El oscurantismo de la información
La falta de transparencia del gobierno es una bomba de tiempo más cerca de explotar a medida la crisis económica llegue a nuestros hogares.
La falta de transparencia del gobierno es una bomba de tiempo más cerca de explotar a medida la crisis económica llegue a nuestros hogares.
El Tribunal del Servicio Civil se negó a entregar todas las resoluciones o actos administrativos bajo el argumento de que podría perjudicar el honor o dañar la moral de los empleados públicos.
La mayoría de los ministerios del gobierno de El Salvador negaron información sobre gastos hechos con el dinero de los contribuyentes, como compras o contratos públicos, pese a que debería estar en línea sin que nadie la haya solicitado.
El IAIP, la institución vigilante de la transparencia en El Salvador, contrató como técnico de formación a uno de los ex seleccionados sancionados de por vida por amaños en los partidos de fútbol de la Selección Nacional. El exfutbolista Ramón Sánchez fue contratado en una plaza para la que no cumplía los requisitos.
La ley aprobada por el bloque oficialista protege las compras pasadas y las decisiones de los funcionarios desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Ningún funcionario, proveedor o personal de salud podrá ser demandado por irregularidades en los tratamientos médicos contra el Coronavirus.
La comisionada Liduvina Escobar denuncia ataques y persecución en su contra por parte de tres comisionados del IAIP. En esta entrevista explica en qué sustenta sus señalamientos y también habla de los retrocesos en materia de acceso a la información que percibe en los últimos meses.
Mientras trabajó para el gobierno de Funes, el exdiplomático y periodista recibió pagos ocultos, que en algún momento duplicaron el salario nominal del presidente. También admite una relación con Fito Salume que hasta ahora había negado.
Nuestro compromiso no es solo con el periodismo riguroso, ético y útil; también lo es con la transparencia, esa que siempre hemos exigido a los funcionarios. La investigación sobre Héctor Silva Ávalos, fundador de Factum, se enmarca en esa lógica.
Silva Ávalos acepta que recibió miles de dólares en efectivo en la oficina de la Secretaría Privada de la Presidencia y no los declaró ante Hacienda. Y acepta que recibió ayuda de parte de Adolfo Salume en el génesis del proyecto de Revista Factum.
Mientras trabajó para el gobierno de Funes, el exdiplomático y periodista recibió pagos ocultos, que en algún momento duplicaron el salario nominal del presidente. También admite una relación con Fito Salume que hasta ahora había negado.
Además de repetir que contrató a Silva Ávalos, Fito Salume hace una revelación: asegura que hizo público ese comunicado por presiones del gobierno del presidente Bukele. De ambas afirmaciones, Salume se negó a entregar pruebas documentales.
El Ejecutivo decidió hacer de lado los controles de recursos públicos de la LACAP para $607.1 millones asignados por la Asamblea Legislativa para combatir la pandemia, según el informe del Comité de Veeduría Ciudadana.
El informe de Transparencia Internacional pone como ejemplo a El Salvador y a Colombia en el polo de corrupción y mala gestión de fondos públicos que ocurrió en Latinoamérica durante el pandémico 2020. La falta de fiscalización ciudadana, una de las razones.
La opacidad fue protagonista en 2020. El gobierno puso bajo llave sus gastos hechos bajo la pandemia del Covid-19, además de bloquear los intentos de control institucional y legal. Por si fuera poco el IAIP, el garante de la información pública, ahora juega para la administración Bukele.
El Ministerio de Turismo compró mascarillas con sobreprecios durante la emergencia por la Covid-19 en El Salvador. Esta y otras compras y contratos irregulares llamaron la atención de la Corte de Cuentas, que ya abrió un juicio.