La mayoría de los ministerios del gobierno de El Salvador negaron información sobre gastos hechos con el dinero de los contribuyentes, como compras o contratos públicos, pese a que debería estar en línea sin que nadie la haya solicitado.
Ilustración FACTUM/Victoria Delgado
Nueve de los dieciséis ministerios del gobierno salvadoreño negaron información sobre viajes de funcionarios y los costos de obras y compras públicas. La información oculta contraviene las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
De los 16 ministerios consultados vía solicitud de información pública, nueve no entregaron la información de los costos de los viajes realizados por funcionarios públicos entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2022. Tampoco fue posible obtener el listado de obras ejecutadas, sus fuentes de financiamiento, el tiempo de ejecución, número de beneficiarios, empresas seleccionadas, contratos y formas de pago.
Cuatro ministerios ni siquiera dieron por recibida las peticiones: Turismo, Hacienda, Gobernación y Desarrollo Local. Y los ministerios de Obras Públicas, Trabajo y Educación entregaron la información de manera incompleta.
Los otros ministerios, Salud, Vivienda, Medio Ambiente, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, remitieron al peticionario al portal de Transparencia aduciendo que se trata de información oficiosa, es decir, que debe ser publicada sin que medie solicitud alguna.
La información del listado de empresas que han recibido recursos públicos y el uso de estos montos también fue negado. El listado de adjudicaciones y adquisiciones, con sus respectivos montos y detalle de su forma de contratación, tampoco fue entregado por los ministerios.
Las solicitudes fueron hechas por la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda), una organización que promueve la liberación de información pública y la rendición de cuentas del gobierno, para poner a prueba el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en los 16 ministerios que conforman el Órgano Ejecutivo.
PUEDE CONSULTAR LAS RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS EN ESTE ENLACE.
Organizaciones como Acción Ciudadana han verificado que la información no se encuentra disponible, pese a lo dicho por los ministerios. Factum también verificó y el resultado fue el mismo. Las compras públicas, por ejemplo, que es información que las autoridades están obligadas a publicar al tratarse de erogaciones hechas con el dinero de los contribuyentes, tampoco están disponibles en la mayoría de ministerios.
Al no entregar la información, las instituciones incumplen el artículo 10 de la LAIP, que establece que todos los ministerios están obligados a publicar información oficiosa como los planes de gobierno, listado de viajes hechos con fondos públicos, listado de obras en ejecución y las contrataciones adjudicadas, entre otras.
Un informe reciente de Acción Ciudadana sostiene que existe una reducción de peticiones de información pública. En 2020 fueron hechas 792 solicitudes al Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP), en 2021 fueron 559 y entre enero y abril de 2022 se contabilizan 248.
Ricardo Gómez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), dijo en una entrevista otorgada al periódico oficialista Diario El Salvador, publicada en julio de este año, que “las autoridades brindan información adecuada, en tiempo y actúan bajo parámetros de transparencia”.
Gómez, al ser cuestionado si la anterior administración del IAIP daba prioridad a las solicitudes de “periodistas y asociaciones opositoras al gobierno”, también dijo: “Nosotros pudimos verificar que justamente la institución tenía un número alto de casos pendientes porque había habido, llamémosle así, una apertura indiscriminada de casos, incluso de forma oficiosa, precisamente tendiente a poder actuar de esta manera, llamémosle ya bien deliberada, precisamente para generar algún tipo de resoluciones que, de una u otra manera, pudieran comprometer a distintas instituciones del Estado”.
Se buscó al encargado de Comunicaciones del IAIP para solicitarle una respuesta oficial de los argumentos expuestos por los distintos ministerios para negar la información, pero no respondió a las llamadas de Factum.
Acción Ciudadana: Retrocesos en transparencia
El informe de desempeño del Instituto de Acceso hecho por Acción Ciudadana, una organización de la sociedad civil especializada en contraloría social, deja en evidencia la disminución de resoluciones de solicitudes de información a favor de la ciudadanía. Entre 2020 y 2021 ocurrió una reducción del 62% en las resoluciones emitidas y un aumento del 60% en los casos rechazados, de acuerdo a la investigación.
El estudio, titulado “¿El IAIP a favor de los ciudadanos?”, muestra que el cambio de la dirección del IAIP, que coincide con el nombramiento de comisionados afines al oficialismo, derivó en menos resoluciones en favor de los solicitantes: durante la presidencia de René Cárcamo -que fue destituido por filtrar información a Casa Presidencial- el porcentaje de resoluciones a favor de los ciudadanos fue de 70%; de 60% durante la presidencia temporal de Cristina Pérez; y de 27% a favor del ciudadano durante la actual presidencia de Ricardo Gómez.
Infográficos del informe “¿El IAIP a favor de los ciudadanos?”, elaborado por Acción Ciudadana.
Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, la negativa de los ministerios para brindar información pública frena la cultura de transparencia y provoca que menos personas busquen información que les ayude a tomar sus decisiones.
“Había algún interés de los funcionarios de cumplir con la LAIP. Eso es lo que se ha caído ahora, con el desempeño del instituto y el contexto del país, que el funcionario ya no ve como problemático no cumplir con el proceso (entrega de información)”, dijo Escobar.
La situación también provoca que menos personas busquen ejercer su derecho de acceder a información pública. “El ciudadano usa menos el IAIP que años anteriores. Otra hipótesis es que los ciudadanos no tienen confianza en el instituto, piden la información, se las deniegan, pero ya no acuden. O es pérdida de interés, que ya no pide información a las instituciones, ya no ejerce su rol activo y por eso hay menos rechazo de solicitudes y menos trabajo para el instituto”, agregó Escobar.
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