“El Salvador, por su posición estratégica, es HUB para una de las aerolíneas más importantes de la región; teniendo conexión directa con más de 30 destinos en 14 países. Por ello, se informa sobre la aplicación de Tarifa de Mejoras Aeroportuarias del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, para los pasajeros en tránsito”.
“Se prohíbe la entrada al país, a los extranjeros comprendidos en uno o más de los casos siguientes: (…) A los indígenas originarios de la China o de Mongolia; a los de raza negra; a los malayos y a los gitanos, conocidos también en el país con el nombre de “húngaros”, exceptuándose de esta disposición a aquellos que habiéndose radicado en el territorio de la República regresen a ésta después de una ausencia no mayor de un año habiendo obtenido antes de su salida del país una autorización expresa para regresar, del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Los dos párrafos anteriores podrían ser consecutivos. Podrían. El único obstáculo para ello es que los separa un rango de tiempo de 80 años. El primero corresponde a un comunicado que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) publicó el pasado 20 de octubre. El segundo se trata del artículo 25, numeral 14 de la Ley de Migración de 1933, aprobada bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez.
La CEPA publicó el comunicado sin que mediara una justificación, una explicación, un mínimo argumento para subir las tarifas de tránsito para 55 nacionalidades: 54 del continente africano y una del continente asiático. Red flag: no se trata de un impuesto de ingreso al país. Es una tarifa suntuosa únicamente por pasar por El Salvador. Un simple vuelo de conexión, una escala bien sea de media hora, les costará a los viajeros $1,000, más IVA. Por tener la nacionalidad que tienen. Hasta el lunes 27 de noviembre, más de un mes después del anuncio, no existía una explicación oficial.
Lo de Hernández Martínez fue más brutalmente honesto: no pueden entrar al país, por ser quienes son. Lo de ahora es «paguen si pueden». Por ser quienes son. Pero su esencia es la misma: tasar más caro, hacer la vida más difícil a personas que no pueden cambiar su condición, su nacionalidad, su color de piel, su idioma.
Somalia, Nigeria, Camerún, Angola y tantos otros tienen décadas sobre décadas de estar pagando más caro por todo. Ha existido, por lo menos desde hace unos 15 años, un incremento de migrantes de África y Asia a través de distintos puntos de Latinoamérica. Así lo reportamos más de 30 periodistas de distintos países en una investigación colaborativa, hace tres años.
Ahí, a través de revisión de expedientes judiciales, entrevistas directas a migrantes y agentes de la ley, reconstrucción de rutas y múltiples solicitudes de acceso a la información, llegamos a una conclusión descarnada: los migrantes huyen de la muerte, el destierro y el horror –los que pueden– pagando un vuelo de múltiples escalas por Turquía, Dubai, Brasil, Perú y Colombia. Algunos, incluso, toman un barco desde Europa hasta Colombia. Luego, se arriesgan a que la selva del Darién, en Panamá, se los trague del todo. Cada testimonio narra haber visto dos o tres cuerpos tirados en la selva. Nadie lleva la cuenta oficial.
En los últimos meses, una nueva ruta está siendo usada. Vuelos desde Colombia, con escala en El Salvador y con destino final Nicaragua, para evitar el mortífero paso de la selva panameña y aprovechar leyes más laxas del gobierno de Daniel Ortega para viajeros del extra-radio americano. Esto me lo comentó un conocido, inicialmente. Pocas semanas después, una popular tik toker salvadoreña comentó la misma realidad, aunque con poco tino: prefirió hacer referencia al mal olor corporal de los viajeros. Y sí, se trata de migrantes que en ocasiones permanecen días encerrados en el aeropuerto, o puntos fronterizos, esperando para dar el salto en el siguiente vuelo. Es también el olor del miedo. Del horror de dejar parientes muertos al paso para salvar la vida.
Federico Anliker, presidente de CEPA, hizo una referencia velada a lo mismo durante una entrevista, el 27 de noviembre. Justificó la subida de precios en los supuestos costos extra que generan estos viajeros. Según él, se quedan durante días en el aeropuerto, bañándose en las instalaciones, y demandando más servicios como atención más especializada en cuanto a idioma y limpieza. ¿El uso del agua vale mil dólares? La mayor parte de estas nacionalidades hablan inglés, francés o portugués. Algunos, los menos, árabe. Ningún idioma que no pueda ser atendido por más de algún agente migratorio.
Anliker obvió mencionar lo evidente: la nueva ruta que implica el país en el viaje de estos migrantes, y que el anuncio de la tarifa ocurrió cinco días antes de la visita del Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Bryan Nichols.
Desde décadas anteriores, a través de programas de cooperación o convenios, Estados Unidos ha buscado convertir en sus aliados contra la migración a México y los países centroamericanos. La frontera sur de México se ha tornado con mayor frecuencia en sitio de arbitrariedades y desesperanza para los migrantes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que migrar es un derecho humano. Tener una nacionalidad determinada, idioma, religión o color de piel no puede ser punible, o constituir una desventaja frente a otros. Eso lo saben muy bien todos los descendientes de migrantes alrededor del mundo, incluido el presidente de este país, cuyos abuelos llegaron de Palestina. Un país asiático.
*Suchit Chávez es periodista de Revista Factum. Ha trabajado en La Prensa Gráfica cubriendo temas culturales, medioambientales, seguridad, violencia y crimen organizado. Desde 2013, ha trabajado y colaborado con los siguientes medios de comunicación y organizaciones: Connectas (Colombia), Plaza Pública (Guatemala), Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Ojo Público (Perú), Alharaca (El Salvador), International Center for Journalists, International Consortium of Investigative Reporters, Agenda Propia (Colombia) y Dromómanos (México), entre otros.
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