El Ejecutivo decidió hacer de lado los controles de recursos públicos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para $607.1 millones asignados por la Asamblea Legislativa para combatir la pandemia, según el informe del Comité de Veeduría Ciudadana. El gobierno, además, usó parte de esos fondos para gastos diferentes a la lucha contra la Covid-19.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El gobierno de El Salvador cambió el mecanismo establecido para manejar $607.1 millones aprobados por la Asamblea Legislativa, mediante el decreto 608 de marzo de 2020, para la atención de la emergencia sanitaria por la Covid-19. Con esa decisión, el Ejecutivo se saltó rigurosos mecanismos de control de fondos públicos.
Ese fue uno de los principales hallazgos plasmados en el tercer informe del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del FERRE, presentado este 2 de febrero de 2021. El Comité, creado también por el decreto legislativo 608, es un esfuerzo ciudadano y académico para vigilar -o ejercer de veedor- el correcto uso de los recursos públicos durante la pandemia.
El informe detalla que más de $600 millones no fueron movilizados por medio del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), que se constituyó en el decreto 608 para ser el principal canal para la asignación de esos recursos. En su lugar, esa cantidad millonaria fue desembolsada a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que permite obviar los procedimientos de control de recursos públicos, como las licitaciones y la adquisición de bienes, servicio y obras, establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Los recursos fueron aprobados a través del FERRE bajo la perspectiva de tener mejores resultados en el uso de los recursos públicos y crear los canales que garantizaran la transparencia y la rendición de cuentas. Movilizar los fondos del FERRE por medio del FOPROMID, a los ojos del Comité de Veeduría Ciudadana, abrió la puerta para que el control y transparencia del manejo de los fondos públicos fuera poco riguroso.
Al cambiar de canal de desembolso, el gobierno también dio luz verde a transferencias entre instituciones sin el aval de los diputados de la Asamblea Legislativa.
Los movimientos entre ministerios, como los que hizo el gobierno durante la emergencia, deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, según el artículo 228 de la Constitución salvadoreña. Sin embargo, ese procedimiento no fue efectuado tras la interpretación que hizo el Ejecutivo por medio de la ley FOPROMID.
El FERRE, según la aprobación legislativa, fue constituido por $2,000 millones, financiados con deuda externa.
Otro hallazgo revelado en el informe es que de los recursos obtenidos para atender la pandemia el gobierno utilizó $107 millones para pagar compromisos no relacionados a la emergencia por la Covid19. El desglose de la auditoría revela que de esos recursos fueron pagados $55 millones solicitados como contrapartida por Fomilenio, para finalizar los proyectos pendientes, y otros $52 millones para pagos a veteranos de guerra y excombatientes.
El FERRE fue aprobado el 26 de marzo de 2020 tras un consenso entre funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y los diputados para atender la pandemia. El Comité ciudadano creado por decreto legislativo para dar seguimiento a la administración y recursos de ese fondo ha documentado la ejecución de los recursos aprobados para financiarlo.
Según la información que el Comité ha registrado hasta el momento, el Ejecutivo ha tenido a su disposición $999.3 millones para amortiguar los efectos de la pandemia. De ese monto, el 70.5% proviene de un nuevo endeudamiento financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta este momento, según el comité integrado por profesionales del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Universidad Francisco Gavidia, asociaciones gremiales representativas de la contaduría y auditoría y de la Universidad de El Salvador (UES), no existe evidencia de que la Junta Directiva del FERRE haya trabajado. Esa situación queda en evidencia ante la falta de actas sobre decisiones tomadas o formuladas con ese fondo de emergencia y con el hecho de que no existe un presupuesto extraordinario que desglose el uso de los recursos.
Esa Junta Directiva, también creada en el decreto 608, está integrada por el secretario privado de la Presidencia y los ministros de Salud, Hacienda, Economía y Turismo, de quienes no hay evidencia que hayan ejercido las funciones establecidas por el decreto legislativo.
“(Con FOPROMID) tienen menos controles que tiene el FERRE, porque el FERRE por un lado tiene una junta directiva, segundo, tenía que haberse aprobado un presupuesto extraordinario aprobado por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Es decir, estaba todo diseñado para que hubieran pesos y contrapesos y esto en la práctica no se llevó a cabo”, dijo Ricardo Castaneda, economista sénior de ICEFI, quien coordina el Comité de Veeduría Ciudadana.
La ley de FOPROMID, según explicó Wilson Sandoval, representante de Funde en el Comité, no ofrece las garantías de transparencia que poseía el decreto legislativo que permitió la creación del Fondo de Emergencia. “El decreto 608 le daba la oportunidad a la ciudadanía para conocer cómo se estaban administrando los fondos, con información pública sobre este tema, y al final a través de esto ejercer la rendición de cuentas. Las bondades que ofrece son transparencia. El FOPROMID al final quita la oportunidad a un ciudadano de solicitar información pública”, dijo a Revista Factum.
Transparencia Internacional, una organización no gubernamental referente en medición de los niveles de corrupción en todo el mundo, puso como ejemplo a El Salvador en el polo de corrupción y mala gestión de fondos en Latinoamérica en 2020.
La falta de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) durante la Emergencia por la pandemia, según esa organización, dio paso a procesos de contratación poco transparentes y a “una explosión de irregularidades y casos de corrupción”.
Desde noviembre de 2020, la Fiscalía tiene en curso una investigación por irregularidades en compras efectuadas por el gobierno durante la cuarentena domiciliaria obligatoria, que duró 89 días, y que ascienden a más de $155 millones. Existen indicios de delitos como negociaciones ilícitas y actos arbitrarios en 17 casos revelados por diferentes investigaciones periodísticas de medios de comunicación salvadoreños.
Compras a sobreprecios de insumos médicos en los ministerios de Turismo y Hacienda, entidades que no brindan atención a pacientes, están siendo investigadas.
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