Un coronel le niega acceso al Estado Mayor de la Fuerza Armada al juez que ventila el juicio contra altos mandos militares procesados por la masacre en el caserío El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981.
El Ministerio de Defensa intentó entorpecer la inspección judicial de los archivos militares del caso El Mozote, programada para el 21 de septiembre. El ministro Merino Monroy dice que no cumplirá una orden judicial que, según él, no tiene sustento legal.
Resumen de la extensa interpelación contra el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que culpó al jefe del Estado Mayor Presidencial, general Manuel Acevedo López, de la ocupación militar del 9F.
La Asamblea Legislativa entrevistó por doce horas al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, quien se desentendió de la invasión militar a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. En su lugar, señaló al general Carlos Antonio Acevedo López, jefe del Estado Mayor Presidencial.
Lo que está en juego no es solamente el futuro de la FAES, sino de la democracia propiamente. El uso desmedido de la fuerza violenta –sobre todo si es innecesaria– deslegitima al gobierno y a la misma institución, escriben los historiadores Knut Walter y Otto Argueta.
En un hecho histórico, un general de la Fuerza Armada durante la guerra civil reconoce ante un juez que la masacre de El Mozote sí existió y que fue la Fuerza Armada su única responsable. El general Juan Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea, dirá que no fue su culpa y apuntará su dedo hacia un muerto: el teniente coronel Monterrosa fallecido en 1984.
Salvador Sánchez Cerén esperó hasta su último día de Gobierno para crear una comisión que revise los archivos militares de la guerra, pese a que adquirió esa obligación desde 2010.
El coronel del Ejército David Edilberto Iglesias Montalvo dirige ahora la brigada migueleña a la que el presidente Nayib Bukele ordenó retirarle el nombre de “Domingo Monterrosa” el primer día de su mandato.
Los dos gobiernos del FMLN en El Salvador, entre 2009 y 2019, permitieron que la Fuerza Armada recuperara de facto, en nombre de la seguridad pública, poderes perdidos desde los Acuerdos de Paz. Y a la cabeza: David Munguía Payés.
Lo dijo en febrero de este año, cuando presentaron la acusación contra tres oficiales, y lo repite después de la publicación de Factum: hay una red enquistada en la Fuerza Armada dedicada a cometer ejecuciones y torturas.
Desde soldados hasta oficiales del Estado Mayor aparecen involucrados en una red perfilada por la Fiscalía como un aparato que se vale de recursos de la Fuerza Armada para practicar torturas y planear asesinatos.
Dos militares del archivo general de la Fuerza Armada fueron llamados por el juez del caso de El Mozote. Un nuevo paso para intentar desbloquear la información sobre los operativos militares de diciembre de 1981.
Las diligencias del juez intentarán desmontar la negativa histórica de la Fuerza Armada: las leyes de la época obligaban a documentar las acciones militares durante la guerra.
136 oficiales, desde subtenientes hasta coroneles, abandonaron la Fuerza Armada en los…
