El “derecho al olvido”, incluido en la ley de protección de datos, es una herramienta especialmente peligrosa. Bajo la excusa de proteger la privacidad de los individuos, se abre la posibilidad de eliminar información de interés público, incluso si esta es veraz.
Los registros públicos pueden ser consultados por cualquiera; es la puerta que tiene la población para acceder a información de cómo se conforman las empresas del país y de cómo las propiedades cambian de manos.
Y resulta que el acuerdo con el FMI depende ahora, si decidimos dar por válida la versión de Nuevas Ideas, de un Órgano del Estado dirigido por 57 diputados y diputadas que le esconde información a la población y que malgasta el dinero público.
¿Cómo se hizo la investigación que revela cuáles fueron las principales empresas beneficiadas con los contratos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023? También comentamos sobre las internas de Nuevas Ideas.
Hablamos con Jessica Estrada, directora de Transparencia de FUNDE, sobre la difunta LACAP, y sobre la Ley de Compras Públicas, la nueva reglamentación que debería velar que el dinero de la ciudadanía no sea malgastado por el gobierno.
Entre los máximos ganadores de fondos asignados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) están tres empresas cuestionadas: una compañía mexicana inhabilitada en su país, una empresa costarricense investigada por pagar sobornos y otra que la misma DOM inhabilitó.
La falta de transparencia del gobierno es una bomba de tiempo más cerca de explotar a medida la crisis económica llegue a nuestros hogares.
El Tribunal del Servicio Civil se negó a entregar todas las resoluciones o actos administrativos bajo el argumento de que podría perjudicar el honor o dañar la moral de los empleados públicos.
La mayoría de los ministerios del gobierno de El Salvador negaron información sobre gastos hechos con el dinero de los contribuyentes, como compras o contratos públicos, pese a que debería estar en línea sin que nadie la haya solicitado.
El IAIP, la institución vigilante de la transparencia en El Salvador, contrató como técnico de formación a uno de los ex seleccionados sancionados de por vida por amaños en los partidos de fútbol de la Selección Nacional. El exfutbolista Ramón Sánchez fue contratado en una plaza para la que no cumplía los requisitos.
La ley aprobada por el bloque oficialista protege las compras pasadas y las decisiones de los funcionarios desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Ningún funcionario, proveedor o personal de salud podrá ser demandado por irregularidades en los tratamientos médicos contra el Coronavirus.
La comisionada Liduvina Escobar denuncia ataques y persecución en su contra por parte de tres comisionados del IAIP. En esta entrevista explica en qué sustenta sus señalamientos y también habla de los retrocesos en materia de acceso a la información que percibe en los últimos meses.
Mientras trabajó para el gobierno de Funes, el exdiplomático y periodista recibió pagos ocultos, que en algún momento duplicaron el salario nominal del presidente. También admite una relación con Fito Salume que hasta ahora había negado.
Nuestro compromiso no es solo con el periodismo riguroso, ético y útil; también lo es con la transparencia, esa que siempre hemos exigido a los funcionarios. La investigación sobre Héctor Silva Ávalos, fundador de Factum, se enmarca en esa lógica.
Silva Ávalos acepta que recibió miles de dólares en efectivo en la oficina de la Secretaría Privada de la Presidencia y no los declaró ante Hacienda. Y acepta que recibió ayuda de parte de Adolfo Salume en el génesis del proyecto de Revista Factum.
