En medio de la pandemia de la Covid-19, el Ministerio de Salud adquirió un millón de mascarillas sin certificación para el personal de salud que luego fue entregado a soldados y policías. Los respiradores de hule, que fueron vendidos por una compañía de telecomunicaciones salvadoreña y fabricados en Guatemala por una empresa que elabora suelas de zapatos, tienen filtro de gabachón quirúrgico que, según estándares internacionales, no brinda protección contra el virus.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El Ministerio de Salud de El Salvador compró un millón de mascarillas reutilizables sin certificación sanitaria, hechas por una empresa guatemalteca, para repartir entre médicos y enfermeras que combaten la pandemia de la Covid-19. La compra, que incluyó dos millones de filtros desechables hechos por la misma empresa, tuvo un costo de casi cuatro millones de dólares.
La adquisión, según consta en la orden de compra consultada por Factum, fue hecha a través de la empresa tecnológica NetworkLAT Inversiones, S.A. de C.V. Las mascarillas plásticas, elaboradas con policloruro de vinilo -o PVC-, no tienen la certificación internacional de protección contra la Covid-19. El gobierno las adquirió para el personal del primer nivel de atención, pero por la falta de certificación los médicos no las usaron y terminaron siendo entregadas a policías, a miembros de la Fuerza Armada y a algunos pacientes que son dados de alta.
Factum constató que las mascarillas de PVC son todavía usadas por militares y policías. Las mascarillas, marca Respitec, son azules y tienen el nuevo logo del gobierno de El Salvador en un costado.
El millón de mascarillas reutilizables costaron al erario público $3,300,000. La adquisión fue hecha el pasado 11 de mayo de 2020. Simultáneamente, el gobierno compró 2 millones de filtros de polipropileno, material con que se hacen los gabachones quirúrgicos descartables, para ser usados con esas mascarillas plásticas. La compra de esos filtros tuvo un valor de $500,000, según la orden de compra 168-2020, en poder de Revista Factum. El gobierno gastó $3.8 millones en mascarillas sin certificación sanitaria que los médicos no usan.
“La mascarilla de hule me quemó la cara, es insoportable en este gran calor”, dijo a Factum una doctora que labora en el Hospital Nacional San Pedro, en Usulután. Las mascarillas plásticas, según la doctora que pide no mencionar su nombre porque teme ser despedida, les fueron entregadas en junio. Ella y sus colegas, según explicó, prefirieron comprar sus propias mascarillas al advertir que los respiradores plásticos no los protegerían del virus.
La orden de compra, firmada por el ministro de Salud, Francisco Alabí, detalla que las mascarillas azules reutilizables, con forma triangular al frente, similar a una plancha, tienen un filtro KN95 y que los materiales son cien por ciento no tóxicos y supuestamente aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos por la que se rige la mayoría de países del mundo.
Pero esa certificación es inexistente.
Revista Factum solicitó a la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Salud la certificación FDA para esas mascarillas. La solicitud fue aceptada y procesada, pero la respuesta únicamente incluyó la orden de compra -que Factum ya tenía- y no la supuesta certificación hecha por la oficina estadounidense.
Ese tipo de mascarilla de PVC, además, no aparece en el listado de registros de la FDA, según una revisión realizada por esta revista. El reporte de la agencia estadounidense, que ha sido actualizado varias veces durante la pandemia, recalca que el personal de salud debe tener el equipo de protección adecuado para evitar enfermarse del virus.
Ese tipo de mascarilla, además, no aparece en el listado de registros de 9,231 mascarillas a las que se le han efectuado pruebas de rendimiento de filtración por parte del Instituto Nacional para Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por su siglas en inglés), a través de su laboratorio nacional de tecnología de protección personal del Centro para el control y la prevención de enfermedades (CDC), agencia en la que se respalda la FDA para entregar sus certificaciones.
La lista de equipos certificados incluye los detalles técnicos de las mascarillas, sus filtros y el nombre del proveedor.
El reporte sobre uso de mascarillas de la FDA, que ha sido actualizado varias veces durante la pandemia, recalca que el personal de salud debe tener el equipo de protección adecuado para evitar contraer del virus. Las mascarillas certificadas tienen grabado el número de registro y la palabra NIOSH para dar garantía a los usuarios.
Las mascarillas de PVC, marca Respitec, son fabricadas por Grupo Sugua en Guatemala. Así consta en la orden de compra, donde se lee el siguiente requerimiento de parte del Ministerio de Salud: “Todo hecho de materiales 100% no tóxicos y aprobados por la FDA, fabricadas por el grupo Sugua en Guatemala y su marca Respitec”.
La noticia de la entrega de estas mascarillas de PVC fue dada a conocer a principios de agosto por El Diario de Hoy. Entonces se desconocía que las mascarillas reutilizables no estaban certificadas ni que habían costado casi 4 millones de dólares. La noticia también daba cuenta de que Sugua elabora suelas de zapatos en Guatemala.
Factum constató que, según el registro de comercio guatemalteco, Sugua es una empresa que efectivamente se dedica a la elaboración de suelas de zapatos.
Sus mascarillas Respitec son ofrecidas en páginas de Facebook y sitios de internet guatemaltecos por un precio por unidad de entre $2 y $3. Esos precios fueron confirmados por dos vendedores de ese producto que conversaron con esta revista. El gobierno salvadoreño, por su parte, las adquirió a un precio unitario de $3.30, mayor al ofrecido a los mayoristas guatemaltecos en redes sociales.
El Ministerio de Salud no quiso responder a esta revista por qué hizo una compra millonaria de un insumo médico sin certificación. El jefe de Comunicaciones del MINSAL, José Urbina, candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, no respondió las solicitudes de información sobre este tema.
Factum buscó a la empresa salvadoreña que sirvió de intemediaria. La compra de $3.8 millones de mascarillas y filtros fue realizada por el gobierno a través de NetworkLAT Inversiones, S.A de C.V, una empresa de insumos tecnológicos, dedicada a la importación, exportación y venta de toda clase de productos, mercancías y bienes creada, según el Registro de Comercio, e inscrita el 13 de octubre de 2013. El Portal de Transparencia señala que NetworkLAT Inversiones es proveedor del gobierno desde noviembre de 2013.
El representante legal de la empresa es Ricardo Osegueda Romero, quien atendió una llamada de esta revista y dijo que durante la pandemia empresas de distintos rubros se dedicaron a vender mascarillas. “Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones, pero en la pandemia nos dedicamos a ofrecer este producto. El rubro cambió en distintas empresas”, dijo Osegueda a Factum.
Osegueda dijo que su compañía cuenta con las certificaciones internacionales que respaldan la millonaria venta de mascarillas de hule y se comprometió con Revista Factum a entregar una copia para que “no se publique información errónea”. Sin embargo, al cierre de esta publicación, después de haber esperado su respuesta por dos semanas, Osegueda no mostró las supuestas certificaciones que respaldan la calidad de los respiradores y que garantiza la protección para el personal médico.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, acudió a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el pasado 11 de agosto, junto a los ministros de Agricultura, Pablo Anliker, y de Hacienda, Alejandro Zelaya, para negociar la aprobación de préstamos e informar sobre los gastos hechos durante la emergencia. Al ser cuestionado sobre la compra de un lote de mascarillas a una empresa de la familia del diputado Gustavo Escalante, otra de las irregularidades que han ocurrido durante la emergencia por la pandemia y que fue revelado por el periódico El Faro, Alabí dijo que todas las compras pasan por un departamento de adquisiciones que verifica que todos los productos cumplan con las normativas necesarias “enfocadas en los diferentes aspectos que puedan tenerse en su momento”.
Un soldado salvadoreño se protege con una mascarilla plástica fabricada por proveedores locales contratados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, durante un cambio de guardia en la plaza Gerardo Barrios en San Salvador, El Salvador, el 20 de agosto de 2020. Estudios de calidad han descubierto que este tipo de mascarillas no han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Desde que el SARS-CoV-2 fue declarado pandemia, en marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que era prioridad darle el Equipo de Protección Personal (EPP) a los trabajadores de salud para evitar contagios.
“Las mascarillas médicas deben estar certificadas de conformidad con normas internacionales o nacionales, para velar por que su desempeño sea previsible cuando las usan los trabajadores de salud, dependiendo del riesgo y el tipo de procedimiento realizado en un entorno de atención de salud”, escribió la OMS en las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la Covid-19 publicadas el pasado 5 de junio. La mascarilla recomendada es la N95, que, según estudios científicos, filtra las partículas del virus en un 95%.
El millón de mascarillas de PVC fueron compradas por el gobierno en mayo pasado para los trabajadores de las unidades de salud. Ese nivel de atención enfrenta un gran riesgo, pues el personal que allí trabaja atiende a los pacientes que consultan por infecciones respiratorias, entre ellos los casos sospechosos de la Covid-19, y dependiendo de su gravedad son referidos a los hospitales.
Un paciente es dado de alta en un hospital salvadoreño. El paciente usa las mascarillas de PVC sin certificación elaboradas en Guatemala. Foto/Minsal
Las mascarillas adquiridas por el gobierno, además de no estar certificadas, tampoco son de uso médico. En Guatemala y en Colombia las utilizan en el sector industrial para protegerse de polvos no tóxicos. Sus recomendaciones dicen que ni siquiera brindan protección durante el uso de pintura de espray o en los talleres de soldadura.
Al menos 100 trabajadores de salud salvadoreños, entre médicos, enfermeras, personal de limpieza y administrativo, han fallecido durante la pandemia, según los registros de sindicatos y asociaciones de salud. El Colegio Médico de El Salvador (Colmes) responsabiliza al gobierno de esas muertes. “Algunos implementos no tienen la certificación adecuada, es irresponsable entregar esos insumos al personal de salud. No están cuidando al personal de primera línea y eso lo hemos venido diciendo desde marzo, lo hemos repetido”, dijo el doctor Milton Brizuela, presidente del Colmes.
El secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), el doctor Luis Chávez, denunció el pasado 14 de julio que existe una serie de “trámites engorrosos” para que el personal de la autónoma reciba el equipo para protegerse del virus. A esa situación, dice Chávez, se suma la falta de pruebas para detectar la enfermedad entre el personal de primera línea.
“Todos estos errores han tenido como consecuencia una alta tasa de contagio e incidencia de muerte entre los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y también del Ministerio de Salud, los cuales han traído dolor y luto”, concluyó el médico.
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