Foto FACTUM/Cortesía

Cuatro día después de haberlo dejado en el portón del Hospital Nacional General “Enf. Angélica Vidal de Najarro” de San Bartolo, en Ilopango, los empleados de una funeraria llegaron a la casa de Jorge para informarle que su padre había muerto por Covid-19. No hubo preámbulo ni explicación. Después de no tener información por parte del hospital la noticia desgarró a Jorge y sus hermanos. 

Carlos, de 77 años, fue ingresado en el hospital de San Bartolo el martes 12 de mayo debido a una tos que no lo dejaba tranquilo. Caminaba y hablaba bien. Según los relatos de sus hijos estaba lúcido. La cuarentena domiciliaria obligatoria por la pandemia, vigente desde el pasado 21 de marzo, distanciaba a este padre de sus hijos quienes viven en municipios distintos. 

La notificación de la funeraria no era un favor; tenía como objetivo que Jorge comprara un servicio funerario para su padre. Para facilitar el trámite, le ofrecieron llevarlo a un cajero automático para que sacara el dinero y les pagara en efectivo el servicio. Fátima, hermana mayor de Jorge, recuerda que le dijo a su hermano que no hiciera ningún trato porque tenía que ir al hospital para verificar si era cierto que su padre estaba muerto. 

Carlos, según narra su hija, murió la mañana del sábado 16 de mayo en el Hospital Nacional “Dr. Juan José Fernández”, conocido como Hospital Zacamil, en Mejicanos, un día después de haber sido trasladado desde el hospital San Bartolo. “Estuvimos llamando toda la semana y hasta el viernes le contestaron a mi hermano y le dijeron que se lo habían llevado a Zacamil porque había dado positivo en la prueba (de Covid-19). Llamamos ese viernes a Zacamil y nos dijeron que estaba bien, estable”, narra Fátima. 

Fátima asegura que durante la estancia de su padre en los dos hospitales públicos nunca le notificaron que estaba en una condición crítica de salud. Los días que Carlos estuvo en el hospital de San Bartolo, según su hija mayor, ningún médico ni enfermera les dio detalles sobre el tratamiento que recibió ni cómo estaba o se sentía. Nadie respondió el teléfono asignado para darles esa información. Desde que fue decretada la emergencia nacional por el coronavirus en El Salvador, a mitad de marzo, las visitas están prohibidas en los hospitales nacionales y los familiares de los enfermos tienen que ingeniárselas para tener noticias. Una enfermera conocida, un vigilante al que le dan dinero o un trabajador que les colabora son, en algunos casos, fueron informantes, según esta familia.

A medida avanza la pandemia, la información sobre las muertes causadas por el Covid-19 en El Salvador ha resultado en algunos casos imprecisa y confusa. Por ejemplo, el ministerio de Salud no siempre notifica públicamente la edad exacta de los pacientes, sino que reportan su rango de edad que en algunos casos es hasta de 20 años, y tampoco no se conoce el hospital donde fueron atendidos. 

A Fátima le llama la atención que la muerte de su padre no aparece en las estadísticas oficiales, pese a que la boleta de defunción registra que murió de Covid-19.

Hasta este 26 de mayo, 37 salvadoreños habían fallecido por Covid-19 en El Salvador. El 16 de mayo, día que murió Carlos, el Ministerio de Salud notificó dos fallecimientos por coronavirus: el del inspector de la policía Douglas Fernando García Castro, de 51 años, y el de un hombre de 55 años. El domingo 17 fueron notificados tres fallecimientos más: de un hombre entre los 40 y 60 años (ese rango dio el ministerio de Salud), una mujer entre los 40 y 50 años y un hombre mayor de 80 años. Ese fin de semana no fue reportada la muerte de un hombre de 77 años, la edad que tenía Carlos. 

La semana siguiente, según el conteo realizado por Revista Factum, tampoco aparece ningún fallecido de esa edad. 

Se buscó una explicación de parte del Ministerio de Salud, pero el jefe de Comunicaciones de esa institución, José Urbina, no respondió a las peticiones de este medio. 

“Yo estaba pendiente en las estadísticas porque pensé que eran fiables pero no aparece mi papá. Todo me deja más confundida”, dice Fátima. 

Registro de defunción entregado a la familia de don Carlos, de 77 años, en el hospital Zacamil. La causa de muerte, según el documento, fue Covid-19. Foto FACTUM/Cortesía

Los registros oficiales de fallecidos por el Covid-19 tampoco cuadran con los reportados por las municipalidades. Durante el encuentro que tuvieron el pasado 20 de mayo alcaldes del partido Arena con el presidente Nayib Bukele, el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, dijo que su municipio está siendo afectado por la pandemia al punto que solo el martes 19 de mayo fueron enterradas cinco personas que murieron, según él, por el nuevo coronavirus. “Yo sé que lo sabe, pero yo ayer enterré a cinco personas en Soyapango por Covid-19, cinco, y ahorita creo que hay otras dos en la morgue”, dijo Álvarez al dirigirse a Bukele frente a una docena de periodistas. El día al que se refirió, el Gobierno reportó un solo fallecimiento por el virus, un hombre de entre 50 y 60 años. 

¿Cómo están las cifras oficiales con relación a lo que afirmó hoy el alcalde de Soyapango?

Ayer enterró a 5 y hoy había otros dos en la morgue.. pic.twitter.com/8Ds9ODcdzO

— Jorge Beltrán Luna (@Jbeltranluna_) May 21, 2020

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Ese sábado 16 de mayo, en la ventanilla de estadística del hospital Zacamil, según cuenta Fátima, le confirmaron que su padre había muerto a consecuencia del virus, pero no le dieron detalles sobre el tratamiento que le administraron ni le entregaron el resultado de la prueba de PCR para detectar o descartar el virus en el organismo. Esa situación, según los relatos de otros familiares de los pacientes y de personas retenidas por violar la cuarentena, se ha repetido en los hospitales públicos, en los hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en los centros de contención. 

“Yo no sé si le pusieron oxígeno, si le dieron medicamentos, yo no sé nada. No sé si le hicieron un examen, porque cuando fui les exigí que me dieran una prueba me dijeron que no tenían nada”, dice Fátima, quien siente enojo porque en los hospitales donde estuvo su padre no le contestaron el teléfono para darle un reporte sobre su estado de salud. 

El expediente clínico de don Carlos tampoco fue entregado a su familia. “Pedí los resultados de las pruebas y no me los dieron. Hasta este momento no tengo ni un solo detalle sobre cómo estaba (la salud) de mi papá”, lamenta la joven. 

Al cierre de esta nota, el gobierno salvadoreño sostiene que ha realizando 79,711 pruebas de Covid-19. El informe no detalla cuáles son los criterios implementados para realizarlas ni cuántas pueden realizarse a cada persona. Testimonios recabados por Revista Factum revelan que personas que estuvieron retenidas en el centro de contención Monte Carmelo, en Ciudad Delgado, fueron sometidos cuatro veces a ese examen y hasta este momento, tras cumplir más de 45 días de retención,  no les han entregado los resultados. 

“Nunca me enseñaron el examen de Covid de mi papá. Yo lo exigí y me dijeron que no tenían ese examen, porque por supuesto que no lo hay, de existir el examen debía estar en el expediente”, refuta Fátima. 

Los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud girados para la atención clínica de personas con enfermedad COVID-19, que están vigentes desde el 25 de marzo de 2020, establecen en el apartado de “Diagnóstico de laboratorio y gabinete de niños y adultos” que las pruebas en pacientes ambulatorios sospechosos y pacientes hospitalizados deberán identificarse con el nombre del paciente y registro o expediente. Si la prueba no es entregada de manera personal a cada paciente debe ser anexada a su expediente clínico. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) publicó un comunicado donde enfatiza que las personas examinadas para determinar si están contagiadas con Covid-19 tienen derecho a conocer resultados médicos. 

El artículo 13 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud detalla que “es un derecho de toda persona ser informada, de forma verbal y escrita, por parte del prestador de servicios de salud durante su atención de manera oportuna, veraz, sencilla y comprensible de acuerdo a su problema, su diagnóstico, tratamiento, alternativas, riesgo, evolución y pronóstico respectivo; y recibir información y explicación de manera oportuna de sus exámenes de laboratorio, de su tratamiento; así como de los efectos secundarios de medicamentos y procedimientos”.

El artículo 34 de esa ley obliga a los prestadores de servicios de salud a informar y explicar al paciente de manera detallada lo antes señalado, recalcó también el IAIP.

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El cadáver de Carlos fue entregada a su hija un día después de su muerte, el domingo 17 de mayo. Ella dice que no se lo entregaron el sábado porque el hospital tenía que coordinar el entierro con el Ministerio de Salud y con la Policía Nacional Civil. Según Fátima, en el hospital Zacamil le pidieron que fuera al municipio de residencia de su padre, en San Martín, para gestionar la partida de defunción y que hiciera trato con la funeraria para el entierro. 

La tarde que retiró el cuerpo de su padre del hospital Zacamil ocurrió una escena que ha quedado grabada en la mente de Fátima. Ella recuerda que un empleado de limpieza, un joven que vestía camisa celeste y pantalón azul, no portaba guantes ni mascarilla al momento de lavar el trapeador en el grifo que está afuera de la morgue del hospital. El joven tenía discapacidad en una mano y en un pie y por eso le costaba lavar el trapeador. Cuando lo escurrió, dice la joven, el agua le cayó en la cara. “Me he quedado pensando en el muchacho de la limpieza. Totalmente desprotegido, el que lavaba el trapeador afuera de la morgue en un chorrito, vulnerable a enfermarse”, recuerda. 

Ese día la morgue estaba llena, cuenta Fátima, quien en su celular guarda una fotografía de un cadáver que estaba afuera de ese lugar.  Firmó el documento de entrega del cadáver aunque no vio si se trataba de su padre, debido a que murió por Covid-19 y el protocolo no permite los reconocimientos. No le quedó otro camino que confiar en la institución que no le dio información sobre su padre ni le notificó su muerte. El cuerpo fue entregado a la funeraria quienes sellaron la caja.

Fátima dice que los empleados de Salud y de la funeraria que trasladaron el féretro de Carlos desde el hospital hacia un cementerio privado portaban un equipo de protección “tipo astronauta” que los protegía del virus de pies a cabeza. Ellos le explicaron que no podía acercarse a menos de 50 metros del ataúd. Una patrulla policial, un vehículo del Ministerio de Salud, el carro de la funeraria y el vehículo donde viajaba Fátima conformaron la caravana fúnebre.  

“Estando en el cementerio, estuve como a cinco metros de donde lo metieron y sellaron una caja de cemento. Al momento del entierro, cuando bajaron la caja, sentí que me dieron el tiempo para poder despedirme, estuve sentada a la orilla del hoyo, llorando, sufriendo mi dolor, me dieron el tiempo para hacerlo, pude tirarle tierra con mis manos, estuve arrodillada el tiempo que quise”, recuerda Fátima.

Esa ruptura del protocolo de distanciamiento dejó confundida a Fátima y la hace pensar que su padre no murió por Covid-19. La falta de información sobre el diagnóstico, el tratamiento y el hecho de no aparecer en las estadísticas oficiales, pese al documento que le entregaron en el hospital Zacamil, la han dejado con dudas. 

“Ni sé que pensar, las personas me preguntan, pero no tengo respuestas. ¿Usted cree usted que si hubiera sido Covid me hubieran dejado acercarme tanto al ataúd?”, cuestiona la joven a quien las dudas no la dejan tranquila.   

*Los nombres de Jorge, Fátima y Carlos fueron cambiados a petición de la familia pues tienen miedo a ser estigmatizados por sus vecinos.