El comisionado Andrés Guzmán acusó a Factum de hackear sus mensajes, cuando en realidad los datos que lo vinculan con Luis Martínez constaban en la investigación judicial del exfiscal.
El financiamiento del FMI debe estar precedido por acciones gubernamentales previas que den luz verde al acceso a la información, la independencia de instituciones de control y un real ejercicio de rendición de cuentas.
Para contrarrestar al populismo punitivo debemos promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos y exigir políticas de seguridad basadas en la prevención.
El gobierno volvió a activar sus equipos cuando esta situación empezó a rasguñar su popularidad, esa que mantiene sobre la base de grandes anuncios pero que, detrás de los flashes, ha descuidado lo elemental: mantener sana a su población.
En un país que se ha convertido en una finca administrada bajo el látigo de un capataz, los ministros, los diputados y los funcionarios salen sobrando.
Por ello no sorprende que, ante tanta emergencia y a falta de planes de mitigación, ese vacío se llene con aquello para lo que sí están preparados: una puesta en escena en medios de comunicación y redes sociales.
El gobierno de El Salvador, que prometió que el dinero alcanzaría si nadie robaba, ha quedado en evidencia ante la necesidad de endeudarse cada vez más para sacar los gastos corrientes. El dinero no está alcanzando.
Tenemos un gobierno que ha blindado el derecho ciudadano al acceso a la información pública, haciendo más difícil contradecir con datos su discurso oficial.
Debe quedar claro que estamos hablando de mucho más que parar la corrupción y mentiras, hablamos de la necesidad de justicia, de pasar de un país injusto y con muy poca transparencia a un país más justo, un país más abierto.
Más allá de la palabra del gobernante de turno y la publicidad, es necesario cuestionarse continuamente si este gobierno está implementado políticas que realmente beneficien a las mayorías.
Ece Temelkuran describe en “Cómo destruir un país en 7 pasos” una de las etapas que llevan a la destrucción de la democracia por estos gobernantes: la banalización y la ridiculización de los hechos ilegales, graves e inaceptables.
La administración Bukele debe capitalizar estos logros conseguidos de manera infame por gobiernos anteriores. Tiene una oportunidad única de darles continuidad a estos procesos sin mancharse las manos de sangre. Ya la administración Cerén-Ortiz se encargó de eso.
Cuando el presidente electo anuncia primero esos seis cargos, todas mujeres, debe estar consciente que con ello envía un reconocimiento a la equidad de género, a la importancia que tienen las mujeres en nuestra sociedad.
La violencia, el principal problema de El Salvador, pasó de largo en los cambios que hizo el presidente. Ante la derrota del 4M, la respuesta de Sánchez Cerén fue rotar a sus funcionarios del área económica.
Una investigación periodística sostiene que las autoridades de seguridad avalaron traslados carcelarios en un afán de romper a la MS-13… para propiciar la aparición de otra pandilla, la 503.
