Rosa María Pastrán, de La Prensa Gráfica.

El IAIP también giró directrices para la publicación de información oficiosa durante la pandemia, disposiciones que han sido ignoradas por los principales ministerios. La información disponible en Comprasal sobre las compras de emergencia, por ejemplo, es mínima. Tampoco hay información sobre la cantidad de insumos disponibles en el Ministerio de Salud, o sobre las contrataciones directas que el Ministerios de Obras Públicas para la construcción del hospital del CIFCO.

“La emergencia le ha permitido blindar y centralizar el control sobre la información que debería estar al alcance de todos. El gobierno no cumple las directrices del IAIP sobre la publicación oficiosa de información en el Portal de Transparencia para la emergencia por Covid-19. Ni siquiera han admitido solicitudes de acceso a la información desde que inicio la emergencia”, agrega Alvarado, periodista de El Faro.

La Asamblea aprobó este sábado 30 de mayo una nueva ley de emergencia, que trata de resucitar el derecho de acceso a la información y de enmendar la cuarentena obligatoria en la que estuvieron las solicitudes de información desde la aprobación del decreto legislativo 593. El presidente ya anunció que la vetará.