La ley que protege a las mujeres tambalea el 8M
Además de la inseguridad y la desigualdad, hay una nueva preocupación entre las mujeres que marcharon: la derogación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
Además de la inseguridad y la desigualdad, hay una nueva preocupación entre las mujeres que marcharon: la derogación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
La Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará al Estado salvadoreño el próximo 10 de marzo por el caso de Manuela, una de las mujeres criminalizadas luego de sufrir una emergencia obstétrica. En la actualidad hay 20 madres presas por esa razón.
En Guatemala la falta de discusión entorpece la atención al problema que se genera en la salud pública, y no permite analizar cuál es la verdadera causa detrás del aborto: los embarazos no deseados.
En Honduras cualquier mujer puede ser criminalizada. La mayoría de procesos judiciales contra ellas fueron abiertos tras denuncias por parte de servidores de salud, algunas incluso en medio de una emergencia obstétrica.
Quince años atrás Nicaragua penalizó el aborto en cualquier circunstancia. Un artículo del Código Penal de 1837 fue eliminado en medio de una campaña electoral. El resultado: un país de niñas con maternidades impuestas por violación.
El aborto es penalizado, excepto cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, aunque esta opción también tiene barreras en Costa Rica. Pese al avance de la aprobación de una ‘norma técnica’ para “salvar la vida de las mujeres” hay poca difusión.
Una marcha —sea feminista o de otro tipo— tiene como propósito desarrollarse en el campo de lo público para fomentar la construcción de ciudadanía.