Ministerio de Salud ordenó ocultar información sobre pruebas Covid-19

El ente rector de las políticas de salud en El Salvador, el Ministerio de Salud, incluyó en el Índice de Información Reservada todos los documentos generados por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus. Por una orden del despacho del ministro de Salud, Francisco Alabí, ningún ciudadano podrá tener acceso a la información sobre las pruebas de PCR hechas durante la pandemia hasta el 11 de junio de 2022. 

Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez


El Ministerio de Salud (MINSAL) no quiere que salga a luz en los próximos dos años la información relacionada a los mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de los resultados de pruebas para la Covid-19, generada por el Laboratorio Nacional de Salud Pública durante la pandemia. 

El pasado 11 de junio de 2020, cuando en El Salvador el número oficial de casos llegaba a 3,481, el MINSAL tomó la decisión de poner en el Índice de Información Reservada el acceso a la documentación sobre las pruebas del coronavirus. La reserva durará hasta el 11 de junio de 2022,  según un documento disponible en el Portal de Transparencia del MINSAL, que fue publicado el pasado 10 de septiembre. 

Entre el 18 de marzo, día que se registró el primer caso de Covid-19 en El Salvador, y  este 6 de octubre de 2020, han sido realizadas 410,622 pruebas para detectar el virus en todo el país, según el sitio oficial covid19.gob.sv. 

El ministro de Salud Francisco Alabí tomó la decisión de que esa información permanezca lejos del acceso de los ciudadanos haciendo uso del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), literal d, que establece como información reservada  “la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.  

La reserva de información del MINSAL incluye memorándums y correspondencia generada por el Laboratorio Nacional que realizó pruebas para diagnosticar o descartar el coronavirus a través de un proceso denominado reacción en cadena de polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Son las muestras tomadas con hisopos de la garganta y nariz de los pacientes.

Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), califica como “ilegal” la reserva de información que ha impuesto el Ministerio de Salud, pues no tiene fundamento y el plazo asignado para guardar esa información es “desproporcionado”. La reserva, dice Palomo, es general y  no especifica cuáles son los documentos que ponen en “peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”. 

El ocultamiento de información de interés público restringe el derecho a saber que tiene la ciudadanía, pues esa información no pone en riesgo la vida de ninguna persona, considera la asociación que promueve la transparencia, los derechos humanos y la tecnología. 

“Limita la capacidad para poder obtener insumos con los cuales valorar si efectivamente el proceso de toma de muestras y de divulgación de resultados se ha hecho de manera adecuado o si, por el contrario, se ha tenido alguna alteración en cuanto a los datos que se han estado proyectando”, dice Palomo. 

Una mujer usa tapabocas y careta protectora para caminar sobre la 25 Avenida Sur y Hospital Rosales en San Salvador. Foto FACTUM/ Salvador Meléndez

Según relatos de ciudadanos y periodistas, el Ministerio de Salud ha mostrado una actitud de obstaculizar el acceso a la información sobre el manejo de la pandemia. Francisco Alabí, por ejemplo, se ha negado a responder preguntas de periodistas de medios de comunicación independientes que han buscado obtener explicaciones sobre la compra de $3.8 millones de mascarillas no certificadas, el contagio y fallecimiento de personal de salud que reportó falta de equipo y el brote de Covid-19 en el Asilo Sara Zaldívar. 

El oficial de información del Ministerio de Salud, Carlos Alfredo Castillo, según ha constatado esta revista y han relatado solicitantes de información, en ocasiones no notifica la recepción de solicitudes de información, no entrega la información solicitada y no responde los teléfonos asignados en la oficina institucional para atender las dudas de los ciudadanos.  Consultado sobre la reserva a la información sobre las pruebas, el oficial de información no quiso dar una explicación vía telefónica y dijo que se debía hacer una nueva solicitud por escrito para obtener una explicación más amplia.

«Evidentemente (la reserva a la información sobre pruebas) va en menoscabo del derecho de acceso de información, que a su vez es una vertiente del derecho a la libertad de expresión», agregó Palomo.

En su informe preliminar sobre Covid-19 y Derechos Humanos en El Salvador, publicado en junio de este 2020, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) consigna que entre el 21 de marzo y el 30 de mayo del año en curso, recibió 287 denuncias por violaciones al derecho a la salud, específicamente por irregularidades en el diagnóstico y tratamiento de la Covid-19: 48 fueron por ocultar información sobre resultados de exámenes, otras 38 por falta de pruebas de PCR y 38 más por la negativa de brindar información sobre el resultado de los exámenes. 

El 13 de junio de  2020, en el episodio 16 de Radio Encerrada, el podcast que Revista Factum tuvo al aire durante la cuarentena, se abordó el tema de la confiabilidad de las cifras oficiales de la Covid-19. Las contradicciones entre las declaraciones del ministro Francisco Alabí y el presidente Nayib Bukele respecto al número de pruebas procesadas a diario y las directrices  de los asesores venezolanos que decidieron qué pruebas se procesaron levantaron dudas entre un sector de los médicos.  

Al inicio de la pandemia, en medio de la incertidumbre por el encierro ilegal en centros de contención y la retención de viajeros que regresaron al país, el ministro de Salud reconoció que las pruebas se realizaron únicamente a salvadoreños que reportaban síntomas del nuevo coronavirus: tos, fiebre y dificultades para respirar. 

En los últimos seis meses de este año, esta revista también ha documentado el desorden para registrar el domicilio de los contagiados, los casos de personas que fallecieron por coronavirus, pero que no fueron incluidas en los registros oficiales del gobierno y la reducción ininterrumpida de casos, en agosto, que fue cuestionada por científicos salvadoreños. 

Al cierre de esta publicación, la página de gobierno que registra los casos de Covid-19 notifica 29,634 casos confirmados, 869 personas fallecidas, 4,240 casos activos y 24,525 recuperados. 

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