Sin oposición

El presidente Nayib Bukele gobierna sin oposición política. Eso no es sano para la democracia, sobre todo cuando estamos ante un líder que, a juzgar por sus comunicaciones públicas iniciales y el comportamiento de algunos de sus seguidores, es poco tolerante al disenso y esquivo al diálogo.

Desde que Bukele asumió la Presidencia de la República, la réplica de los dos grandes partidos políticos de oposición, Arena y el FMLN, ha ido del silencio al balbuceo, incluso a la docilidad en el caso de algunos diputados areneros.

El presidente se las ha jugado bien: amparado en su popularidad y en la narrativa según la cual quien se le oponga se opone al deseo popular y al bien del país, Bukele ha tirado a la oposición un anzuelo que parece haber funcionado. Al menos es una deducción válida que se puede hacer de las reacciones erráticas o inexistentes de diputados, cúpulas partidarias o líderes políticos en general a los compases que les toca el Ejecutivo.

La actitud dócil de cuatro diputados areneros ante las políticas públicas del presidente es llamativa, pero no es ni de cerca la más relevante. El silencio oficial de Arena y el Frente ante los primeros desmanes del nuevo gobierno gritan mucho más.

Las políticas de seguridad pública, la real y la mediática, que ha echado a andar el gobierno necesitan, desde ya, respuesta política de la oposición. Porque, en general, son medidas basadas en modelos que ya fracasaron, en el desdén por los derechos políticos, jurídicos y humanos de los salvadoreños, y en mentiras convertidas en propaganda a través de las redes sociales y medios de comunicación afines al gobierno.

El montaje que la administración Bukele hizo alrededor de dos mujeres víctimas de violación sexual para garantizar la aprobación de 31 millones de dólares en la Asamblea Legislativa es, hasta ahora, el mejor ejemplo del efectismo del gobierno y del silencio de la oposición. La periodista Jessica Ávalos lo explica bien en una nota sobre esas violaciones publicada en esta revista con el título “Las víctimas de la 202 contradicen el montaje del gobierno”:

“El… 28 de junio (día de los ataques a las mujeres, quienes viajaban en un bus de la ruta 202 en la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana), el Gobierno montó un operativo en el terreno y otro en Twitter. Al terreno mandó policías, soldados, helicópteros; y en Twitter alardeó de la búsqueda de los delincuentes. El presidente del país Nayib Bukele llamó ‘malditos’ a los responsables, prometió ir tras ellos, no dejarlos escapar y dejarles caer ‘todo el peso de la ley’. Pero nada de eso ocurrió”, escribe Ávalos.

Los responsables de las violaciones, los “malditos”, siguen libres de acuerdo con todos los testimonios que recogió Jessica Ávalos y a las actuaciones de la Fiscalía en el caso. Eso a pesar de que al lugar de los hechos llegaron decenas de policías con equipos especiales y funcionarios de alto nivel —todo lo cual fue debidamente documentado en cuentas oficiales de Twitter—, de que el gobierno hizo alarde de que había capturado a los responsables y de que el presidente, en un afán por desdibujar los límites democráticos de la separación de poderes del Estado, se atribuyó la prerrogativa legal de ordenar el envío de dos capturados que según la Fiscalía no tienen que ver con los hechos a la cárcel de máxima seguridad.

Eso. Un montaje.

El caso y el hilo de tuits de Bukele que sirvieron de marco comunicacional al fallido operativo de captura, argumenta la periodista Ávalos, “le valieron para pedir más dinero para seguridad. Necesitaba el aval legislativo para la reorientación de 31 millones de dólares para la Policía y el Ejército. Y este, el primer caso de la seguridad que conmocionó al país ya en su Gobierno, se convirtió en la tormenta perfecta para pedir a los diputados que estuvieran de su lado”.

No argumento aquí que una oposición política responsable consista en negar financiamiento a los planes de seguridad del Ejecutivo. Digo que la obligación democrática de la oposición, desde el Legislativo, es servir de contrapeso al Ejecutivo, sobre todo cuando las actuaciones de este linden con prácticas autoritarias y riñan con la ley primaria, como ocurrió en el caso de la ruta 202. ¿Aprobar fondos? Sí o no, pero no sin una discusión parlamentaria real basada en el diálogo directo con los funcionarios de seguridad del Ejecutivo, no en chantajes vía Twitter.

Hay que decir que detrás de los montajes mediáticos —no solo nos hemos atragantado con el del bus de la 202— parecen asomarse algunas ideas que sí llevan dosis de riesgo político, pero, al final, son el único camino para, de verdad, devolver el Estado al territorio. El planteamiento de interlocución con las comunidades, lo cual pasa por dialogar con las pandillas que las controlan, es un camino que las autoridades no pueden evadir.

Ese camino, está claro, no pasa por las selfies de los funcionarios en columpios o los videos coquetos de los ministros aparentando pasear casuales por los barrios controlados mientras, fuera del encuadre de cámara, un ejército de guardaespaldas los vigila.

Quien conoce cómo funcionan las pandillas en el terreno sabe que ni las selfies ni los videítos serían posibles sin el consentimiento expreso de los líderes pandilleros. Es decir, es ya evidente que hay acercamientos y diálogos en los territorios. ¿Cuáles son las condiciones de esos diálogos? ¿Quiénes los protagonistas? ¿Qué está sobre la mesa? ¿Los homicidios? El gobierno de Nayib Bukele, parapetado tras sus cuentas de Twitter y sus videos, no responderá esas preguntas espontáneamente. Por eso la contraloría social es necesaria, y parte de ella debería estarse ejerciendo a través de la oposición política, esa que por hoy está ausente.

Las investigaciones periodísticas que Factum y otros colegas hemos llevado adelante desde 2016, cuando la administración de Sánchez Cerén recrudeció su política de tierra arrasada en las comunidades marginalizadas del país en su guerra contra las pandillas, revelaron el desprecio del Estado por los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas que viven en esos lugares. Eso sigue ocurriendo. ¿Quién, desde el Legislativo y el sistema de partidos, se atreve a embarcarse en esa conversación? Nadie hasta ahora.

Por no embarcarnos en pláticas democráticas, que no tendrían que ser las del aplauso idiota pero tampoco las del oportunismo contestatario, guardamos como país un silencio peligroso. Eso es letal para nuestra democracia. Y eso, en este gobierno que desde tan joven parece navegar solo, sin nadie que lo adverse o le pida cuentas, parece aún más peligroso que en administraciones anteriores.

El Salvador no puede navegar sin voces que le contesten al poder desde el poder. De eso se trata la democracia. Por hoy estamos ya no solo ante una oposición torpe, sino ante una que es cómplice de comportamientos políticos que riñen con la separación de poderes, el disenso parlamentario y la tan necesaria cultura de contrapesos en los que toda democracia está cimentada.

Buena parte de la explicación al silencio político está en los dos partidos grandes que, sin líderes democráticos visibles y enfrascados en patéticas luchas por sus propias migajas, no saben a qué juegan, cuáles son sus nortes, ni siquiera parecen tener idea alguna de cómo sobrevivir. Y lo que va quedando de ellos son los grupos más proclives a las mafias, los Herberts del caso, que también marcan con sus huellas el gobierno de Bukele. Esos poderes necesitan quién los adverse, quién se les oponga.