@revistafactum #EditorialFactum ♬ sonido original – Revista Factum
El caso de la violación de una niña de 13 años ocurrido en Mizata, La Libertad, por el que han sido detenidos seis miembros de la Fuerza Armada es un escándalo mayúsculo que debería tener más consecuencias que el futuro enjuiciamiento del sargento acusado de violar a la niña y de los cinco soldados que, cobardemente, habrían sido testigos del crimen.
¿Qué sabemos hasta el momento de este caso? Sabemos que el domingo 24 de septiembre, una niña de 13 años que regresaba de la playa Mizata, en Teotepeque, La Libertad, fue violada. Sabemos que la captura de los seis militares fue posible por la denuncia de la comunidad. Sabemos que la policía, pese a que el puesto policial está a un kilómetro de donde ocurrió el crimen, tardó más de una hora en llegar. Sabemos que a diferencia de otros detenidos, donde únicamente importa la propaganda, los militares no fueron expuestos en un primer momento ante las cámaras. Sabemos que el presidente de la República tardó hasta tres días para pronunciarse. Y cuando lo hizo, aprovechó para volver a difundir la falsedad de que El Salvador es “el país más seguro de Latinoamérica”; y para garantizar la justicia que le corresponde a otro órgano del Estado que, en teoría, debería ser independiente.
Varias cosas saltan a la vista después de este crimen. La más importante es que El Salvador sigue siendo un país inseguro para las niñas y mujeres. Lo segundo: el evidente cinismo gubernamental, que actúa con doble rasero cuando los temas que no le convienen le estallan en la cara. Tuvo que haber investigaciones periodísticas y cientos de críticas en las redes sociales -a veces más útiles que la PDDH- para que el ministro de la Defensa reconociera las capturas y dijera, recordando al exministro Munguía Payés, que se trataba de “un caso aislado”.
Y no, ministro. No son casos aislados. La violencia sexual en El Salvador no es algo aislado. Y el abuso de poder, por desgracia, tampoco. En 2022, según datos de la Fiscalía y recogidos por ORMUSA, casi tres mil niñas y adolescentes fueron violadas o abusadas en El Salvador. Ocho cada día, como apuntaba La Prensa Gráfica. Es humillante para las víctimas que la única forma de obtener justicia sea que su caso se haga viral.
El Movimiento de los Trabajadores de la Policía denunció que la Fuerza Armada intentó ocultar este caso. Una investigación de El Diario de Hoy reveló que el sargento acusado de violación amenazó a la niña diciendo que la capturaría con el régimen de excepción si no accedía a estar con él.
La Fuerza Armada, y su ministro Merino Monroy, deben responder por este caso. Primero, porque la Fuerza Armada no debería estar en las calles: no es su función constitucional. No lo fue cuando Funes los sacó a las calles, no lo fue cuando Sánchez Cerén los mantuvo y ni lo será ahora, cuando Bukele también los usa políticamente.
Y segundo, aunque los dogmas impidan verlo: este es precisamente el peligro de mantener un régimen que suspende los derechos de la ciudadanía y empodera a irracionales armados. Y a populistas sin vergüenza. ¿Vamos a seguir aplaudiendo hasta que nos pase a nosotros?
Opina