Un reciente comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre El Salvador asegura que “[l]as autoridades han avanzado en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero y las deficiencias de los marcos de contratación pública”. Esta afirmación merece un análisis detallado.
En principio, hay que señalar que durante esta administración no hay ninguna evidencia objetiva que indique que el gobierno tenga algún interés en dar pasos para salir de la opacidad instalada, en promover la participación ciudadana y en permitir la rendición de cuentas, lo que ha podido ser constatado por el mismo Fondo Monetario que no tuvo la anuencia de las autoridades salvadoreñas para publicar ni el comunicado de prensa, ni el informe de supervisión que realizara sobre El Salvador en virtud del mandato del Artículo IV del Convenio Constitutivo, por ejemplo.
Sin embargo, revisemos cada elemento por separado.
¿Las autoridades han avanzado en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción?
No. Aunque la anterior legislatura aprobó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, actualmente no hay indicios de propuestas legislativas novedosas para abordar la corrupción. Abordar la corrupción implica, además de un debate abierto en la Asamblea Legislativa, el cumplimiento y respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública que haga posible la auditoría ciudadana y sobre todo la independencia de las instituciones públicas de control para que ejerzan su función en el Sistema de Rendición de Cuentas. Ninguno de estos elementos existe en el país.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2023, El Salvador cayó al puesto 126 de 180, con un puntaje de 31 sobre 100, 5 menos desde 2020 y el más bajo desde 2012.
En la Encuesta de Presupuesto Abierto, el país cayó 17 puntos de 2021 a 2023, evidenciando una disminución en la transparencia presupuestaria y en las oportunidades de participación pública. La falta de publicación del proyecto de presupuesto y la escasa participación ciudadana destacan la preocupante falta de transparencia y control en la gestión pública.
A esto hay que sumar la opacidad generalizada en la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones públicas. Sirva como ejemplo la falta de transparencia en las contrataciones de personal en la Asamblea Legislativa revelada recientemente por un grupo de hacktivistas; la que ha levantado la indignación de un importante sector de la población ante el nepotismo, la falta de credenciales profesionales y el clientelismo político. Sin embargo, esta falta de transparencia solo replica la actuación del resto de los Órganos del Estado, incluyendo al Ejecutivo. ¿A quiénes se contrata? ¿Qué procesos se siguen? ¿Cómo se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales? Son preguntas sin respuestas y que implican desembolsos importantes del dinero pagado con los impuestos de los salvadoreños.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ha expuesto que de 1,455 solicitudes de acceso a la información realizadas a 19 instituciones en 2023, menos del 50 % había sido satisfecho a la ciudadanía. Las consultas no satisfechas por el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, van desde datos sobre la deuda política –que fue denegada por falta de respuesta de la Dirección Financiera– hasta la ejecución del gasto presupuestario para los años 2020 a 2023 y proyecto de presupuesto de 2024 –que también fue denegada, en este caso por “no encontrarse disponible”–.
Asimismo, Cristosal publicó el reporte sobre el Estado de la Transparencia, en el que evaluó 1,463 solicitudes de acceso a la información realizadas por 15 organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. De ellas, solo 394 recibieron respuesta; es decir en más del 73 % de los casos las autoridades salvadoreñas vulneraron el derecho a la ciudadanía.
En cuanto al órgano legalmente competente para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, la investigación realizada por Acción Ciudadana revela que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha exhibido un desempeño insatisfactorio. En 2023, el IAIP solo emitió diez resoluciones favorables a la ciudadanía. Esto representa una notable disminución en comparación con las 158 resoluciones en 2019 y las 245 en 2020. Esta deficiencia en la protección y garantía del derecho de acceso a la información ha sido tan significativa que, en diciembre de 2023, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a tres comisionados del IAIP en la Lista Engel, debido a su obstrucción indebida del acceso a la información pública.
¿Cuál es el camino para que la ciudadanía pueda satisfacer su derecho en estas circunstancias? ¿Acudir a la Sala de lo Constitucional en la búsqueda de un amparo? En el caso salvadoreño, esto es un eufemismo, si tenemos en cuenta el origen inconstitucional del órgano.
Por lo tanto, no hay regulación que pueda sobreponerse a la cooptación del Sistema de Rendición de Cuentas y menos a la decisión institucionalizada de tener a la opacidad como política de gobierno.
Sigamos: ¿las autoridades han avanzado en la preparación de propuestas legislativas para las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero?
No. El 13 de diciembre de 2023, el ministro de Justicia y Seguridad Pública presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva” que vendría a sustituir la ley vigente contra el lavado de dinero y de activos. La Comisión de Seguridad –sin debate público, como es costumbre– aprobó el dictamen; sin embargo el 4 de enero de 2024, ante las graves deficiencias, fue retirado y no se ha sabido más del proyecto.
Por lo tanto, los avances a los que se refiere el FMI son desconocidos para la ciudadanía que sin instituciones independientes no tendrá ninguna garantía de un compromiso verdadero en la materia.
En cuanto a criptoactivos, la regulación sigue siendo deficiente para la prevención, control y sanción de lavado y lucha contra el terrorismo, particularmente por la falta de medidas plasmadas en ley y únicamente establecidas en instructivos. Además, cualquier normativa en este ámbito debe realizarse con transparencia y en consulta a los distintos sectores que vayan a ser regulados para que realmente sea eficaz.
Y para finalizar, ¿las autoridades han avanzado en la preparación de propuestas legislativas para abordar las deficiencias de los marcos de contratación pública?
No. En los dos últimos años, el sistema de compras públicas ha sido reformado sobre la base de la dispersión normativa, creando más de ocho leyes especiales para la contratación: de proyectos estratégicos, de obras públicas con financiamiento incluido, eventos, para la Dirección de Obras Municipales (DOM) y el Régimen de Excepción, entre otros.
Entonces, la nueva ley de compras públicas que sustituyó a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, vigente desde el 2000, nació con una serie de ámbitos exentos de su aplicación. Asimismo, el nuevo sistema de Comprasal, portal en el que la ciudadanía podía verificar las compras de bienes, obras y servicios, quedó limitado únicamente para los proveedores e instituciones, excluyendo a la población de cualquier acceso.
Además, la ley de compras se aleja de la licitación pública como mecanismo de adquisición constitucionalmente establecido y favorece la contratación sin competencia ni transparencia, al ampliar las causales para que se adjudiquen directamente contratos a los proveedores, dejando de lado la jurisprudencia constitucional (Inc. 67-2015, 61-2011).
En cuanto al establecimiento del sistema antisoborno, este descansa en los oficiales de cumplimiento que responden a un mecanismo de supervisión vertical a cargo de la entidad que responde al Órgano Ejecutivo, sin que existan mecanismos de supervisión de la ciudadanía. Dentro del mismo esquema se encuentra la Secretaría de Cumplimiento y Mejora Continua, a cargo del fortalecimiento al control interno del Órgano Ejecutivo; sin embargo, posee toda su información bajo reserva.
A El Salvador le urge financiamiento y una institución financiera no responde a derechos de los ciudadanos, ni a los principios democráticos de un régimen político, sino a la colocación de recursos que van a ser pagados con intereses por la población salvadoreña. Sin embargo, es muy ingenuo creer que se construya un acuerdo para un préstamo sobre la existencia de “avances” en la elaboración de propuestas para “abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero y las deficiencias de los marcos de contratación pública”, cuando la realidad verificada nacional e internacionalmente es que la ausencia de transparencia es un elemento sistemático y estructural del gobierno salvadoreño.
Por lo tanto, cualquier financiamiento debe estar precedido por acciones gubernamentales previas que den luz verde al acceso a la información, a la independencia de instituciones de control y a un real ejercicio de rendición de cuentas. Todo lo demás son promesas al aire.
*Ruth López es abogada salvadoreña, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal.
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