Cuando me dijo que su esposo le leía despacio todas las mañanas las notas de los periódicos y de las revistas, me cuestioné:
¿Y si un día mis ojos dejaran de ver? ¿Tendría a alguien que hiciera eso, tan hermoso, para mí?
Rosario era una no vidente de 51 años que padecía la fase más grave de insuficiencia renal, enfermedad que carcome los riñones, órganos vitales para purificar la sangre en nuestro cuerpo. La sufría desde 1998 y murió en su cama la noche del pasado viernes 1 de septiembre de 2023, en la intimidad de su casa, esperando a su esposo, quien aspiraba a ser su donante de riñón. Sus últimos días estuvo hospitalizada, muy grave. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) narró su caso en redes sociales.
Murió esperando la liberación de su esposo, Juan, arrestado en abril de 2022, en Cuscatlán, durante el régimen de excepción que se ha vuelto permanente en El Salvador y que nos tiene heridos. Al esposo de Rosario lo acusaron de agrupaciones ilícitas, el mismo delito que no le ha sido comprobado a decenas de salvadoreños encarcelados, pero que les ha condenado a prisión indefinida. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reveló en agosto pasado que 7,000 personas –de un presunto universo de 72,000 arrestados durante el régimen de excepción– fueron liberados. Organizaciones de derechos humanos afirman que, de ser cierta, esa cifra reconfirma las detenciones arbitrarias que están ocurriendo en todo el territorio.
Rosario estaba muy enferma. Padecía diabetes, infección en las vías urinarias y trastorno depresivo, pero las lecturas de su esposo la tranquilizaban. Ella siempre sostuvo que el arresto era arbitrario.
Durante los últimos cinco meses que estuvimos en contacto, Rosario siempre estuvo de acuerdo con narrarme su historia completa, sin censuras ni condiciones; con sinceridad. Ella estaba consciente de su condición de salud y de las repercusiones que tiene imponerse ante un sistema que criminaliza a los pobres. Estaba dispuesta a hacer valer sus derechos. Nunca se ocultó.
En mayo pasado me pidió tiempo, antes de publicar su historia, pues no quería ser estigmatizada por sus vecinos de una colonia de Soyapango. No quería sentirse señalada. Ya cargaba con su deteriorado estado de salud, en la competencia por su vida. Me narró su historia de amor con Juan y sus problemas económicos. Lo hacía de a poquito, porque estaba cansada. Hablar durante muchos minutos le provocaba ataques de tos. Por eso hicimos varias pausas.
Cuando arrestaron a Juan, ambos estaban luchando, sometiéndose a exámenes en el Seguro Social, para que él pudiera donarle su riñón a Rosario, y ella volviera a estar saludable. Decenas de análisis han sido documentados por el Idhuca, estudios que hicieron que sonaran campanas de buenos tiempos, pues todo apuntaba a que eran compatibles.
El programa de trasplante de riñón del Seguro Social inició en 1985 y le ha dado una bocanada de aire fresco a 900 personas y les ha permitido llevar una vida normal por entre 15 y hasta 25 años más. Rosario anhelaba ese respiro, pero no lo tuvo.
En mi reporteo de esta historia, logré confirmar que después de la presentación de escritos con arraigos y reportes médicos en una audiencia especial de revisión de medidas, hecha el 3 de noviembre de 2022, un juez especializado decretó medidas distintas a la detención. Dice la resolución:
“A fin de que en libertad pueda someterse al proceso de donar un riñón a su esposa […], lo cual no puede realizarse en detención por las consecuencias post operatorias que puedan surgir”.
En esa ocasión, el juez consideró que esperar los plazos para que se resolviera la situación jurídica de Juan ponía en grave riesgo la vida de su esposa.
Un Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador sustentó su resolución en el artículo dos de la Constitución que dice que:
“Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.
El Juzgado también vinculó su resolución al artículo 65, que reza que el Estado está obligado a velar por la conservación de la salud de los habitantes de la República.
Sumado a ello, una resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 19 de mayo de 2004 terminó de reforzar el argumento para declarar la libertad de Juan, pues estableció que “el derecho a la vida supone el derecho a que la vida no sea puesta en peligro”.
Pero él nunca salió de la prisión. La Fiscalía apeló ese falló y una de las Cámaras Especializadas de lo Penal lo revirtió bajó la conclusión de que no fueron presentados los documentos que demostraran que el esposo de Rosario cumplía con los requisitos de compatibilidad de órganos y de condición de salud óptima para ser su donante de riñón. La Cámara también aseguró que no existían los suficientes elementos que garantizaran que el detenido tuviera un domicilio fijo o un trabajo estable; situación que generaba un peligro de fuga.
El proceso judicial siguió, con acompañamiento del Idhuca. La Cámara Primero de lo Penal resolvió que Juan siguiera su proceso judicial en libertad para apoyar a Rosario en su tratamiento. Sin embargo, la Dirección de Centros Penales no cumplió la resolución, alegando que la Fiscalía había iniciado otro proceso judicial, por un nuevo delito.
Juan sigue en prisión. Según los relatos de sus familiares, fue trasladado desde el penal de Mariona, en San Salvador, a la granja penitenciaria de Zacatecoluca, en La Paz. En los últimos meses de su vida, Rosario logró verlo dos veces en el hospital Médico Quirúrgico, porque a pesar de estar arrestado, continuaron con los análisis para concretar el trasplante. Sin embargo, el tiempo no les alcanzó y los días en la cárcel complicaron la condición de salud de Juan, el potencial donante de riñón, quien fue diagnosticado con desnutrición y cardiopatía, una enfermedad del corazón que puede provocar que sufra un infarto en cualquier momento.
Cuando estás líneas sean publicadas, Rosario ya habrá sido enterrada en el cementerio Jardines del Recuerdo. Sus abogados están devastados. Lo sé, porque los conozco; los he visto sufrir, con los ojos húmedos, impotentes, debido a los desenlaces fatales que ha provocado el régimen de excepción.
Como periodista, ciudadana y ser humano, también lloré a Rosario. Con la capa de heroína que nos colocamos –sin querer y para darle sentido a este oficio–, también me cuestioné si el rumbo de esta historia fuera distinto si en mayo pasado hubiéramos insistido más, si hubiéramos convencido a Rosario y a su familia –quienes tenían un miedo justificado– de publicar el caso con nombres y apellidos de víctimas y victimarios.
Buen viento, Rosario. Prometo trabajar para asegurar a mi lector designado.
- Los nombres de los protagonistas de esta columna fueron cambiados por respeto al duelo que viven sus familias y por protección del esposo de Rosario, quien continúa arrestado.
- Loida Martínez Avelar es periodista con dieciséis años de experiencia. Parte del equipo de investigación de Revista Factum; graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Ha publicado investigaciones de corrupción, derechos humanos y deportivas. Durante nueve años trabajó en La Prensa Gráfica. Catedrática universitaria y becaria de Diario AS de España, Fundación Gabo, International Women´s Media Foundation, Internews y de los Ciclos de Actualización para Periodistas.
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