El Salvador sigue sin ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, de Naciones Unidas, a pesar de que desde 2017 se le ha recomendado agilizar su ratificación.
En el municipio de Iguala, estado de Guerrero, México, Sandra Luz Román Jaimes pide a las autoridades que busquen a su hija, Ivette Melissa Flores Román, quien permanece desaparecida desde 2012, cuando cinco hombres armados —vestidos de negro y con el rostro cubierto— entraron por la fuerza a su casa y se llevaron a su hija el 24 de octubre de ese año.
Ivette sufrió maltratos continuos en la casa en la que habitaba con el padre de su hija, vivienda a la que se mudó siendo una menor de edad al quedar embarazada. A pesar de que luego consiguió volver junto con su hija a la casa de su madre e incluso retomó sus estudios para terminar la secundaria, las amenazas y la vigilancia de la familia de su expareja eran constantes, y recibía llamadas diarias en que la amenazaban de muerte. Incluso, el hombre disparó en varias ocasiones fuera de la casa de su madre. Nunca se atrevieron a denunciar los hechos de violencia, porque él era un policía ministerial y estaba ligado al crimen organizado.
Luego de esa noche de octubre en que se llevaron a Ivette, Sandra y su familia acudieron a todas las autoridades posibles para la búsqueda de su hija, pidiendo que se investigara, se juzgara y se sancionara a los autores de su privación de libertad y desaparición. Acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, a la sede de la Policía Nacional y al Batallón de Infantería en Iguala, a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a la Procuraduría General de la República, entre otras autoridades, sin que ninguna ordenara una acción de búsqueda inmediata ni se activaran mecanismos de búsqueda de mujeres desparecidas.
Así, ante las omisiones de los entes estatales, Sandra decidió plantear una denuncia contra México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Este comité emitió un dictamen de fondo, recientemente en octubre de 2022, en el que afirma que el Estado de México violó los derechos de su hija Ivette, derechos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, porque las autoridades omitieron, es decir, no actuaron diligentemente para su búsqueda, desde el momento de su desaparición. Ni previnieron ni la protegieron de actos graves de violencia por razón de género.
En esta decisión del año pasado, el comité reiteró que, con fundamento en la Convención, “los Estados también pueden ser responsables de actos cometidos por personas particulares si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”.
El comité reiteró que las desapariciones de mujeres son una de las manifestaciones más brutales de la violencia por motivos de género, es decir, la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada. Explicó que la impunidad por estos delitos contribuye de forma significativa a la consolidación de una cultura de aceptación de las formas más extremas de violencia de género contra las mujeres en la sociedad, lo que permite que sigan cometiéndose. De manera que esos fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos.
En dicha decisión se estableció que el Estado de México, además de proporcionar a su madre una reparación integral, debía realizar una investigación rápida, exhaustiva, imparcial e independiente sobre la desaparición forzada de Ivette, tomando en cuenta el contexto en el cual ocurrió y con especial énfasis en la generación de hipótesis y líneas de investigación que contemplen las posibles motivaciones vinculadas al género. El Estado debe identificar a los responsables, y, posteriormente, adoptar las medidas oportunas para enjuiciarlos y sancionarlos. Asimismo, investigar exhaustivamente y sancionar la negligencia y posible complicidad de autoridades públicas involucradas en su desaparición y asegurar el acceso regular y oportuno de la información sobre la investigación a su madre y a su familia.
Tanto la presentación como el trámite de la denuncia de la madre, así como la decisión en contra del Estado fue posible porque México sí ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención y entró en vigor desde el 15 de marzo de 2002.
El Salvador sigue sin ratificar este protocolo, a pesar de que el referido comité, en 2017 (en sus observaciones finales a los informes periódicos 8 y 9 de El Salvador) le recomendó que agilizara su ratificación. En igual sentido, en 2019, se lo recomendó ya el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas.
¿Será que el Estado de El Salvador está esquivando la ratificación de este convenio porque, al hacerlo, reconocería la competencia del referido comité para recibir y considerar las quejas expresadas por personas o grupos organizados de la sociedad civil? ¿Será que este mecanismo en materia de actos de discriminación contra las mujeres no le es conveniente y prefiere quedarse, cómodamente, solo con la presentación de informes periódicos armados a su conveniencia? De hecho, en su último informe, enviado el 29 de julio de 2021 al comité, el Estado de El Salvador omite hacer alusión a la pendiente ratificación del Protocolo Facultativo. ¿O será que ya fue ratificado y no nos hemos enterado?
¿Acaso pretenden ignorar que existe un incremento en las denuncias y avisos de personas desaparecidas, entre las cuales también figuran mujeres? Según la investigación dada a conocer en noviembre de 2022 por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, los familiares de los desaparecidos no han obtenido una respuesta del Estado sobre las denuncias de desapariciones. Los casos por el delito de personas desaparecidas ascienden a 4,060 entre el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2022.
Entonces, no. No parece que sea un simple olvido, sino una omisión que se suma a las violaciones de derechos humanos en nuestro país.
*Sandra Santos es abogada salvadoreña. Catedrática de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Opina