El oscurantismo de la información

Una noticia muy recurrente en los últimos días en nuestro país es que las instituciones públicas decretan reservada la información de las gestiones que realizan dentro de la función pública, limitando así el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la obligación de las instituciones a rendir cuentas del uso de los recursos públicos.

Esta es una práctica que se ha vuelto usual de los actuales gobernantes, luego de que a finales del año 2020 empezaron a reservar la información del manejo de la pandemia en el país, por parte del Ministerio de Salud, por un lapso de siete años, el plazo máximo que reconoce la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 20.

Posterior a ello, el resto de instituciones públicas han seguido el ejemplo en temas de gran trascendencia para la ciudadanía. Por mencionar otro ejemplo, la Superintendencia del Sistema Financiero decretó reservada toda la documentación relacionada a la última reforma de pensiones aprobada a finales del año recién pasado, por lo que no sabremos como ciudadanos cuáles fueron los fundamentos técnicos que llevaron a aprobar dicha reforma.

El derecho de acceso a la información pública deviene del derecho constitucional a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, en vista de que uno de los presupuestos de este derecho es el de investigar y poder recibir información de toda índole, como lo establece además la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Sala de lo Constitucional ha expresado en la Inconstitucionalidad 356-2012 que: “… toda persona tiene el derecho a conocer la manera en la que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan y de ello deriva el derecho de acceso a la información. La información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado, y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Los servidores públicos disponen de la información precisamente en su calidad de delegados del pueblo o representantes de los ciudadanos”.

Sin embargo, los recursos públicos que administra el gobierno actual están siendo manejados desde el total oscurantismo, volviendo la reserva de información la regla y no la excepción.

Una ciudadanía informada sobre el manejo de los recursos públicos fortalece a las instituciones. Además, abona al mejoramiento de la democracia y por ende a la protección del Estado de Derecho, aspectos que actualmente se encuentran degradados en nuestro país, ya que desconocemos cuales son los planes que tiene el gobierno en materia de salud, seguridad, educación, seguridad social, así como el manejo de las finanzas para la ejecución de dichos planes.

El Instituto de Acceso a la Información Pública, la entidad que debería de garantizar el principio de máxima publicidad de la información, se ha vuelto un simple adorno desde que el actual mandatario nombró a comisionados afines a sus propósitos de no rendir cuentas, incumpliendo el mandato constitucional que se les ha otorgado.

Lastimosamente, a la mayoría de personas de nuestro país este tipo de temas le es desconocido o no le interesa. Pero en realidad esta situación de oscurantismo en la información pública debería serles de mucha preocupación. La falta de transparencia en el manejo del dinero público es una situación que afecta a todos. Afecta en la lucha por la subsistencia en un país donde las garantías constitucionales están suspendidas desde hace un año y el aumento de la canasta básica ha incrementado el costo de la vida.

La opacidad en la administración gubernamental es una bomba de tiempo que estará más cerca de explotar a medida la crisis económica y su onda expansiva empiecen a tocar las puertas de nuestros hogares.

*Elías Abel Ramírez es abogado salvadoreño.