Así se coló el virus en el asilo Sara

El gobierno salvadoreño no impuso un encierro total en el asilo más grande de El Salvador, donde tenía bajo su responsabilidad a 219 ancianos. Los relatos de tres trabajadores de la residencia de adultos mayores –bajo condición de anonimato– coinciden en que tampoco recibieron el equipo de protección para evitar contagios. Discrepan con el gobierno, además, en el reporte del número de fallecidos. Ellos afirman que son 16 fallecidos y 174 ancianos contagiados de COVID-19. 

Foto de la cuenta de Twitter del ISRI


Las moscas han hecho un festín con la comida de los ancianos y del personal del centro de atención “Sara Zaldívar”, en la colonia Costa Rica de San Salvador. Es la hora del almuerzo del 7 de junio y no hay alguien que cuide los diez platos que están servidos sobre dos mesitas. Tampoco hay desechables ni nada que ayude a espantar las moscas. La hora de las comidas –según los relatos de los trabajadores– ya no es la fiesta que solía ser antes de la pandemia por la COVID-19.

Un brote de contagios ha cambiado la dinámica del lugar.

En un monumento de mármol que está en el asilo, el nombre de Sara de Zaldívar es descrito como el de una «caritativa madre de los pobres», quien donó en marzo de 1913 su casa de campo para mejorar la vida de una población vulnerable. Es una casa con enormes corredores y que está rodeada de árboles frutales. Desde entonces es, además, el hogar de los adultos mayores que no tienen un lugar donde vivir o familiares que los cuiden en el ocaso de su vida. 

Ahí han pasado varios días del mes de junio y los platos con la comida descompuesta permanecen estáticos. ¿El motivo? El personal es insuficiente para hacer la limpieza. Deben, además, tomar la temperatura y administrar los medicamentos a los contagiados. La situación es grave. De acuerdo a lo reportado por tres fuentes bajo condición de anonimato, ha ocurrido que 46 trabajadores están contagiados del virus.

La escena de la comida descompuesta no es parte de un cuento o un relato que sirva para magnificar el drama que en este lugar se vive. Quedó documentada en una fotografía que hizo un empleado del asilo y que compartió con esta revista. La imagen deja en evidencia la precariedad que existe en el lugar donde viven personas vulnerables. A los ojos de otro trabajador, lo que está pasando en ese lugar es un “asesinato colectivo”. Ambos dicen que los ancianos se contagiaron por las malas decisiones de la administración. Ambos pidieron resguardo de sus identidades, por temor a sufrir represalias.

Hasta los primeros días de marzo, antes de la pandemia, 219 ancianos vivían en el asilo Sara. Según las cifras reportadas por el Ministerio de Salud, en este centro de atención –que es el asilo más grande de El Salvador– hay 80 casos confirmados y tres fallecidos por COVID-19. Sin embargo, tres testimonios de empleados de esa residencia de la tercera edad manifiestan que en realidad son 174 los ancianos que tienen el virus. Reportan, además, que un total de 16 ya falleció.

Al respecto de la gravedad de esta situación, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Ligia Gallardo, responsable directa del asilo, se negó a dar información precisa sobre el número de contagiados en el asilo. “La información la maneja de forma oportuna –y de acuerdo a nuestra jerarquía– el señor ministro de Salud [Francisco Alabí]. Con él pueden consultar el tema de los datos”, dijo Gallardo el viernes 12 de junio, tres días después de que Alabí había informado el dato de los 80 casos confirmados y tres fallecidos.

Desde que el brote de contagios en el asilo se hizo público, la información de parte del Ministerio de Salud (Minsal) llegaba a cuentagotas. Fue la insistencia de los periodistas la que forzó al ministro Alabí a dar declaraciones al respecto, el sábado 6 de junio. “Sí, tenemos bastantes pacientes confirmados de covid, a los cuales ya se les está dando el manejo. Hoy por hoy son una población de riesgo y se va a hacer todo lo humanamente posible para que no se vean complicaciones o letalidades en esta población”, dijo entonces Alabí, pero la noticia comenzaba, también, a ser viral. Tres días después, tras la difusión de videos en las redes sociales donde se observó el traslado de ancianos y retiro de cadáveres en el Sara Zaldívar, el funcionario reconoció que 80 adultos mayores del asilo era positivos de COVID-19. 

¿Cómo llegó el virus al asilo?

Tres fuentes consultadas por Factum explican que la cuarentena domiciliar obligatoria impuesta en el país desde el  pasado 21 de marzo para frenar la COVID-19 no fue estricta en el asilo. El virus alcanzó a 46 trabajadores que, según los relatos, se enfermaron porque no contaban con el equipo de protección adecuado. 

De acuerdo a las fuentes, todos los días de la cuarentena el portón del asilo Sara Zaldívar fue abierto y cerrado por los vigilantes. En los últimos tres meses por ese lugar han entrado empleados, proveedores de alimentos y trabajadores del Minsal que vacunaron a los ancianos. Distintas publicaciones hechas en Facebook han demostrado que colaboradores que entregaron las canastas con víveres que mandó el gobierno sí ingresaron a las instalaciones del asilo Sara.

Tres fuentes afirman que, al finalizar los turnos, los empleados del asilo regresaban a sus casas a descansar y compartir con sus familias. Entre varias actividades, estos empleados ocuparon el transporte colectivo y fueron al supermercado para abastecerse de alimentos. Fue así como las autoridades del centro de atención de adultos mayores pudieron estar expuestos a contagio y le dejaron una hendidura al virus para que se colara en el asilo. Los posibles fallos de protocolo de seguridad no han sido confirmados ni por el ISRI ni por el Minsal. La sospecha es, pues, que no se implementó un encierro completo de los trabajadores con los ancianos, una medida que sí le funcionó a asilos de otros países, como el de Lérida (Lleida), España, que sí pudo blindarse de contagiosLos asilos catalanes, según los reportes de los medios de comunicación, se abastecieron y no dejaron entrar a nadie. El que salía no podía regresar. 

Factum tuvo acceso a la bitácora de trabajo del ISRI que da constancia de que el primer caso de COVID-19 en el ancianato fue reportado el 20 de abril de 2020. El coordinador de enfermería del Servicio de Mujeres dio positivo a contagio de coronavirus por nexo epidemiológico familiar. Es decir, se contagió al tener contacto con un miembro de su familia, quien era portador del virus. Desde ese día, el personal se encuentra reducido, pues los 15 trabajadores que tuvieron contacto con el jefe de enfermería fueron enviados a cuarentena.

“Estamos en turnos de 24 horas con uno o dos días de descanso [por la falta de personal]. Estamos muy agotados por esa dinámica toda esta cuarentena”, relató José, enfermero del asilo.  

La precariedad en el servicio de salud disponible pudo resultar decisiva en que el brote de contagios se disparara durante las semanas siguientes. Después de haber identificado al virus dentro del hogar de ancianos, a finales de abril, ochenta pruebas de COVID-19 fueron tomadas a pacientes. Y mientras un grupo de trabajadores guardaba cuarentena, otra parte del personal seguía trabajando, a pesar de haber convivido con el enfermero contagiado. Pese a que el virus ya estaba en el entorno, cuenta la hija de una empleada, los ancianos seguían almorzando juntos y compartían las áreas de descanso. Los colaboradores también rotaban por todos los servicios.  

A pesar de que los ancianos son una población de alto riesgo al contagio y en ellos las probabilidades de defunción son más altas, la bitácora de los trabajadores del ISRI también detalla que no recibieron el Equipo de Protección Personal (EPP) a tiempo. Según cuentan los empleados, en marzo y abril usaron gabachones de tela, gorros descartables y mascarillas quirúrgicas. Varios trabajadores del asilo portan gafas, caretas y mascarillas N95, pero aseguran que fueron compradas por ellos mismos.

No obstante, la falta de acceso a equipo adecuado continúa hasta el día de hoy. El testimonio de uno de los consultados incluso dice que en los últimos tres días han estado trabajando con trajes inadecuados. «Hay equipo de Minsal que entra con nosotros, pero ni ellos tenían ayer [los trajes] suficientes. El ISRI nos está dando [trajes] de apicultura. Hasta traen una abeja a un lado», relató la fuente, quien además detalló que trabajan con mascarillas KN95, que han sido cuestionadas pues hay estudios que afirman que este tipo de mascarillas no cumplen los requisitos para proteger del virus de forma efectiva.

Sobre el manejo del brote, se buscó una explicación de parte del Ministerio de Salud, pero su jefe de Comunicaciones, José Urbina, no atendió las peticiones de entrevista de parte de este medio. «La situación del Sara Zaldívar ha sido la evolución natural de un virus que es altamente agresivo y letal. Y lo pueden buscar en las estadísticas en personas mayores: hasta un 15 % de letalidad, sobretodo en el grupo de edad de 70 [años] para arriba. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo no es capaz de responder a un virus tan agresivo como este”, dijo en conferencia de prensa, Nidia Cañas, coordinadora del Programa de Atención al Adulto Mayor del Ministerio de Salud.

Esta es la fachada del Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar”, ubicado en la colonia Costa Rica, de San Salvador. Foto FACTUM/Loida Avelar.

El dominó de la muerte

Tres meses después de declarada la pandemia, no hay personal que barra las hojas de los árboles que caen en los patios. Doce personas están a cargo de 96 ancianos. 

Según la narración del personal consultado, el brote de la COVID-19 inició en la Unidad de Lesiones y Afecciones Medulares (ULAM), que fue asignada como zona de aislamiento. Desde el 28 de abril, según los registros del asilo, todos los pacientes que fueron llevados a consulta a los hospitales públicos durante la cuarentena tenían que estar albergados en esa zona por 14 días. Las fuentes afirman que la medida de contención no fue efectiva porque el personal que los atendió siguió rotando en todos los servicios del asilo. 

La bitácora da constancia de que el 21 de mayo, en la ULAM, murió un paciente que tenía un diagnóstico de “neumonía atípica”. A los médicos y enfermeras, dice José, les pareció extraño que el cadáver fue trasladado a la morgue del hospital nacional Saldaña, ubicado en Los Planes de Renderos. El personal del Ministerio de Salud que se llevó a ese fallecido utilizó un protocolo de bioseguridad que incluyó lavar las zonas por donde pasó. Un segundo paciente que salió del asilo el 12 de mayo para pasar consulta en el Hospital Nacional Rosales resultó positivo de COVID-19 un día después de la misteriosa muerte por neumonía, el 22 de mayo.  

Y como en un juego de dominó, progresivamente, los servicios del asilo fueron reportando casos positivos y fallecimientos. La Unidad de Psiquiatría, donde han sido diagnósticados 55 ancianos, es el área más afectada. En la Unidad de Lesiones, por su parte, hay 16 casos y en el sector de ciegos reportaron 36 pacientes contagiados. 

El virus se diseminó por todo el asilo. A pesar de los diagnósticos y de los casos sospechosos, el personal asegura que siguió trabajando. 

Al respecto, la información gubernamental ha sido manejada de forma hermética. La llegada al asilo de ambulancias y de vehículos del Instituto de Medicina son la única evidencia que tiene el personal para denunciar la situación. Comparten, además, su testimonio, pero les preocupa el manejo inadecuado del brote, pues aseguran que los pacientes positivos fueron movidos a la Escuela de Ciegos y al hospital Rosales, cuando consideran que lo más adecuado hubiera sido sacar del asilo a los sanos.

Nueve ambulancias del Fondo Solidario para la Salud y de otros hospitales de la red pública trasladaron a los ancianos que resultaron positivos a coronavirus a la Escuela de Ciegos. En un video que fue viralizado en las redes sociales, que fue grabado por un trabajador el 26 de mayo pasado, se observa la movilización. 

“Presentamos la propuesta de sacar a los pacientes negativos y moverlos a otros centros del ISRI, para quedarnos solo con los positivos y manejar el brote, pero no fuimos tomados en cuenta. Hicieron lo contrario. Dejaron a los negativos. Y los positivos fueron llevados al Centro de Ciegos. No nos han escuchado y por eso ha ocurrido esta tragedia”, dijo un empleado que habló con Revista Factum bajo la condición del anonimato. 

El pasado 27 de mayo, desde la cuenta de Facebook del Sindicato de los y las trabajadoras del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (Sitraisri) se publicó una fotografía que muestra a los secretarios generales de los miembros de los Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública de El Salvador (Ustraspes), quienes tenían agendada una reunión con el ministro de salud. Foto del Facebook de Sitraisri.

La muerte en el asilo y los sindicalistas en las calles

El Sindicato de los y las trabajadoras del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (Sitraisri) ha pasado ocupado en los últimos tres meses. La semana pasada, en una realidad paralela, mientras los casos se multiplicaban en el asilo «Sara Zaldívar», el sindicato se encontraba en las calles abogando por el confinamiento y las restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno. Mientras el brote de la COVID-19 se expandía en el asilo, los sindicalistas protestaban afuera de la Asamblea Legislativa. Le exigían a los diputados que prorrogaran el decreto de emergencia nacional y mostraban de manera pública su respaldo a todas las medidas de confinamiento ejecutadas por el presidente Nayib Bukele. 

Entre sus demandas no figuraba la petición de mayor y mejor equipo de protección para los trabajadores del asilo Sara.

La cuenta de Facebook del sindicato documenta las selfis que hicieron los sindicalistas en reuniones con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. La unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública de El Salvador (Ustraspes), otro sindicato que tiene presencia en el ISRI, tampoco tuvo tiempo para gestionar equipo de protección para los empleados. En cambio, estuvieron ocupados organizando el plan para entrar –a la fuerza– a las instalaciones del Colegio Médico, en San Salvador, el pasado 19 de mayo.

Consultados respecto al brote en el asilo y la entrega tardía de los equipos de protección para prevenir la COVID-19, los sindicalistas de Sitraisri dijeron, a través de un mensaje vía Facebook, que lamentan «el mal manejo que se le ha dado al tema en redes sociales». Aseguraron, además, que el personal ha sido estigmatizado. 

“Con respecto a la problemática de equipos, según nuestros estatutos, el trabajador afiliado debe reportarnos por escrito el problema ya que ese es el sustento legal”, respondió el sindicato. 

Al cierre de esta publicación, el gobierno salvadoreño reporta (a nivel nacional) 3,720 casos confirmados de coronavirus y 74 fallecidos. Del total de casos positivos, 508 son de adultos mayores de 60 años. No se conoce si los fallecimientos de los inquilinos del asilo Sara están incluidos en el reporte.


  • Los nombres de los tres empleados del asilo fueron cambiados y omitidos debido a que temen ser despedidos por hacer la denuncia pública. 

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