La consecución de la justicia es un principio fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Nuestra Constitución, en su artículo primero, la reconoce como una de las actividades principales del Estado. Una manifestación clara de este principio es el derecho de todos los ciudadanos a la protección jurisdiccional o acceso a la justicia, es decir, a acudir ante los juzgados o tribunales a formular pretensiones para que estos se resuelvan conforme a la Constitución y las leyes.
Para garantizar este derecho, es indispensable que el Órgano Legislativo actúe con responsabilidad al momento de decretar nuevas leyes o reformar las existentes, para generar un acceso a la jurisdicción de manera ágil y sin mayores obstáculos. Sin embargo, en nuestro país, tanto la legislatura anterior como la actual han aprobado normas que, en algunos casos, han dificultado el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población.
Un ejemplo de esta situación es la Ley Crecer Juntos. Si bien esta ley representa un avance significativo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, su implementación ha traído consigo ciertas implicaciones. Una de ellas es la restricción de las competencias de los jueces de familia. Con la entrada en vigor de esta norma, se quitó las facultades a los jueces de familia de conocer los procesos donde la madre o el padre solicita una cuota de alimentos o vivienda, un régimen de visitas o la pérdida de la autoridad parental, entre otras.
Para atender estos asuntos, se crearon los Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, estos juzgados se concentran únicamente en las cabeceras departamentales de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Esta centralización ha obligado a muchas personas a trasladarse largas distancias para iniciar o seguir sus procesos judiciales, lo que representa una carga adicional, especialmente para quienes viven en zonas rurales o en departamentos más pequeños.
La situación se agrava aún más ante los recientes despidos masivos en la Procuraduría General de la República, la institución que por mandato constitucional tiene la obligación de brindar asistencia legal gratuita a las personas de escasos recursos. Reducir el presupuesto de esta entidad limita drásticamente la representación legal de las familias más vulnerables, afectando su acceso a la justicia en una amplia gama de asuntos, desde casos penales hasta materias de familia, niñez, adolescencia, condiciones laborales, así como también en materia civil.
Por otro lado, las últimas reformas a la Ley Orgánica Judicial han transformado numerosos Juzgados de Paz en Tribunales Contra el Crimen Organizado. La excesiva cantidad de personas procesadas penalmente por el Régimen de Excepción –que lleva la trigésima primera prórroga desde que inició, a finales del mes de marzo de 2022–, ha generado una sobrecarga laboral para los jueces Contra el Crimen Organizado, teniendo el Órgano Judicial que destinar más presupuesto para solventar dicha problemática.
La reforma ha dejado sin Juzgados de Paz a distritos como Santiago Texacuangos y Rosario de Mora en la zona central, Santa Rosa Guachipilín y Masahuat en la zona occidental, y Quelepa y Ciudad Barrios en la zona oriental. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las poblaciones rurales, obligándolas a realizar largos desplazamientos hasta otros distritos para resolver asuntos legales como como casos de violencia intrafamiliar, conciliación en materia civil o la interposición de una denuncia por la comisión de un delito.
En definitiva, es necesario exigir que se legisle con conciencia social y sin exclusión de los sectores más necesitados, fortaleciendo el sistema judicial y administrativo de la Procuraduría General de la República, para así mantener un equilibrio justo en la sociedad. El derecho de acceso a la justicia no se debe ver como una mercancía a la que solo acceden los que tienen posibilidades económicas, sino como un derecho fundamental que las autoridades deben salvaguardar.
*Elías Abel Ramírez es abogado salvadoreño.
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