Cuatro bebés han muerto debido a la precariedad de salud que enfrentan las mujeres detenidas y sus hijos en la Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate, El Salvador. Carlos y Génesis permanecieron en prisión por varios meses y fueron liberados cuando su estado de salud era crítico y acumulaban varias enfermedades. Ambos fallecieron pocos días después. Keren y Abigail fueron declaradas muertas durante el parto sin que exista evidencia de que sus madres recibieron atención médica adecuada y oportuna en el embarazo.
Fotoilustración/Archivo Factum
A Carlos lo arrestaron cuando tenía siete meses de gestación. El bebé terminó de desarrollarse en el vientre de su madre entre rejas, después de que la capturaron el 12 de octubre de 2022 por el delito de agrupaciones ilícitas en Cuscatlán, al sureste de San Salvador. Su detención ocurrió siete meses después del inicio del estado de excepción, que el 27 de marzo de 2026 cumplió cuatro años de vigencia y es la apuesta emblema de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
Carlos nació en prisión y desde su nacimiento hasta los seis meses conoció las penurias de la cárcel. Vivió en libertad sólo seis días, cuando la suma de varias enfermedades obligó a las autoridades a entregarlo a la familia materna. El niño tenía granos negros en la piel por la escabiosis, el nombre médico de la sarna. Pasó esos pocos días fuera de prisión, pero en varios hospitales, hasta que fue declarado muerto en junio de 2023 por enfermedades respiratorias, en los riñones y el hígado.
Otros tres bebés murieron en condiciones similares, bajo custodia del Estado, entre agosto de 2022 y abril de 2024. Dos de estos bebés nacieron muertos y una más también murió poco después de ser liberada. Las autoridades penitenciarias se niegan a informar sobre la atención que le brindaron a las madres y a los niños. Las mujeres no han podido narrar lo sucedido porque no tienen acceso a visitas de familiares ni abogados. La negación de este derecho está vigente desde la pandemia por COVID-19 de 2020.
Factum tuvo acceso a documentos oficiales, como partidas de defunción e informes médicos, y testimonios que permiten reconstruir la muerte de estos cuatro bebés dentro de las cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022. Una medida que ha sido prorrogada 49 veces por la Asamblea Legislativa, que suspende derechos constitucionales, y que ha llevado a la cárcel a casi 90 mil personas.
A pesar del ocultamiento de información, otro reportaje dejó en evidencia que la Granja Penitenciaria de Izalco ha obligado a vivir sin servicios médicos antes y después del nacimiento a los hijos de las madres arrestadas. Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, la Dirección General de Centros Penales aisló en esa prisión a 30 recién nacidos por un contagio de hongos. Sin acceso a medicinas, las madres bañaban a los bebés con lejía y detergente en polvo, según documentó el periódico El Faro.
La Granja Penitenciaria de Izalco, según la investigación periodística, tiene una clínica con dos doctoras para atender a 150 embarazadas. Una mujer que fue liberada contó que la única atención que le dieron a ella y a su bebé nacido en prisión fueron una cita médica, pastillas prenatales, hierro y antibióticos vencidos.
En contraste con la realidad que se vive en prisión, el gobierno y su aplanadora en la Asamblea Legislativa aprobaron en agosto de 2021 y junio de 2022 dos leyes que promueven la protección de las embarazadas durante el parto y los primeros años de vida de los niños. Las leyes se conocen como Nacer con cariño y Crecer juntos, y ofrecen un parto digno y un sistema de protección para la niñez, dos derechos que no alcanzaron a Carlos, Génesis, Keren, Abigaíl ni a sus madres.
A los cuatro bebés se les dio el mismo trato que a las personas que el gobierno arresta bajo cargos de alta peligrosidad. No tuvieron “el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales”, ni tuvieron la “protección del Estado”, que son los ideales que ofrece la Constitución a la niñez salvadoreña.
La realidad de las mujeres y los niños en prisión no cambió tras la muerte de estos cuatro niños. Los detenidos siguen sin tener derecho a visitas por prohibición del gobierno y tampoco hay atención médica adecuada para las mujeres embarazadas y sus hijos. Los portones de cárceles como la Granja Penitenciaria de Izalco son el centro de un peregrinaje diario de familiares que esperan obtener alguna información.
Las embarazadas recluidas en la Granja Penitenciaria de Izalco son llevadas al Hospital Nacional Jorge Mazzini para dar a luz. Después del parto son regresadas al penal junto a sus bebés, pues el artículo 70 de la Ley Penitenciaria permite que convivan con sus madres dentro de las cárceles hasta que cumplan cinco años.
Factum buscó a la Dirección General de Centros Penales para solicitarle un informe respecto a las condiciones en las que están los niños y sus madres que están recluidos en las cárceles salvadoreñas, en el marco del régimen de excepción. También se consultó por las embarazadas arrestadas. No hubo respuesta al cierre de esta publicación.
Entre los gritos de familiares que exigen la libertad de los capturados por el régimen de excepción, una madre llora por su hijo, detrás de la barricada que instaló la policía para impedir que los manifestantes ingresaran a la Asamblea Legislativa. Foto FACTUM/Archivo
Seis días de agonía para Carlos
A Carlos lo mantuvieron en prisión a pesar de los intentos de su familia por sacarlo del terror de la Granja Penitenciaria de Izalco.
Cinco meses antes de su muerte, sus familiares gestionaron ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), la institución encargada de velar por el respeto de los derechos de la población, una solicitud de verificación del estado de salud de madre e hijo. Estaban desesperados por saber sobre ellos.
La familia recibió al niño seis días antes de morir, el 26 de junio de 2023. Tenía neumonía, infección estomacal, insuficiencia renal y hepática, según su partida de defunción. También estaba desnutrido, según sus familiares.
El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y Centros Penales se tardó al menos 100 días para hacer los trámites para liberar al bebé. El proceso incluyó una inspección a la casa de los familiares.
Carlos fue entregado a su familia en el portón de la Granja Penitenciaria de Izalco la tarde del 20 de junio de 2023. Una empleada de centros penales le dijo a la familia que Carlos tenía neumonía; una infección en los pulmones que provoca dificultad para respirar, dolor de pecho, fiebre y tos. También tenía granos en la piel.
Les entregaron una bolsa con medicinas, pero sin los detalles de las dosis para el niño.
Al día siguiente de su libertad, la familia llevó a Carlos a un pediatra particular para buscar una segunda opinión del diagnóstico, pero el médico les confirmó la enfermedad respiratoria, le recetó otros medicamentos y confirmó que tenía desnutrición. Pesaba 13 libras, una libra y media menos del peso mínimo para un bebé de seis meses, la edad que en ese momento tenía Carlos.
En la consulta le suministraron dos terapias respiratorias y lo enviaron a su casa. Sin embargo, horas después, el bebé tuvo dificultades para respirar, temblaba y comenzó a ponerse azulado; un signo de falta de oxigenación en el cerebro.
En un lapso de 20 horas, el bebé fue trasladado a la Unidad de Salud Pública más cercana a la casa, donde solo pudieron sacarle la flema porque no tenían un aparato para proveer oxígeno, según el relato de los familiares. Ante la incapacidad para atender un caso grave lo trasladaron a un hospital nacional.
Le colocaron un tubo en la boca para que pudiera respirar y lo trasladaron al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador, donde sufrió un paro respiratorio.
A Carlos lo trataron de emergencia. Lo conectaron a varias máquinas para mantenerlo con vida, pero su pequeño y débil cuerpo no resistió.
Murió seis días después de salir de prisión. Su madre no pudo velar el cuerpo de su niño. Sigue arrestada e integra el universo de 90,844 salvadoreños detenidos en los cuatro años del régimen de excepción, según el último reporte de la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario.
No existe un registro público de las mujeres que han sido detenidas durante el estado de excepción, una medida de seguridad provisional que se hizo permanente, pues el Ministerio de Seguridad no hace ese desglose en la información que distribuye por redes sociales. Tampoco han sido revelados datos sobre el número de embarazadas capturadas en ese período o del número de niños nacidos vivos o muertos en prisión.
La organización Socorro Jurídico Humanitario registra que 470 salvadoreños han muerto en las cárceles durante el régimen de excepción. Tortura y falta de atención médica fueron las principales causas de los decesos, según la información recopilada en el informe de Muertos en prisiones en El Salvador, publicado a finales de enero de 2026.
El pasado 11 marzo de 2026, un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), presentado ante Naciones Unidas, señaló que durante el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Génesis vivió 28 días en libertad
Un mes antes de la muerte de Carlos, otra familia lloraba a una niña que falleció después de estar encarcelada en la Granja Penitenciaria de Izalco durante 266 días. Se llamaba Génesis, tenía nueve meses cuando entró a prisión y vivió hasta cumplir los 17 meses. Murió el 17 de mayo de 2023 por bronconeumonía y broncoespasmo, según la documentación recolectada por esta revista.
La burocracia institucional marcó su destino y evitó que pudiera ser entregada a su familia, que pedía la custodia. La salida de prisión se retrasó hasta el momento en que su salud estaba deteriorada.
Marbely, madre de la niña, fue arrestada el 24 de agosto de 2022 bajo cargos de pertenecer a pandillas. Las autoridades recibieron una denuncia telefónica para acusarla, una acción recurrente y que ha provocado decenas de arrestos, según diversas investigaciones periodísticas.
Génesis era una bebé lactante y durante los primeros ocho días que su madre estuvo en prisión le permitieron ingresar a la delegación policial para ser alimentada tres veces al día. Cuando Marbely fue trasladada a la Granja Penitenciaria de Izalco, dos policías le dijeron a la abuela que lo mejor era llevarse también a la niña para evitar que llorara.
La familia y la defensa de Marbely están convencidos de que la bebé no habría muerto de haber quedado a cargo de su abuela. La niña permaneció 266 días en prisión y fue liberada por el sistema penitenciario dos meses después de que su madre hiciera la solicitud.
Mientras estuvo en la cárcel aprendió a lanzar la pelota a distancias cortas, cooperaba cuando le lavaban las manos y podía jalar las cuerdas de sus juguetes. Daba abrazos y besos a las personas conocidas que se lo pedían, según detallan sus cartillas escolares del Centro de Desarrollo Infantil de la Granja Penitenciaria de Izalco. El establecimiento funciona dentro de la prisión, según los testimonios de mujeres liberadas.
En noviembre de 2022, esa institución extendió un certificado que autorizaba a Génesis para iniciar la etapa de educación inicial. Sin embargo, se deterioró físicamente y murió el 17 de mayo de 2023. Al igual que Carlos, la niña también falleció en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, el centro médico pediátrico que se especializa en atención a pacientes graves.
La madre de Génesis sigue arrestada y su caso refleja dos irregularidades, según el análisis jurídico que realizó la abogada defensora Jayme Magaña en el medio guatemalteco Prensa Comunitaria. El documento policial consigna que Marbely fue capturada en la frontera Las Chinamas, una de las conexiones entre El Salvador y Guatemala, cuando trasladaba droga junto a un hombre. La familia niega esa versión, pues aseguran que fue arrestada en su casa en un municipio de Ahuachapán durante un operativo nocturno.
Otro error en el proceso, según la defensora, es que la ficha policial tiene una fotografía equivocada. La que aparece en la imagen no es Marbely, sino otra mujer. En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó otorgarle medidas cautelares a Marbely porque no cumplió con los requisitos solicitados, los cuales no fueron detallados públicamente.
La defensa de la joven buscaba el reconocimiento de que el sistema judicial evitó que ella y la niña recibieran atención médica oportuna, un juicio justo y un trato humano.
Durante una de las audiencias de la CIDH, Linda Amaya de Morán, directora del CONAPINA, dijo que Génesis nació con asma. Una afirmación arriesgada y dudosa, pues la niña no vivió en la cárcel durante sus primeros nueve meses de vida y tampoco reportó enfermedades graves en su nacimiento, enfatizó su familia.
Un autobús de la Dirección General de Centros Penales, permanece afuera de la Prisión de Máxima Seguridad en Izalco, el 4 de septiembre de 2020. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
Keren tampoco sobrevivió
Keren fue una niña amada desde antes de nacer. Sus padres decidieron darle un nombre cuando todavía faltaban varias semanas para su nacimiento. Su madre, Dina Hernández, de 29 años, trabajaba como defensora de derechos humanos en Alerta Raquel, una organización que apoya a las madres de personas desaparecidas. Cuando Dina tenía ocho meses de gestación, el mundo se le derrumbó.
Su esposo fue detenido por la Policía el 14 de marzo de 2024 y a ella la arrestaron por una acusación de agrupaciones ilícitas el 17 de ese mismo mes mientras caminaba por una calle de San Salvador.
Casi tres semanas después de su arresto y de ser enviada a la Granja Penitenciaria de Izalco, Dina fue llevada a un hospital. No hay claridad sobre lo que ocurrió y qué atención le dieron, pero los registros dicen que Keren murió durante el parto.
La muerte de la niña, cerca del noveno mes de gestación, ocurrió a las 8:28 horas del 7 de abril de 2024 en el Hospital Mazzini, según los registros hospitalarios y municipales. La causa fue muerte fetal intrauterina, que ocurre en el nacimiento antes o durante la extracción del bebé.
Los familiares de Dina no pueden asegurar que recibió atención médica durante su embarazo o si le administraron calcio, multivitaminas y proteínas, que son los nutrientes que necesita una mujer entre el segundo y tercer trimestre de gestación. Durante la última etapa del embarazo, en especial cuando hay antecedentes de riesgo, los médicos recomiendan vigilar la posición fetal a través de ultrasonidos y monitoreos de frecuencia cardiaca y oxigenación.
Un ginecólogo salvadoreño que conversó con esta revista, y del que se oculta su identidad para evitar persecución, destacó que estos seguimientos son «fundamentales» y deben ser acompañados de otros procedimientos. Por ejemplo, el suministro de vitaminas para evitar la preeclampsia, una enfermedad que afecta la presión de las embarazadas; el hierro, en preparación para la pérdida de sangre durante el parto y evitar partos prematuros, entre otros estudios.
Dina permanece en prisión a pesar de que desde el 22 de marzo de 2024 un juzgado de San Salvador le otorgó medidas que sustituyen su detención, informó el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador. En la cárcel le negaron el derecho a enterrar a su hija. Dina no salió de prisión pese a que un juzgado le autorizó un permiso para asistir al cortejo fúnebre el 8 de abril de 2024, según reportaron defensores de derechos humanos.
Del esposo de Dina tampoco hay información.
Una cruz como presente para Abigail
Abigail nació muerta. El único regalo que la niña recibió fue una cruz para marcar el lugar donde fue enterrada. Su madre se llama Arely y fue detenida cuando tenía ocho meses de gestación. Vendía en un puesto de ropa usada en una colonia de San Salvador y fue arrestada luego de que una persona la señaló de pertenecer a grupos criminales. Una acusación que implica el encarcelamiento inmediato para cualquier persona.
“Nacida muerta” fue la causa escrita en la partida de defunción de la bebé, con fecha 10 de agosto de 2022. Su acta de defunción dice que murió en el vientre de su madre, en la Granja Izalco, a las 4:45 de la madrugada.
Las condiciones en las que Arely fue atendida en el hospital demuestran la falta de garantías para las mujeres en prisión. Estuvo esposada de pies y manos después de haber perdido a su hija, mientras se recuperaba del parto en el Hospital Jorge Mazzini, según narraron sus familiares. El único acto de bondad que recibió fue cuando la celadora que la vigilaba a la par de la camilla le permitió hablar con su familia durante diez minutos, según sus familiares.
“Mamá me entierra a la niña”, fue la súplica que Arely le hizo a su madre.
Revista Factum publicó este caso en las vísperas del día de la madre de 2023, con el titular “El régimen interrumpió el embarazo de Arely”. Los empleados de la funeraria reportaron que no pudieron preparar el cadáver de Abigail debido a las condiciones de su cuerpo. “Estaba aguadito, solo pesaba dos libras y regresó a posición fetal”, cuenta una de las familiares que se encargó del cortejo fúnebre.
Para llegar hasta la tumba de Abigail hay que adentrarse en lo profundo del cementerio de Ilopango. La familia no tenía dinero para pagar los gastos de un entierro. Alguien les regaló una cruz para marcar el lugar en donde la pequeña quedó enterrada.
Carlos, Génesis, Keren y Abigail existieron. Las familias piensan que podrían estar vivos si el gobierno hubiera ofrecido atención médica adecuada a las madres embarazadas o a los niños que sólo fueron liberados de prisión cuando estaban muy enfermos. Hasta el momento, ningún funcionario o institución de gobierno ha dado explicaciones sobre sus muertes.
*Este trabajo fue realizado para la Red Centroamericana de Periodistas, a través de su programa PARIIS 2026, gracias al apoyo de Reporteros Sin Fronteras y la mentoría editorial de la periodista Elsa Coronado.
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