La ley aprobada por el bloque oficialista protege las compras pasadas y las decisiones de los funcionarios desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Ningún funcionario, proveedor o personal de salud podrá ser demandado por irregularidades en los tratamientos médicos contra el Coronavirus.
La comisionada Presidencial Carolina Recinos y el ministro de Salud Francisco Alabí son investigados por negociaciones ilícitas en las compras durante la pandemia. La Fiscalía también pidió a España informes del empresario Francisco Javier Sánchez-Brunete, quien vendió insumos médicos por $12 millones.
¿Estamos condenados a que el partido de turno tenga que comprar voluntades para gobernar? ¿Cómo se combate la corrupción desde la Asamblea Legislativa? Invitadas: Alicia Miranda (Nuestro Tiempo), Karla Hernádez (Arena) y Yanci Urbina (FMLN).
El informe de Transparencia Internacional pone como ejemplo a El Salvador y a Colombia en el polo de corrupción y mala gestión de fondos públicos que ocurrió en Latinoamérica durante el pandémico 2020. La falta de fiscalización ciudadana, una de las razones.
Aunque la exministra de Salud Ana Orellana salió por la puerta de atrás en las primeras semanas de la emergencia nacional, no estuvo ajena a las contrataciones cuestionadas que ahora son auscultadas por la Fiscalía.
Diecisiete casos de irregularidades en compras públicas de insumos médicos y alimentos son los que indaga la Fiscalía. Las sospechas se basan en delitos de negociaciones ilícitas del Ministerio de Salud y otras dependencias del gobierno.
El Tribunal de Ética Gubernamental mantuvo en el olvido durante 15 meses un aviso por una supuesta falta ética del abogado Luis Javier Suárez Magaña, ahora comisionado del IAIP. El TEG archivó la denuncia cuando el abogado fue elegido como comisionado.
Mauricio Funes, acusado en cinco casos de corrupción, negó la autenticidad de los Audios Presidenciales y dijo que para creer en ellos hacía falta peritajes. Este año, la Fiscalía realizó dos exámenes que confirmaron la validez de las grabaciones de Factum.
La Cámara de Vigilancia Penitenciaria cambió su criterio habitual y ordenó a un juzgado realizar un cómputo de pena favorable para el expresidente Antonio Saca (Arena), condenado a 12 años de cárcel por dos casos de corrupción.
La alcaldía de Santa Tecla no solo costeó con fondos municipales un improvisado viaje que le permitió a Roberto d’Aubuisson evitar el encierro obligatorio en centros de contención; también fabricó la invitación supuestamente girada por Coral Gables.
El examen de Probidad señala que en sus 10 años como magistrado del TSE, Walter Araujo pagó tarjetas de crédito y deudas por casi medio millón de dólares, compró vehículos e hizo depósitos que no correspondían a su salario.
El hard core de Revista Factum analiza por qué la corrupción ha vuelto a ganar en 2019, las razones de la elección de nuestro personaje del año y la cocina detrás de las mejores historias de este año.
La Fiscalía acusa a Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas, de utilizar datos falsos en una auditoría financiera y de destruir información para favorecer al expresidente Antonio Saca.
Señores comisionados, hagan la diferencia y no se sumen a la gran cantidad de funcionarios o exfuncionarios que han contribuido a expandir y arraigar la corrupción en las instituciones estatales. No permitan que la única institución que goza de credibilidad sea alcanzada por la corrupción.
En Nebaj, Guatemala, donde ocho de cada diez personas son pobres, el alcalde actual y el exalcalde protagonizan un conflicto, en el centro del cual figura la millonaria, inconclusa y abandonada construcción de un complejo deportivo que nunca se usó.
