Con la venia de un porcentaje de la población, El Salvador se encamina a una de sus etapas más oscuras. Si se validara el cuestionable informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del escrutinio final de las elecciones presidenciales del pasado 4 de febrero, gracias al voto de 2.7 millones de personas se ha elegido la opción inconstitucional, la que desprecia a la democracia y sus valores, la opción dictatorial.
2.7 millones a favor de que se violente la Constitución de la República y las leyes
Con el Golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional del primero de mayo del año dos mil veintiuno, por parte de los diputados del partido Nuevos Ideas, el presidente Bukele allanó el camino para su reelección inconstitucional. En septiembre de ese mismo año, esta fue confirmada por la Sala de lo Constitucional impuesta, que dictó una resolución con una interpretación burda del artículo 152, numeral 1º, de la Constitución, en la que omitieron al resto de disposiciones constitucionales que prohíben la reelección presidencial. Los diputados de la bancada oficialista, además, realizaron reformas para que –bajo pena de prisión– los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no pudieran obstaculizar la inscripción inconstitucional.
2.7 millones a favor de que un clan familiar maneje los hilos del país
Desde el inicio del gobierno actual, ha sido evidente cómo la familia Bukele, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decide sobre la vida de la población salvadoreña. Los hermanos del presidente son parte de un gabinete no oficial. Investigaciones periodísticas han demostrado que ellos, sin ser funcionarios, toman decisiones de gran trascendencia para la administración pública. Ejemplo de ello es la ley que declaró al Bitcoin como moneda de curso legal en el país. En ella, los hermanos Bukele jugaron un rol determinante.
2.7 millones a favor de que se violente la presunción de inocencia y el debido proceso
A casi dos años de que se decretara el régimen de excepción, la presunción de inocencia y el debido proceso –garantías reconocidas en nuestra Constitución– se han debilitado al mínimo. Ahora, en El Salvador, un policía o militar puede realizar la detención de cualquier persona y acusarla de pertenecer a una estructura pandilleril. Con las reformas en materia penal aprobadas por la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa, los procesos cada vez son más inquisitivos y la oportunidad de defenderse es muy difícil o casi nula.
2.7 millones a favor de que se oculte la información y el uso de los recursos públicos
Una de las características principales del gobierno de Nayib Bukele es la ocultación de información que debería ser de carácter público. En la actualidad, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es una institución de adorno y que no desempeña las obligaciones que le mandata la ley. Esta situación, evidentemente, favoreció a los intereses del partido oficial, ya que al no tener información veraz sobre el uso de los recursos públicos, a la población le es difícil construir una opinión informada acerca de si los representantes elegidos están realizando correctamente su labor. Ejemplo de ello es cómo el Ministerio de Salud ocultó los datos sobre las muertes en la pandemia por COVID-19 y las estadísticas reales sobre los delitos cometidos durante la vigencia del régimen de excepción, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
2.7 millones a favor del uso discrecional del dinero de pensiones por parte del gobierno
Datos proporcionados por la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna establecieron que el gobierno salvadoreño había tomado $1,009.74 millones entre abril y noviembre de 2023 del fondo de pensiones de los salvadoreños. De esto se desconoce su uso, por lo que solo queda presumir que fue para gasto corriente.
2.7 millones a favor de la improvisación
En la campaña electoral previa a las elecciones de 2019, Bukele dio a conocer un documento que llamó “Plan Cuscatlán” y que sería la guía de su gobierno para el quinquenio que gobernaría. No obstante, lo establecido en dicho documento no se ha realizado. El gobierno salvadoreño no tiene políticas públicas reales, sino improvisación en cada una de las decisiones que toma.
2.7 millones a favor de que se depreden los recursos naturales
Los grandes proyectos urbanísticos se han visto beneficiados con el actual gobierno, sin importar que se esté depredando los recursos naturales del país. Una muestra es lo que sucede en Nuevo Cuscatlán, donde la cordillera de El Bálsamo está siendo talada para construir residenciales en un mercado inmobiliario exclusivo para un sector minoritario del país.
*Elías Abel Ramírez es abogado salvadoreño.
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