El informe de Transparencia Internacional pone como ejemplo a El Salvador y a Colombia en el polo de corrupción y mala gestión de fondos públicos que ocurrió en Latinoamérica durante el pandémico 2020. La falta de fiscalización ciudadana, una de las razones.
La opacidad fue protagonista en 2020. El gobierno puso bajo llave sus gastos hechos bajo la pandemia del Covid-19, además de bloquear los intentos de control institucional y legal. Por si fuera poco el IAIP, el garante de la información pública, ahora juega para la administración Bukele.
El Ministerio de Turismo compró mascarillas con sobreprecios durante la emergencia por la Covid-19 en El Salvador. Esta y otras compras y contratos irregulares llamaron la atención de la Corte de Cuentas, que ya abrió un juicio.
Roxana Soriano fue precandidata a diputada del partido Nuevas Ideas. Preside una ONG con posturas favorables al Gobierno y la postuló como candidata a comisionada una asociación de abogados dirigida por un empleado de Casa Presidencial.
Los datos de los sistemas que registran enfermedades comunes y crónicas, el flujo de pacientes atendidos por Covid-19, el abastecimiento de insumos en los hospitales fueron declarados como información reservada por el Minsal por siete años.
El Tribunal de Ética Gubernamental mantuvo en el olvido durante 15 meses un aviso por una supuesta falta ética del abogado Luis Javier Suárez Magaña, ahora comisionado del IAIP. El TEG archivó la denuncia cuando el abogado fue elegido como comisionado.
El nuevo periódico del Gobierno fue registrado bajo la sombrilla de la CEL. Una filial de La Geo y una compañía eléctrica constituyeron la nueva sociedad anónima, lo que permite que Diario El Salvador funcione como una empresa satélite sin control.
El Ministerio de Salud clasificó como reservados los documentos generados por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus. Ningún ciudadano podrá tener acceso a ellos hasta junio de 2022.
La mayoría de comisionados del IAIP se pronunció contra estas reformas. Para el instituto, los cambios al Relaip que decidió Bukele alteran el orden de gestión interna del instituto y pone nuevas trabas al proceso de acceso a la información pública.
Casa Presidencial hizo, en privado, una asamblea con dos asociaciones de periodistas para votar por un nuevo comisionado del IAIP, un día antes de la fecha que la misma presidencia anunció.
La directora de la UTE usó el dinero de la CESC que le correspondía al Programa de Protección de Víctimas y Testigos para otras compras, según una auditoría del Ministerio de Justicia y Seguridad.
B-Eminent fue declarada empresa fantasma en México. En El Salvador, el MAG incluyó sus atunes como parte de los paquetes alimentarios entregados durante la pandemia. En Venezuela fue acusada de estafar por su mala calidad.
Resoluciones alojadas en el portal de Transparencia de la Presidencia evidencian retrocesos en cuanto a entregas de información pública durante el primer año del presidente Nayib Bukele. El gobierno ha denegado información sobre compras, viajes del presidente, gastos publicitarios o los contratos de sus asesores.
En una conferencia en septiembre, Bukele dijo que sus gastos secretos habían disminuido tres veces en comparación al gobierno anterior. Un mes y medio después, sus gastos mensuales se triplicaron, igualando al gobierno de Sánchez Cerén.
La UTE de Kenia Elizabeth Melgar está bajo una auditoría financiera por avalar gastos discrecionales con dinero de la contribución a la seguridad, cuando el programa de protección de víctimas y testigos no puede recibir más solicitantes por falta de recursos.
