La Fiscalía acusa a Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas, de utilizar datos falsos en una auditoría financiera y de destruir información para favorecer al expresidente Antonio Saca.
Señores comisionados, hagan la diferencia y no se sumen a la gran cantidad de funcionarios o exfuncionarios que han contribuido a expandir y arraigar la corrupción en las instituciones estatales. No permitan que la única institución que goza de credibilidad sea alcanzada por la corrupción.
En Nebaj, Guatemala, donde ocho de cada diez personas son pobres, el alcalde actual y el exalcalde protagonizan un conflicto, en el centro del cual figura la millonaria, inconclusa y abandonada construcción de un complejo deportivo que nunca se usó.
El nuevo informe sobre corrupción de Estados Unidos sobre el Triángulo Norte hace una confirmación crucial de los conocidos nexos de la delincuencia con algunos de los dirigentes más poderosos de la región.
Los investigan por una denuncia presentada por imputados en Corruptela, el caso que reveló el uso de la Fiscalía para proteger al expresidente y al empresario. Trece investigados y cuatro ya fueron removidos de la unidad contra la corrupción.
Enrique Rais, prófugo desde enero de 2017, ahora debe enfrentar un proceso por falsedad ideológica y fraude procesal. La Fiscalía de Raúl Melara determinó que hubo irregularidades en el traspaso de las acciones de MIDES en 2013.
No es que teníamos el mejor sistema anticorrupción de Latinoamérica. Ni de lejos. Pero de alguna manera despertaba expectación que algunos pasos eran firmes y hacia adelante.
La Sección de Probidad cerrará 79 casos para obedecer el acuerdo que tomó la nueva Corte Suprema para olvidar las investigaciones contra exfuncionarios, la mayoría de la administración Saca. La decisión ha dividido a los magistrados.
La solicitud de Raúl Melara de eliminar la reserva a los casos de corrupción se produce justo después de que testigos implicaron a su fiscal adjunto, Allan Hernández, en un plan de sobornos que ya puso a un exalto fiscal en la cárcel.
La CSJ perdonó a la exvicepresidenta y exdiputada de Arena Ana Vilma de Escobar de ir a juicio por enriquecimiento ilícito. La Corte dejó que Escobar se tomara alrededor de un año para desvanecer irregularidades por $11.6 millones en su patrimonio.
