En los últimos años, en distintos países se ha venido conversando sobre el populismo punitivo y cómo dichas medidas son adoptadas por los gobernantes, utilizando al derecho penal para satisfacer las demandas de una población que exige cada vez medidas más drásticas contra la delincuencia. El Estado responde con un incremento de las penas y una mayor intervención del poder punitivo en cualquier esfera de las relaciones de la sociedad, lo que en muchas ocasiones vulnera principios con el fin de obtener réditos electorales.
Uno de estos principios es el de mínima intervención del Estado (última ratio), que consiste en restringir la aplicación de la ley penal al máximo. Solo podrá intervenir cuando se hayan agotado otras instancias menos gravosas para las libertades de los ciudadanos y sea necesario. Así lo establece el artículo 5 de nuestro Código Penal, que exige que sólo se imponga una pena o medida de seguridad cuando sea necesario y proporcional a la gravedad del hecho. Por lo tanto, el derecho penal juega un papel subsidiario en la defensa de los intereses de la sociedad.
Nuestro país no ha estado exento de estas medidas, y ha sido una de las principales herramientas utilizadas por el actual mandatario inconstitucional. Con la aplicación del régimen de excepción y las reformas hechas por los diputados de su partido al Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Contra el Crimen Organizado, Bukele ganó apoyo electoral en las elecciones de febrero de este año al reducir al mínimo las estructuras pandilleriles, sin importar que con dichas medidas se hayan vulnerado derechos individuales de muchos ciudadanos inocentes.
Si bien en el desarrollo de las sociedades actuales y la relación con la ciencia, la tecnología, las relaciones financieras y los medios de comunicación social, entre otras, se exige a los legisladores la protección de nuevos bienes jurídicos, estos no deben sobrepasar los límites normativos consagrados en nuestra Constitución. Deben utilizar otros modos de protección menos invasivos para las libertades individuales.
Sin embargo, lo que hemos visto en nuestro país en los últimos años es todo lo contrario. La intervención de la ley penal está presente en cada esfera de la administración del Estado. Hemos sido testigos de cómo la Fiscalía General de la República ha iniciado procesos penales a personas que han infringido normas de tránsito, ya sea por atropellar accidentalmente a un animal doméstico o por una riña estudiantil entre adolescentes, cuando podrían haber aplicado sanciones administrativas.
Toda esta intervención punitiva está incitada por un presidente inconstitucional que ha amenazado con enviar a prisión a cualquier enemigo que la coyuntura le permita. Se ha pasado de amenazas al gremio médico, al gremio de transporte y recientemente a los distribuidores y vendedores de verduras. Dichas intimidaciones solo consolidan el poder autoritario y degradan aún más las instituciones democráticas, sembrando temor en cada sector de la sociedad que pueda develar alguna crisis que vive nuestro país.
Para contrarrestar el populismo punitivo, es crucial que como sociedad promovamos una cultura de respeto a los Derechos Humanos. Debemos dejar de promover la intervención de las instituciones punitivas (Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República) por cualquier conflicto que se genere. Además, debemos exigir a los gobernantes que apliquen políticas de seguridad basadas en la prevención y aborden los problemas estructurales de la criminalidad, respetando el principio de mínima intervención.
*Elías Abel Ramírez es abogado salvadoreño.
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