El Tribunal del Servicio Civil se negó a entregar todas las resoluciones o actos administrativos bajo el argumento de que podría perjudicar el honor o dañar la moral de los empleados públicos, a pesar de que las versiones públicas de los documentos no contienen datos privados.
Foto Factum/Gerson Nájera
El Tribunal del Servicio Civil (TSC), que resuelve las demandas interpuestas por empleados públicos, negó la entrega de las versiones públicas de todas las sentencias, resoluciones o todos los actos administrativos emitidos el año pasado, a pesar de que esta información es de interés público. En el 2020, el Tribunal recibió 221 demandas y tramitó 229 juicios, según consta en las estadísticas del portal de transparencia de la institución.
El Departamento Jurídico del Tribunal, por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, denegó el pasado 30 de enero todas las sentencias sobre la situación legal de los servidores públicos bajo argumento de que esta información no es propiedad de la institución, sino que “es privada y exclusiva de las personas que intervienen”, y que conllevaría a un perjuicio” al derecho al honor que establece el artículo 2 de la Constitución de la República, “al no saber el uso que el solicitante le daría podría generar un uso indebido”.
Graciela Ayala, especialista en transparencia del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), calificó esta resolución como “ilógica”, porque la versión pública solicitada de los documentos omite la información privada o reservada.
“No acceder a los criterios en los que el Tribunal se basa violenta la situación jurídica de los empleados públicos porque se desconocen los criterios que los miembros de esa institución utilizan. Los empleados públicos desconocen de qué manera ejercer la defensa”, dijo Ayala a Revista Factum, y añadió que el TSC no tiene por qué negar información ya que no sabe para qué se utilizará, de acuerdo al artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Tribunal del Servicio Civil se encarga de conocer las resoluciones o reclamos que emiten las Comisiones del Servicio Civil de las diferentes instituciones públicas cuando se alegan violaciones a derechos laborales de los empleados públicos. Es el tribunal al que acuden los empleados públicos cuando son despedidos.
La institución está conformada por Carlos Quiteño, nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Franklin Nolasco, nombrado por la Asamblea Legislativa, y quien acumulaba una denuncia ante la Fiscalía General de la República por extraer aires acondicionados del Tribunal y otra ante la CSJ por ejercer como abogado en un proceso penal a pesar de ser empleado público. Óscar López Rivas se desempeñó como presidente del Tribunal desde el 11 de octubre de 2019, pero culminó su periodo y ahora él TSC está integrado por Juan Antonio López.
“Tengo conocimiento que todo (el trabajo del Tribunal) se va a publicar”, dijo López a esta revista, y aseguró que desconoce el contenido de la resolución de la Unidad de Acceso a la Información, por lo que afirmó que en la próxima reunión del viernes 3 de febrero haría las consultas sobre la decisión.
Revista Factum también llamó a la Unidad de Acceso a la Información Pública para entender por qué resolvió negar la información a pesar de que las versiones públicas de los documentos omiten datos privados, pero la oficial Gloria Montenegro mencionó que las explicaciones solamente son concedidas a titulares de la solicitud, aunque las resoluciones tienen carácter público.
Ayala, de ALAC, hizo un llamado al Departamento Jurídico del Tribunal para que conceda el acceso a la información y justifique apegado a derecho la información que decide denegar. También lamentó que el Instituto de Acceso a la Información Pública no resuelve con prontitud las apelaciones sobre inconformidades por falta de acceso a información.
Este no es el único caso en el que una institución decide ocultar información que debería ser pública. En junio del 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) negó la existencia de reportes estadísticos sobre delitos de homicidios, desapariciones y violencia contra la mujer. En julio del mismo año, la Policía Nacional Civil (PNC) reservó las estadísticas del delito de feminicidio y declaró confidenciales los detalles. Hasta julio de 2021, la administración de Nayib Bukele hizo 281 reservas de información en 15 instituciones, para poner candado a datos como compras públicas, licitaciones de bienes, planes de educación y salud, entre otros.
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