Meses después de finalizar su cargo, el exfiscal general Luis Martínez registró en El Salvador una sucursal de la empresa colombiana Adalid Corp., presidida por el ahora comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero. El exfiscal general, condenado por uso ilegal de escuchas telefónicas, viajó varias veces a Colombia e intercambió mensajes y correos con trabajadores de esa compañía para consolidar el negocio en el país. El comisionado presidencial ahora se dice sorprendido y, pese a los mensajes en común, niega haber hecho tratos con Martínez.
Entre abril y junio de 2016, el exfiscal general Luis Antonio Martínez inició un emprendimiento. Viajó por lo menos tres veces a Colombia y, para inicios de agosto, su “socia colombiana” llegó a El Salvador. Tenían que ultimar detalles de la instalación de la empresa Adalid Corp. El Salvador, cuyo presidente en Colombia era el abogado Andrés Guzmán Caballero, actual comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión. El 16 de agosto de 2016, el correo del exfiscal recibió una notificación de Google Calendar con el nombre “Reunión Adalid con Andrés y Luis Martínez”, a realizarse entre las 9 de la mañana y 12 del mediodía, hora de Colombia, y que tenía vinculados los correos de Guzmán Caballero (andres@adalid.com) y del exfiscal Martínez (martigon64@hotmail.com).
El comisionado Guzmán dice ahora, pese a una cadena de correos electrónicos donde él aparece copiado como destinatario, que no sabía nada de ese negocio y que nunca conoció personalmente al exfiscal general de El Salvador, condenado en 2018 por uso ilegal de interceptaciones telefónicas.
Martínez, quien fue fiscal general de El Salvador entre 2012 y 2015, está actualmente en arresto domiciliario y tiene pendientes dos procesos judiciales por delitos de corrupción: peculado (mal uso de fondos públicos), omisión de la investigación, tráfico de influencias y lavado de dinero.
El nombramiento de Guzmán Caballero como comisionado presidencial ocurrió el pasado 24 de mayo, siete años después de la programación de aquella reunión virtual. Su nuevo cargo fue dado a conocer a través de los mecanismos usuales de la administración del presidente Nayib Bukele: con un tuit.
El Gobierno de Bukele creó el cargo de comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión en un momento en el que el régimen de excepción, en el cual han sido detenidas más de 72 mil personas, es aprobado por la mayoría de la población, según las encuestas, pero también criticado por algunos sectores por las denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos. Las alertas por la política de seguridad del Gobierno han hecho eco tanto en medios nacionales como internacionales.
Un emprendimiento desesperado
El intento de negocio que une el nombre del comisionado presidencial con el del exfiscal salvadoreño ocurrió poco antes de que Martínez fuera arrestado. El 15 de julio de 2016, el exfiscal constituyó una empresa ante los oficios notariales de Carlos Roberto Valencia Funes. El nombre que escogió para su emprendimiento fue Adalid Corp. El Salvador, S.A. de C.V. y en la descripción de su finalidad social se planteó, entre varios rubros, “prestar servicios jurídicos personales, profesionales y empresariales; prestar servicios técnicos en áreas de ingeniería electrónica, eléctrica, telecomunicaciones y de sistemas en peritajes judiciales; prestar servicios de propiedad industrial e intelectual; prestar servicios de laboratorio forense de evidencias digitales con soporte técnico y jurídico…”
El documento de constitución de empresa, que consta en el Registro de Comercio, abunda en detalles sobre otros servicios que brindaría la compañía: análisis forenses digitales, hacking ético (uso de tecnología para análisis de riesgos digitales, hecho de forma legal y ética), servicios periciales, venta de software y material de cómputo entre otros.
Para ese momento, Martínez había desechado un anhelo profesional que lo apasionaba: ser fiscal general para un segundo período. Sus apuestas estaban dirigidas a establecer en el país una empresa que ofreciera consultorías sobre análisis digital forense. Y el nombre de la compañía no fue al azar.
A 1,800 kilómetros de distancia, en la capital colombiana, Bogotá, una empresa de igual nombre ya existía. El 17 de julio de 2006, Andrés Guzmán Caballero fundó la empresa unipersonal Adalid Abogados en ese país. Años después, su naturaleza cambió a una sociedad y pasó a llamarse Adalid Corp.
Adalid Corp. El Salvador recibió su inscripción oficial del Registro de Comercio de El Salvador el 18 de agosto de 2016. Cuatro días después, Martínez fue capturado por su supuesta participación en una red de corrupción que buscó beneficiar al empresario Enrique Rais a cambio de dádivas. La empresa nunca llegó a operar.
Revista Factum tuvo acceso a información que consta en la investigación contra Martínez donde quedó la huella de sus últimos pasos como hombre libre. Los mensajes de correo electrónico y de mensajería instantánea confirman sus viajes a Colombia y su relación con Guzmán Caballero para instalar una empresa de iguales características en El Salvador.
Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial de Derechos Humanos, durante entrevista con Revista Factum el pasado 7 de agosto. Foto FACTUM/Gerson Nájera
Martínez finalizó su período como fiscal general en diciembre de 2015. Desde meses antes, el funcionario había empezado un lobby desesperado en búsqueda de apoyos políticos que posibilitaran su reelección. Incluso, contrató a una red de opinadores para lograr su cometido: exfuncionarios y comunicadores como Geovani Galeas, el exfiscal general Félix Garrid Safie, el exdiputado Juan José Martell y el exasesor de seguridad Porfirio Chica.
Pero no solo buscó opiniones favorables sobre su gestión en la Fiscalía General. Según el análisis telefónico de la investigación en su contra, Martínez también se comunicaba frecuentemente con contactos que están identificados como miembros de partidos políticos entonces mayoritarios, así como Rais y otros empresarios, en búsqueda de respaldos y votos en la Asamblea Legislativa.
Esas mismas puertas son las que siguió tocando cuando comenzó su emprendimiento, al dar por perdida su reelección, pero con menos éxito. Según los mensajes instantáneos, a medida que pasaba el tiempo, Martínez empezó a ser marginado por personas que antes le contestaban rápidamente, o le ofrecían audiencias privadas. “No se olvide de mi proyecto”, decía a varios contactos con los que buscaba financiamiento o vender su negocio.
En una conversación con un contacto de confianza, en mayo de 2016, Martínez pedía opinión y enviaba la página web de su proyecto: www.adalid.com, que sigue siendo la misma página oficial de internet de la empresa Adalid Corp. Colombia. El contacto le contestaba que debía asegurar al menos una inversión inicial de $88 mil para que el proyecto fuera rentable. Ya previamente, en otra conversación, el exfiscal había aclarado que el proyecto que él denominaba como “laboratorio científico” se haría con los colombianos, es decir, con Adalid Corp.
En una conversación del 3 de mayo de 2016, Martínez explicaba a su interlocutor las posibilidades que ofrecía el proyecto. “Adalid será magia”, escribió. La ambición del exfuncionario era llevar la empresa a Guatemala y Honduras y empezar por vender asesorías a “viejos ricachones para sus empresas”, como escribió el 11 de junio de 2016.
Un mes después, Martínez desesperaba. A la vez que enviaba mensajes masivos a varios de sus contactos con la misma redacción, “recordarle que me apoye en proyecto Adalid”; su correo electrónico recibía y enviaba numerosos mensajes de capacitaciones, última tecnología y noticias relacionadas con cibercrimen a varios contactos de Adalid Corp. En cada uno de esos correos venía adjunto el del ahora comisionado: Andrés Guzmán Caballero.
De acuerdo a los detalles de los mensajes, Martínez viajó al menos tres veces a Colombia, para sostener reuniones con personal de Adalid Corp, la empresa del comisionado. El exfiscal también había preparado una visita del equipo de colombianos entre el 15 y el 18 de agosto de 2016, y pedía apoyo a un socio que no consta en el registro de la empresa en El Salvador. Días después, el exfuncionario reprogramó la visita debido a los altos costos de los boletos aéreos.
“¿Él cómo se llama?”
El comisionado presidencial brindó una entrevista a Revista Factum el pasado 7 de agosto en su oficina, que comparte piso con las oficinas de la Chivo Wallet, en el edificio Century Tower en San Salvador.
El ahora funcionario pidió que le repitieran varias veces el nombre de Martínez. Según él, nunca lo conoció personalmente y, al mencionarlo, aseguró que es la primera noticia que tiene de él. “Adalid era una empresa grande, y nosotros-ellos, tenemos varias líneas de negocios. Él por intermedio de una persona, María Alejandra Trujillo, que no trabaja conmigo, es una comisionista, cotizó unos equipos en la compañía, pero lejos de hablar conmigo, lejos de reunirse conmigo, jamás”, aseguró el comisionado.
Según Guzmán, el negocio se realizó a sus espaldas y aseguró que le parece “horrible y desleal” que Martínez haya usado el nombre de su empresa – que actualmente ya no preside – sin su permiso.
Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial de Derechos Humanos. Foto Factum/Gerson Nájera
El comisionado ejemplifica que Adalid Corp. (Colombia) realizó múltiples ventas de equipo a distintos países, como Panamá y México, pero que él no necesariamente se enteró de cada uno de esos negocios. Aunque para 2016, hacía ya dos años que Martínez había sido señalado en una investigación periodística por el uso ilegal de intervenciones a las telecomunicaciones, Guzmán aseguró que la “base fundamental de la compañía es no juzgar, porque la mayoría de las personas vienen con problemas”.
Guzmán admitió que sí tenía el correo electrónico de Martínez en su bandeja de entrada pero, según él, nunca intercambiaron un mensaje de forma directa, ni se conocieron. El análisis de comunicaciones de la investigación judicial contra el exfiscal, sin embargo, sí demuestra que se planteó una reunión con Guzmán apenas 5 días antes de que el exfiscal fuera arrestado, por intermediación de Trujillo. “Buenas noches. Le cancele a Andres. Le dije q los tiquetes de los 5 eran muy costosos y q debiamos reprogramar. Q mañana le decia cuando venias (sic)”, escribió Trujillo el 16 de agosto de 2016 a Martínez, a través de un mensaje privado de Twitter.
En algunos correos, Martínez también fue advertido que algunas reuniones por el proyecto Adalid debían esperar debido a la “agenda de Andrés”.
Cuando se le consultó, Guzmán dudó haber viajado a El Salvador en 2016 y reiteró que nunca conoció a Martínez. Los registros mercantiles de Colombia, hasta hace un par de semanas, mostraban que Guzmán había salido de Adalid Corp. como su presidente, pero no eran claros sobre el destino de sus acciones. Según el comisionado, él las repartió y la compañía está actualmente en proceso de liquidación.
El colombiano trabajó durante cinco meses en la Defensoría del Pueblo de Colombia, que equivale a la Procuraduría General de la República en El Salvador. Guzmán Caballero fue señalado en una publicación de la revista colombiana Cambio en un caso que lo vinculó a interceptaciones ilegales. Según el artículo, la empresa de Guzmán Caballero instaló un laboratorio de evidencias digitales en la institución, y este supuestamente fue usado para espiar a empleados de la Defensoría, aunque él se defendió asegurando que únicamente fue capacitador del uso de tecnología del laboratorio.
En entrevista con Factum, Guzmán aseguró que ya denunció dicha publicación y aseguró que él y su compañía únicamente se ocuparon del tema de capacitación del uso de software. Según él, Adalid Corp. se ocupaba del análisis de evidencias y no de interceptaciones a telecomunicaciones.
Captura de pantalla de la hoja de vida de Andrés Guzmán Caballero que quedó registrada en la Defensoría del Pueblo de Colombia, donde se detalla que su experiencia laboral está enfocada en derecho administrativo, administración de empresas y derechos digitales, así como la fecha de su desvinculación de Adalid Corp.
El papel del comisionado
Guzmán Caballero fue nombrado como comisionado presidencial apenas semanas antes de una audiencia de seguimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a denuncias por malos tratos, capturas arbitrarias, torturas y muertes dentro de centros penales.
En varias entrevistas, como una realizada por la colombiana Blu Radio, Guzmán Caballero ha asegurado que desde hace algún tiempo conoció El Salvador, a través de conferencias y consultorías para las que fue contratado por su especialidad: derechos digitales y análisis forense digital. Dice haber conocido a Bukele en esas jornadas. Según él, su “clic” con el presidente fue al hablar de temas de inteligencia artificial, redes sociales, bots y bitcóin.
El pasado 14 de julio, dejó sentada su posición en la audiencia de la CIDH, en la que llevó una de las voces cantantes y rechazó “de forma general y clara todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existe seguimiento y acoso contra periodistas”.
En entrevista con Factum, aseguró que ha visitado centros penales y no ha encontrado evidencias de torturas. “Eso sería gravísimo, un guardia (penitenciario) que haga eso tendría que estar en la cárcel ”, dijo. Pero agregó que su trabajo está enfocado más en generar sinergias, y no tanto en un ámbito operativo, que corresponde a la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.
“Es mucho más trabajo de solicitud de información y trabajo de escritorio, revisando y analizando información, que trabajo de campo”, declaró.
El negocio que no fue
La noche del 22 de agosto de 2016, el exfiscal Martínez fue arrestado luego de presentarse a la sede de la Fiscalía de la colonia La Sultana, en Antiguo Cuscatlán. Para ese momento, ya conocía del arresto de Enrique Rais, según se desprende de los mensajes telefónicos que intercambió con algunos contactos.
El exfuncionario aún no ha sido enjuiciado por ese caso, mientras Rais continúa prófugo.
Tiene pendiente un juicio por el caso el denominado “Corruptela”, iniciado en octubre de 2018 y que vincula a Martínez con más de una decena de imputados, entre exfiscales, excolaboradores y hasta su familia. En este es acusado de recibir sobornos a cambio de hacer ojos ciegos en algunos casos, como el de la presa El Chaparral. Según la acusación, el expresidente Mauricio Funes pagaba al exfiscal para evitarse una acusación. La Fiscalía asegura que Martínez se apropió de fondos públicos por más de $400 mil.
La única condena contra el exfiscal general fue impuesta por el uso que dio a conversaciones privadas – procedentes de intervenciones telefónicas – del sacerdote español Antonio Rodríguez. El caso fue revelado en una investigación periodística desde 2014, por el periódico El Faro, pero Martínez fue acusado formalmente hasta septiembre de 2016 por el uso ilegal de las conversaciones íntimas para chantajear a Rodríguez sobre su relación con la tregua entre pandillas.
Es decir: para inicios de 2016, cuando Martínez intentaba vincularse a una empresa de análisis forense digital e investigación de delitos cibernéticos, ya era conocido públicamente que podría estar involucrado en el mal uso de tecnología intrusiva en su rol como funcionario y defensor del Estado. Su condena llegó en diciembre de 2018 por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. Martínez había cometido un delito relacionado al ámbito digital, en el que quiso incursionar con la sucursal de la Adalid.
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