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Bukele debe capitalizar la sangre

El presidente Nayib Bukele recién inaugura la fase dos de su plan de seguridad. En teoría, esta parte tiene que ver básicamente con meter al Estado a donde nunca estuvo. Si lo hace, si es más que una estrategia mediática, en algunos meses veremos resultados positivos. Es justo lo que tuvo que hacerse en los años noventa. El Estado no puede ser solo una patrulla de hombres encapuchados deambulando por el barrio en busca de posibles delincuentes. Debe ser vivienda, agua potable, escuelas, salud, recreación y todas esas cosas que han estado tan lejos de los barrios.

Por lo pronto, esto aún no llega. Lo que sí hay es una estrategia “mano de santo” que consiste en visitas de los ministros y viceministros a los territorios y un impresionante despliegue publicitario que pretende vender la sola presencia de estos como la llegada del Estado y la solución de los problemas.

Espero, lo digo con sinceridad, ver un tratamiento novedoso sobre el fenómeno. Eso de entrar a las casas almádana en mano; llenar de policías y soldados las comunidades pobres; atrapar y presentar ante las cámaras a hombres, muy tatuados, para dejarlos en libertad días después por falta de pruebas; asesinar pandilleros en enfrentamientos poco probables; violar todos los derechos humanos posibles al interior del sistema carcelario; maquillar cifras de homicidios para generar una falsa idea disminución, y prometer que el Estado por fin entrará a los barrios, ya se hizo. De hecho, se viene haciendo desde la administración de Francisco Flores.

Habrá que reconocer que en términos de seguridad Bukele heredó un panorama difícil. Heredó un conjunto complejo de pandillas que aprendieron el valor político de la muerte y a hablar con el Estado con el lenguaje de los asesinatos. Heredó también una población poco dada a confiar en la Policía y una inmensa población de jóvenes que ven a los cuerpos de seguridad como una amenaza. Heredó un país endeudado y una sociedad que privilegia la violencia como el mejor mecanismo para resolver sus problemas.

Bukele hereda, además, un país con una colección de medidas desatinadas en términos de seguridad pública. Desde mi punto de vista, el éxito o fracaso de las estrategias de este gobierno tendrá que ver con un conjunto de factores conectados entre sí. Por un lado, la capacidad que tenga de entender los orígenes de los procesos sociales que fabricaron a las pandillas, la capacidad de revertir esos procesos y la capacidad de capitalizar los oscuros periodos anteriores. Es sobre esta última sobre la que quiero extenderme.

Las políticas extremistas de la administración Cerén-Ortiz sí lograron desvincular, hasta cierto punto, a las principales cabezas de las tres pandillas con sus músculos: los pandilleros de calle. Lograron disminuir las órdenes que salen de los penales y con esto lograron hacer de las estructuras de pandillas grupos menos organizados y con menor capacidad de combate y control territorial. Ojo, con menor, no con ninguno.

Esas políticas en la calle tomaron forma de muertos. De los  más de 1,000  supuestos pandilleros asesinados por la Policía Nacional Civil (PNC) en el periodo Cerén-Ortiz, de los cuales, según la relatora de Naciones Unidas Agnes Callamard, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el Servicio Social Pasionista  y esta misma revista en la investigación de agosto de 2017, la mayoría no fueron en el marco de enfrentamientos armados, sino policías asesinando a jóvenes pandilleros, a colaboradores o a muchachos con la mala suerte de estar en el sitio equivocado.

Tristemente, la sangre y las violaciones de los derechos humanos tuvieron los resultados que buscó con tanta desesperación el FMLN. Bajaron los homicidios. Poco, pero bajaron. Y la deserción de pandilleros llegó a niveles nunca antes vistos en el país, al menos no vistos dentro del sistema carcelario. Los reos del penal de San Francisco Gotera, por poner el ejemplo más fuerte, aseguran haberse retirado de la pandilla y ahora viven en relativa armonía con los exmiembros de pandillas rivales.

Todo esto también tuvo costos. Altos costos. Por un lado, sacrificaron a nuestros policías. La PNC que, arrastrando siempre vicios de corrupción y violencia, no era una policía especialmente echada a perder. No al menos dentro de la subregión del triángulo norte centroamericano. A esa policía, a esos y esas policías, el gobierno los lanzó a una guerra casi personal contra estructuras muy violentas. Estructuras que gobiernan allá donde esos policías y sus hijos y madres y cónyuges viven. El resultado fue predecible. Aquello se volvió un juego de vendettas.

Entre 2015 y 2018, la Policía enterró a decenas de miembros asesinados por pandillas. Sin contar los militares y custodios de centros penales. Cabe decir que a ninguno de esos funerales se acercó el presidente ni otros altos mandos. Ni siquiera cuando asesinaron al policía que protegía a una familiar del presidente. Para ellos nada. Para ellos el olvido.

A esa policía dolida, atemorizada, obligada a la casi clandestinidad de sus miembros, colérica, el gobierno le dio un espaldarazo para seguir adelante y le encomendó derrotar a las pandillas y terminar en pocos años, y a fuerza de bala, un problema gestado durante décadas por varios gobiernos de diferentes países. Los hombres y mujeres policías fueron valientes. Tomaron el reto, ese reto tan injustamente adjudicado, y lo hicieron, o lo intentaron, sacrificando en muchos casos el honor de la corporación, y en muchos otros la vida y la salud mental de sus miembros.

A esa PNC, tan injustamente lanzada a la guerra callejera, no le podemos pedir ahora que vuelva a ser una policía preventiva. No podemos tenerlos en los parques cuidando a nuestros hijos. A esos hombres y mujeres que se tuvieron que organizar dentro y fuera de horas laborales para asesinar adolescentes y “limpiar” sus propias colonias de pandilleros y vengar a sus compañeros y familiares asesinados no podemos pedirles que sean policías, o ciudadanos, normales. El sacrificio fue grande.

Por otro lado, estas estrategias alejaron a las comunidades del Estado. La policía, en muchos lugares único representante del Estado, llegó a ser temida más que necesitada. Esto fortaleció la base social de las pandillas en las comunidades marginalizadas, considerándolas una enfermedad menos mortífera que los batallones conjuntos de la FES, STO o GRP. Otro sacrificio importante y sobre todo difícil de revertir.

Las estrategias de este último gobierno generaron redes potencialmente muy peligrosas. Estos grupos de exterminio (como les gusta autonombrarse) nacidos desde la intimidad de la Policía, buscaron financiamiento por donde pudieron. Algunos ganaderos, migrantes residentes en los Estados Unidos, empresarios y hasta familias particulares les dieron dinero, les dieron vehículos o armas para montar escenas. Finqueros les pagaron a grupos de la FES para limpiar sus terrenos de “malvivientes”, volviendo así a una lógica casi feudal con la que operó la aterradora Guardia Nacional.

Esas redes también pueden ser, y son, usadas para otros delitos que ya no tienen que ver con matar pandilleros. Otro gran sacrificio.

Y, por último, y en caso de que todavía quede alguien a quien le importe, sacrificamos nuestra moral colectiva. Como Estado y sociedad le apostamos más rápido, y con más alegría, a la muerte de nuestros muchachos que a la posibilidad de brindarles mejores condiciones de vida para que la pandilla dejara de ser lo que es: una opción razonable. Esa vergüenza nacional nos perseguirá, o debería perseguirnos, por mucho tiempo. Eso es un sacrificio más grande de lo que imaginamos.

Como dije antes, estos sacrificios lograron cosas. Bajaron ligeramente los homicidios, desvincularon a los líderes de sus pandillas, generaron deserciones al interior del sistema carcelario. Pero todo eso es reversible. Si algo nos han demostrado las pandillas es que son estructuras moldeables, resistentes y elásticas. Si estudiamos su historia veremos que soportaron la “guerra contra las drogas” de Ronald Reagan cuando estas pandillas aún estaban solo en la ciudad de Los Ángeles, California; la política de deportaciones masivas de Bush y de Clinton; los escuadrones de la Sombra Negra durante los años noventa y el embate de toda una fauna criminal al interior de los centros penales a quienes derrotaron, arrebatándoles, a fuerza de machetes y bombas caseras, penales enteros.

La administración Bukele debe capitalizar estos logros conseguidos de manera infame por gobiernos anteriores. Tiene una oportunidad única de darles continuidad a estos procesos sin mancharse las manos de sangre. Ya la administración Cerén-Ortiz se encargó de eso. Debe apostarle, ahora con las estructuras más debilitadas, a un trabajo de persecución del crimen técnico, focalizado y apegado a ley, a ofrecer caminos seguros, estables y prolongados de reinserción. Debe apostarles a estrategias de prevención temprana que vayan más allá de las clases de breakdance, los torneos de fútbol y los lamentables shows que montan los ministros en comunidades históricamente infernalizadas por la pobreza y el abandono estatal.

Tal como lo veo, Bukele tiene la posibilidad de hacer que tanta pérdida, tanta sangre salvadoreña, valga la pena. Y de hacer que la paz social sea un monumento vivo en agradecimiento al sacrificio de todos aquellos que murieron en los oscuros años de Arena y el FMLN. O puede, por el contrario, deshonrarles y dejar que la violencia, la callejera y la que llega en forma de política pública, siga gobernando en El Salvador.


*Juan Martínez d’Aubuisson es antropólogo salvadoreño. Autor del libro de crónica etnográfica  «Ver, oír y callar. Un año con la Mara Salvatrucha 13», coautor del libro «Crónicas Negras. Desde una región que no cuenta» y coautor del libro «El Niño de Hollywood. Cómo Estados Unidos y El Salvador moldearon a un sicario de la Mara Salvatrucha», entre otros.

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