No hacen historia, la repiten

Mariana estaba con su esposo y sus cuatro hijas descansando en su casa, cuando soldados de la Fuerza Armada sacaron y golpearon a su esposo y, sin mediar palabras, se lo llevaron detenido. En su casa nadie supo la razón de la detención. Tampoco les informaron dónde estaba detenido y ninguna institución estatal les brindó información sobre su paradero. Tiempo después, Mariana se enteró de que un vecino con el que habían tenido problemas por un parqueo “le había puesto el dedo” a su esposo con la Fuerza Armada.

La historia anterior no ocurrió en 2022, sino en 1980, cuando los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada llegaban a las casas de las personas y las desaparecían forzosamente por considerarlas miembros o colaboradores de la “guerrilla”, “opositores”, “enemigos” o, simplemente, porque alguien “les ponía el dedo”.

En la actualidad, existen muchas similitudes con las décadas de los setenta y ochenta. Una de las más graves es la suspensión de derechos y garantías constitucionales a toda la población para atacar al “enemigo” (pandillas), a raíz del decreto legislativo 333 que contiene el Régimen de Excepción, que fue solicitado por el presidente de la República y aprobado por la mayoría de diputados, liderados por la bancada de Nuevas Ideas, y publicado en el Diario Oficial (D.O.) el 27 de marzo de 2022, justificado por el alza de homicidios de personas civiles a manos del crimen organizado.

De igual forma, en los años ochenta, la Junta Revolucionaria de Gobierno impuso un Estado de Sitio, similar al Régimen de Excepción, para combatir al “enemigo” que era la guerrilla, a través del Decreto 155, que fue publicado en el D.O. el 6 de marzo de 1980, suspendiendo también derechos y garantías constitucionales de toda la población salvadoreña.

Estos dos decretos, tanto el de marzo de 1980 como el de marzo de 2022, deberían haber durado 30 días, ya que ese periodo es el que permitía el artículo 175 de la Constitución Política de 1962 y el artículo 30 de la Constitución de la República de 1983 que es la nos rige actualmente. En ambos casos, podían extenderse por el mismo periodo, solo si las circunstancias que los motivaron continuaban.

El Estado de Sitio que dio inicio el 6 de marzo de 1980 duró años. Se puede corroborar en el Informe Anual 1983-1984 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hasta el año de 1984 seguía vigente a través de extensiones. De igual forma, el decreto vigente que regula el Régimen de Excepción en septiembre cumplió seis meses y no da señales de que vaya a acabar pronto. Al contrario, las prórrogas ni siquiera llegan a cumplir los treinta días cuando funcionarios ligados al ramo de “seguridad”, entre ellos el ministro de la Defensa, ya están presentando la siguiente extensión.

Igualmente, en ambos decretos se suspendieron derechos y garantías constitucionales. En ambos, el pan de cada día ha sido la vulneración a los derechos humanos, sumándole que no hay ninguna institución pública a la cual recurrir, con el agravante actual de que después de la firma de los Acuerdos de Paz se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que tendría que ser la institución encargada de velar por la protección de los derechos humanos de las personas. Sin embargo, esta no se ha pronunciado por el abuso de poder y arbitrariedades en contra de la población civil por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, a pesar de las más de 2,500 denuncias por detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y asesinatos dentro de las cárceles. Es decir, la historia y los patrones de represión se repiten.

A simple vista, se puede advertir que se utiliza el mismo patrón de represión en la actualidad como se utilizó en los años del conflicto armado. Podemos visibilizar que durante el régimen de excepción, ha existido una masiva vulneración a los derechos humanos de la población a través de detenciones ilegales y arbitrarias por parte de la agentes de la PNC y Fuerza Armada, sin órdenes judiciales o administrativas, solo porque ven sospechosa a una persona y por llenar una cuota diaria; torturas dentro de los penales; asesinatos de personas, las cuales no son un margen de error, como quiso minimizar la problemática de abuso de poder el presidente de la República, ya que son vidas las que se han perdido, no cosas materiales; desapariciones forzadas, al no saber los familiares dónde están las personas detenidas; desplazamientos forzados, ya que algunas personas se han dado cuenta de que están preguntando agentes de la PNC o soldados por ellos y por temor a ser detenidos han salido inmediatamente de sus viviendas.

Esto puede ser denunciado ante la Corte Penal Internacional y, de ser comprobado, estaríamos ante crímenes de lesa humanidad que están perpetrando agentes del Estado. Lo antes mencionado, solo se veía durante la época del conflicto armado, pero ahora se está repitiendo la historia.

Es necesario exponer los abusos de poder. Al quedarnos callados ante las injusticias porque “no nos están tocando a nosotros o a nuestras familias”, al ser apáticos, indolentes o indiferentes con el dolor de otras personas que sí están sufriendo de estos abusos, como salvadoreñas y salvadoreños, nos estamos condenando a revivir situaciones que se dieron durante el conflicto armado, a que se repita la historia y puede ser que, de un día para otro, nos alcance a nosotros o a alguien cercano. Hay que recordar que fue la represión la que dio origen al conflicto armado. No hay que olvidar que la violencia siempre va en escalada, nunca en disminución, y que la impunidad es un factor muy importante para que la represión subsista.


*Irene Gómez  es abogada de la República con maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Especialista en justicia transicional, acusadora particular en los casos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños y masacre de El Calabozo y lugares y aledaños. También es representante legal de familiares de víctimas de desaparición forzada por parte de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad de integrantes de la familia Guzmán. Actualmente trabaja como abogada de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal.

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